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La estafa de cuatro millones de euros a la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de València ha sacado a la luz indicios de desgobierno en esta gran empresa y, de rebote, ha puesto en un brete al alcalde por los contratos vinculados a su cuñado
VALÈNCIA.- Si la noche electoral del pasado 26 de mayo alguien hubiera advertido de la que se venía encima pasado el verano al gobierno municipal de València, más de uno le habría reído la gracia. Una trama de estafadores se cebó este mes de septiembre con la EMT (Empresa Municipal de Transporte) de València, que preside el controvertido concejal de Compromís Giuseppe Grezzi, al perpetrar un fraude rocambolesco por inusitado en una firma pública. La acción no solo ha esquilmado los fondos en cuatro millones de euros sino que ha desencadenado un terremoto de proporciones aún por esclarecer tanto en la propia empresa como en el seno del equipo de gobierno que conforma Compromís junto al PSPV-PSOE y que lidera Joan Ribó.
En apenas tres meses, la precipitada secuencia de acontecimientos y la cadencia con la que se han ido conociendo los detalles tanto de la estafa como del funcionamiento interno de la EMT han acabado por desdibujar lo sucedido. Incluso han desplegado algunas sombras en la gestión de la compañía llevada a cabo tanto por el mencionado edil como por el gerente de la compañía, Josep Enric García. Las indagaciones realizadas a raíz de la estafa han hecho aflorar prácticas más que cuestionables en una gran empresa que además es pública y alguna que otra irregularidad.
Todo comienza con la vuelta al cole, un apacible 3 de septiembre en la céntrica, pero recogida, plaza de Correo Viejo, sede de la compañía municipal. La jefa de Administración, Celia Zafra, recibe una llamada telefónica. El interlocutor se presenta como J. P., abogado fiscalista de la firma Deloitte. En perfecto castellano, el supuesto letrado le explica que la EMT va a adquirir una empresa en China, operación que, insiste, pilota el presidente de la compañía, Giuseppe Grezzi. De esta manera, convence a la empleada para que firme una —falsa— cláusula de confidencialidad, y consigue así su silencio.
Los estafadores logran que, entre el 3 y el 23 de septiembre, Zafra dé curso a ocho transferencias de varios centenares de miles de euros desde una de las cuentas corporativas emplazada en CaixaBank sin comentarlo con sus superiores. El día 23, el banco advierte al gerente de la EMT de los pagos irregulares y se corta la sangría. Acto seguido, la empresa despide fulminantemente a Zafra por saltarse los protocolos internos y no salvaguardar información interna y sensible. El juzgado de Instrucción número 18 ya investiga lo sucedido: Zafra es la única investigada, la entidad bancaria está presente como posible responsable civil y la recuperación del dinero es improbable.
* Lea el artículo completo en el número de 62 de la revista Plaza