Giuseppe Grezzi y Joan Ribó. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La EMT dedicará hasta 420.000 euros en contratar más servicios de asesoría jurídica después de un otoño convulso en el que tuvo lugar, por una parte, el fraude de cuatro millones de euros y, más tarde y sin relación con ello, una suplantación de identidad, ambos casos judicializados. Este lunes, el consejo de administración de la firma pública dio luz verde a los pliegos que regirán esta licitación, donde además del apoyo jurídico, entra la elaboración del llamado compliance penal, el progragama de prevención de delitos.
Actualmente, la EMT que preside el edil Giuseppe Grezzi tiene en plantilla a tres abogadas. Una de ellas en el área de contratación, otra en el área de relaciones laborales y otra como responsable jurídica adscrita al gerente del ente, Josep Enric García. No obstante, la empresa justifica esta contratación adicional porque, explica, requiere de un servicio jurídico "multidisciplinar", por lo que necesitará ahora hasta a seis bufetes diferentes para este menester. Además, en el convenio laboral con los empleados la empresa se compromete con ellos a ofrecer asistencia letrada en caso de verse involucrados en demandas de cualquier orden excepto laboral.
La licitación consta de seis lotes diferentes en función de la materia y los aspirantes podrán presentarse a los lotes que deseen, de manera que también podría darse el caso de que varios de los servicios quedaran en manos de un solo bufete. Uno de los servicios requeridos es de asesoría en materia de derecho laboral y de seguridad social, pese a contar la EMT con una letrada dedicada a este ámbito, y asciende a 90.750 euros. Los otros son de derecho administrativo, mercantil y civil (60.500 euros), derecho fiscal y tributario (121.000 euros), derecho penal (60.500) y derecho de protección de datos (18.150). Todo ello, son precios base de licitación, que previsiblemente serán menores al adjudicarse tras pasar por concurso público.
El último punto, por otra parte, es la elaboración del programa de prevención de delitos, llamado compliance penal, al que se dedicarán unos 72.600 euros. El fraude perpetrado en septiembre por parte de estafadores anónimos puso el foco en la necesidad de mejorar los protocolos internos, y el Ayuntamiento aprobó la obligatoriedad de todos los entes municipales de implantar esta herramienta legal, que consistirá en detectar las actividades que puedan ser objeto de delito, asesorar sobre protocolos internos, revisar la forma de gestionar el dinero, diseñar auditorías adecuadas y proporcionar formación en este ámbito.
Todo ello se une a los gastos extraordinarios que la EMT ha sumado a la factura de la estafa de cuatro millones en materia jurídica. Por un lado, contrató a un bufete de abogados de Barcelona con vínculos en Hong Kong -donde fue a parar el dinero del fraude- por 28.000 euros más el 4,5% del dinero que se pueda recuperar. Más tarde, se hizo con los servicios de otro despacho, también de Barcelona, perteneciente al letrado Xavier Melero, afamado por su participación en el 'procés', y que está llevando la fase de instrucción de la causa abierta en València por la estafa millonaria. En este caso, el contrato asciende a 22.000 euros.
La licitación tanto del presidente de la EMT, Grezzi, como los representantes de los grupos del Gobierno, Compromís y PSPV. Por su parte, el PP se abstuvo y Cs votó en contra. El representante de Vox abandonó el consejo al alegar que no tenía toda la información suficiente sobre lo que se trataba en la reunión.
La edil del PP, Marta Torrado, criticó que la EMT de València haya licitado un nuevo servicio jurídico tras haber contratado a dos por el fraude: "En total, se gastará en abogados más de medio millón de euros, y todo ello sumado también al sueldo de las abogadas de la compañía".
Para los populares, es un "despropósito" que el equipo de gobierno permita "que Grezzi siga haciendo a su antojo en la EMT", como incurrir ahora en "más gastos después del robo de cuatro millones de euros en las cuentas de la empresa que casi un año después siguen sin aparecer y no hay noticias de que puedan recuperarse". Aprovechó, en este sentido, para recordar que el despacho de abogados del 'procés' fue contratado "a dedo y sin respetar las instrucciones internas de contratación" al no haber realizado un concurso público como fija la Ley de Contratos Públicos.
Por su parte, el edil de Ciudadanos, Narciso Estellés, defendió su voto en contra al hacerse la contratación mientras está "pendiente aún el cierre de la comisión de investigación sobre el fraude", donde, recuerda, también se ha tratado "la trama jurídica" de la empresa. Se refiere el concejal a la controvertida contratación por parte de la EMT de su secretario, Salvador Martínez Tarín, que acabó dimitiendo tras conocerse que era socio del cuñado del alcalde de la ciudad, Joan Ribó.
Por otro lado, dijo entender que, "con tres abogados en la plantilla, ciertos lotes de contratación, en materia de derecho laboral y seguridad social están sobredimensionados, habiendo ya una abogada en la empresa que se encargaría de la negociación colectiva y de los expedientes disciplinarios, entre otros trabajos". Sobre el compliance, manifestó estar de acuerdo con su necesidad, pero votó en contra del punto al unirse a la licitación de la asesoría jurídica.
Como se ha dicho, el edil de Vox, Vicente Montañez, abandonó el encuentro al no contar con los contratos, certificaciones y documentos del proceso de peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento como había solicitado la pasada semana. "El concejal de Cs tuvo acceso a la información la semana pasada, cosa que no ha ocurrido en mi caso, lo que supone un agravio comparativo y un menoscabo de mis derechos como consejero”, dijo Montáñez, para criticar más tarde que el presidente "obstaculiza la tarea de los consejeros”, por lo que el consejo de administración "ha perdido toda su razón de ser". Rechazó asistir hasta que "no se cumplan los compromisos adquiridos".
