VALÈNCIA. (EFE) La Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Publicas y la Asociación Provincial de Excavaciones y Movimientos de Tierras de Castellón ven peligrar el futuro inmediato de muchas de las empresas que pertenecen a sus organizaciones a causa de los retrasos en los pagos, que ya antes de la crisis del coronavirus eran excesivos pero ahora "resultan insostenibles".
Felipe Ferrer, presidente de la organización valenciana, ha manifestado en un comunicado que la demora que ya sufrían en los pagos, "que estaba fuera de la legalidad, ahora alcanza unos niveles de juzgado de guardia".
"Hemos conocido ejemplos estos días de empresas asociadas que han pasado de recibir pagarés de 120 días a encontrarse con nuevos vencimientos a 180 o incluso 210 días, algo inadmisible e insoportable para las empresas que, como las nuestras, están al final de la cadena de producción en una obra", ha añadido.
Tanto Felipe Ferrer como Emilio Zafón, presidente de la asociación castellonense, quieren trasladar en los próximos días esta queja a organizaciones empresariales superiores, con el fin de promover un frente común que pueda mediar ante las diferentes administraciones y que estas ejerzan un papel "ejemplarizante", al cumplir la ley en el vencimiento de pago de facturas en obras de titularidad pública.
Además, pedirán que las administraciones cumplan su función de control respecto a la demora de pagos de algunas grandes constructoras que pueden llevar a la quiebra a muchas pequeñas empresas del sector de la construcción, que están haciendo un esfuerzo ya de por sí grande por mantenerse en el actual mercado.
Emilio Zafón ha afirmado que necesitan "recuperar una actividad real, adoptando las medidas de seguridad pertinentes y recuperar unos niveles adecuados de productividad, pero para ello se requiere activar muchas licencias que, de momento, la administración tiene paralizadas".
La dos organizaciones señalan que, tras la valoración realizada a sus empresas asociadas, la actividad tras la vuelta a la normalidad no ha rebasado el 50%. El rendimiento ha sido bajo, mayoritariamente por la falta de suministros, incluso en las empresas de recogidas de residuos la actividad no ha alcanzado el 10%, teniendo en cuenta que las obras de reforma o rehabilitación no están aún permitidas.