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Reunión del sector con el conseller rafa climent

Avaesen pide eliminar trámites urbanísticos para agilizar los proyectos de renovables en la Comunitat

19/05/2020 - 

VALÈNCIA. La farragosa burocracia pone en jaque en muchas ocasiones la tramitación de las iniciativas empresariales. Este es el caso de los proyectos de energía renovables que desde hace unos años se encuentran 'atascados' y sometidos a dilatados tiempos de espera. Un problema que ha llevado al sector a pedir agilidad en varias ocasiones. Una solución que está en vías de resolverse pero que se antoja todavía lejana dado que implica a tres Consellerías diferentes en la administración valenciana: Medio Ambiente, Territorio y Economía. 

Desde Avaesen destacan la necesidad de aprovechar la fortaleza y tirón de un sector como palanca para la recuperación económica post-covid. Y es que estiman en unos 5.000 millones de euros las inversiones retenidas en la Comunitat Valenciana, una cifra que podría generar más de 3.500 puestos de trabajo nuevo. "Tenemos que conseguir agilizar la tramitación porque, en caso contrario, muchos proyectos no prosperarán y se irán a otras comunidades autónomas. No podemos desaprovechar las oportunidades que ofrece un sector que por sí mismo es sostenible", recalca Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen.

Con el fin de estudiar propuestas que pongan fin al colapso administrativo, el conseller de Economía, Rafa Climent, y representantes de Avaesen mantenían este lunes una reunión de trabajo para buscar fórmulas de colaboración con una petición clara por parte del sector: simplificar trámites y eliminar la burocracia innecesaria, especialmente en materia urbanística. En este sentido, pidieron simplificar el proceso regulado en la Ley de Ordenación del Territorio (LOTUP) que obliga a los inversores a "aportar varios informes y documentos" para ser eximidos de la declaración de interés comunitario (DIC), un trámite urbanístico que los promotores deben obtener en la Comunitat para desarrollar sus proyectos.

"Ahora mismo es necesario simplificar tramitaciones. Hay una normativa que actualizar porque la excesiva burocracia produce el atasco en los proyectos. También es necesario reforzar el personal", señala Lacruz, que valora la voluntad de la administración por resolver el problema, pero incide en atajar cuanto antes esta situación que puede contribuir levantar economía Comunitat Valenciana.

A la espera de la vía público-privada

Asimismo, en el encuentro se volvió a poner de manifiesto la conveniencia de la vía público-privada para resolver un problema enquistado desde hace años. Hace ya unos meses que desde Economía estudian un modelo para agilizar la tramitación de estos proyectos, donde el apoyo en agentes privados será la clave.

Como publicaba Valencia Plaza, el procedimiento pensado para los proyectos de renovables, la mayoría plantas fotovoltaicas, sería similar al que ha aprobado la Conselleria de Obras Públicas con las licencias de obra. En este caso, se ha optado por la colaboración con entidades externas en la verificación de las actuaciones urbanísticas (ECUV) para lo que se ha creado un Registro de Entidades Colaboradoras Acreditadas que podrán emitir un certificado de conformidad, un documento equiparable al generado por los técnicos municipales para obtener la licencia urbanistica.

Por tanto, la vía que baraja el Consell para los proyectos de energía renovable pasaría por simplificar los trámites y apoyarse en asociaciones y colegios de ingenieros -siempre de forma autorizada- que realizarán los estudios previos, desbloqueando todo aquello que no pueda asumir el escaso personal dedicado a este área. El coste inmediato, como en el caso de las licencias de obra, sería asumido por el promotor. 

"Necesitamos que den carácter prioritario a este tipo inversiones para que tengan plazos acotado y eliminar algún tramite urbanístico que no aporta ningún valor", recalcan desde Avaesen. Fuentes del departamento que dirige Rafa Climent señalan a este diario que el conseller se ha comprometido a abordar este tema con los otros dos responsables implicados, Mireia Mollà y Arcadi Aspaña, para "buscar una fórmula que aligeren la burocracia".

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