ALICANTE. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la legalidad del decreto del Consell de agosto de 2022 que autorizó la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA).
Los magistrados han desestimado así el recurso contra esa decisión interpuesto por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en una sentencia notificada este lunes a las partes y que puede ser recurrida en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
“El propio éxito de la convocatoria de plazas para el alumnado que se incorpora al nuevo grado de medicina implantado por la codemandada (…) junto con los informes oficiales valorados por la Sala nos cerciora de la necesidad de esos nuevos estudios”, recoge el fallo del Alto Tribunal valenciano.
En esta línea, el TSJCV recuerda que la elevada demanda de estos estudios de la UA, que la convierten en la segunda titulación más solicitada en la Comunidad Valenciana, “no ha supuesto un descenso en la matriculación de estudiantes de medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el curso 2023-2024”. “Con esta prueba quedan soslayados todos los temores mostrados de que una duplicación de las plazas ofertadas para candidatos a esos estudios en el campus de Alicante vaya a suponer perjuicios o mermas de matriculaciones o de la calidad de la docencia en las enseñanzas que se cursan en la Universidad recurrente”, añade.
El tribunal ha desestimado todos los motivos de impugnación alegados por la UMH en su recurso y ha concluido que el decreto de la Generalitat “se ha elaborado con todas las garantías legales” y está suficientemente motivado.
Así, obran en el expediente administrativo “todos los informes preceptivos, y en sentido favorable, precisos para la aprobación de los estudios de grado del título de Medicina cuestionado”, entre ellos los que aluden a la “suficiencia de recursos y a la ausencia de incremento de gasto” derivado de la autorización de la nueva titulación. “El hecho de que puedan existir recelos al respecto por parte de determinados colectivos profesionales y del estudiantado no implica que tales intereses deban prevalecer sobre el general, que en todo caso es el que debe prevalecer, y es el que avala la nueva docencia autorizada”, puntualizan los magistrados.
Igualmente, señalan que el que pudieran existir “ciertas objeciones” para los centros de prácticas médicas en un informe fechado en 2019 no significa que esos inconvenientes “se vayan a perpetuar para el futuro”.
De hecho, otro informe de 2022, emitido por el órgano competente para analizar ese extremo, la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, ya constató que la oferta y los convenios con hospitales “eran suficientes y adecuados para las necesidades de docencia”.
En definitiva -prosigue la Sala-, ha quedado demostrado que la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante “cumplía con los requisitos de calidad, profesorado, infraestructuras, planes de docencia, recursos económicos, medios y hospitales o centros donde llevar a cabo prácticas, que son imprescindibles para que se pudiese obtener la oportuna licencia para la impartición de tales estudios de medicina”.
El fallo del TSJ se produce después de que la Generalitat decidiera allanarse en el litigio, decisión que trascendió el pasado mes de agosto y que generó un enorme debate después de que la propia administración autonómica propusiera, por medio del presidente Carlos Mazón, un campus interuniversitario entre la UA y la UMH a cambio de ambas universidades compartieran los estudios de Medicina.
