VALÈNCIA. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (Neuss, Alemania, 1969) sigue siendo la política valenciana con más tirón en el ámbito autonómico. Pese a que la dirigente de Compromís no logró en abril su objetivo de superar en las urnas al socialista Ximo Puig y relevarle al frente del Palau de la Generalitat, ha comenzado el nuevo curso político con un brío e intensidad que recuerdan a la explosiva parlamentaria de la oposición que puso en jaque al PP años atrás.
Prueba de ello ha sido su posición respecto a la necesidad de reivindicar los ingresos pendientes del Estado, que terminó con la reacción de Puig para conseguir fijar una reunión con la ministra de Hacienda y buscar una solución para la llegada de los 730 millones de euros reclamados. De este asunto, así como de las cuestiones relacionadas con la cartera de Igualdad y Políticas Inclusivas que lidera Oltra, habla la política valenciana en su encuentro con Valencia Plaza.
-La última semana ha sido intensa con el problema de las entregas a cuenta y los recortes que parece que hay que aplicar a los presupuestos del Gobierno valenciano. ¿Cree que el presidente va a encontrar una solución en su reunión de este martes con la ministra Montero?
-Espero que sí. Se trata de que haya una solución singular a un problema singular. La Comunidad Valenciana está maltratada y eso ha sido reconocido tanto por ministros del PP como del PSOE. Entre una persona que vive en Cantabria y otra que vive aquí hay una diferencia de unos 800 euros anuales. Si lo multiplicas por los cinco millones de habitantes serían 4.000 millones de euros que nosotros ingresaríamos si tuviéramos su financiación. Estos desfases no son comprensibles.
-Pero Puig va este martes a arreglar las entregas a cuenta no el problema de la financiación...
-Sí. Ahí vamos a lo perentorio. A todas las CCAA nos impacta la inactividad del Gobierno de España y la falta de transferencias que se están produciendo. Pero además, para una comunidad como la nuestra, en la que las transferencias están por debajo de lo que deberían ser, nos impacta aún más. Nosotros propusimos una reivindicación formal, contundente y pública hacia el Gobierno de España para los 450 millones de las entregas al cuenta y los 280 millones del IVA que se nos adeuda. Un total de 730 millones de euros que por lo menos nos aflojaría un poco la asfixia en la que estamos aunque no solucione el problema de fondo que es el de la financiación. Además, hemos solicitado también que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para hablar todas estas cuestiones: las entregas a cuenta y también las bases del nuevo sistema de financiación. Un órgano que lleva sin reunirse del 22 de agosto de 2018 cuando debe encontrarse dos veces al año.
-El conseller de Hacienda, Vicent Soler, se ha alineado con la ministra y no cree que sea necesario convocar el CPFF y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tampoco es que lo haya pedido...
-El presidente ha dicho que quizá no es demasiado útil, aunque yo creo que hablar no está de más, pero tampoco se ha cerrado a la posibilidad de que se pida. Hay otras autonomías que lo están pidiendo de hecho. Lo que no puede ser es que un foro tan importante como el CPFF no se reúna desde hace más de un año.
-Ustedes han exigido que no se recorte en personal. Parece que siempre hay cierta tensión entre Hacienda y su conselleria por esto. ¿Hacienda no es sensible a las necesidades de Igualdad y Políticas Inclusivas en materia de personal?
-A mí no me cabe ninguna duda de que el conseller Soler empatiza y tiene sensibilidad respecto a las necesidades de personal de nuestra conselleria. Ahora bien, otra de las condiciones que hemos puesto es que se gestione de forma diferente el Capítulo I, el de personal. Tenemos áreas asfixiadas por la falta de personal y así no se pueden gestionar determinados expedientes y también ayudas. Agricultura es un ejemplo claro: se pierden millones de euros de fondos europeos por no invertir en personal que gestione los trámites. En ese departamento, por cada euro que no invertimos perdemos tres. No tiene sentido. Con esas condiciones sí nos sentaríamos a hablar con el conseller Soler de su propuesta para hacer alguna retención de crédito sobre partidas de difícil ejecución.
-Fuentes de Hacienda aseguran que no son recortes sino simplemente descontar partidas que ya no va a dar tiempo a ejecutar. ¿Usted opina que son recortes?
-No voy a entrar en la guerra de terminología. Obviamente se mete la tijera, aunque sea sobre partidas que previsiblemente no vayas a ejecutar por la circunstancia que sea. No tengo inconveniente en llamarlo de una u otra manera. El término técnico es 'retenciones de crédito' pero en un sentido más narrativo entiendo que el que lo llame recortes también tiene parte de razón.
-¿Fueron demasiado ‘reivindicativos’ los presupuestos de la GVA de 2019, con un aumento del gasto 9,9%?
-No, eran unos presupuestos que intentaban acercarse a las necesidades de las personas, que es nuestra obligación. Yo nunca he entendido por qué es más importante cumplir la ley de Estabilidad que la ley de Dependencia, son dos leyes vigentes. Si tengo que elegir entre cumplir una o la otra, yo elijo cumplir con la segunda porque son los derechos de las personas y la vida de las personas.
-Pero el problema es que luego llega julio y el Ministerio de Hacienda obliga a recortar un presupuesto que obviamente no se puede cumplir sin incurrir en un déficit que es el que vigila el Gobierno de España.
-Y ni siquiera es suficiente. En políticas sociales estamos al 67% respecto al resto de España. La cuestión es seguir avanzando en unas cuentas que sean las que garantizarían los derechos de las personas. Pero ahí está la felonía: ¿Cómo se nos puede exigir a nosotros lo mismo que a CCAA que tienen muchos más ingresos que nosotros?. Nosotros no tenemos un problema de gasto: de hecho, gastamos por debajo de la media pero nuestros niños tienen que escolarizarse igual, las personas que vienen aquí necesitan atención sanitaria, nuestros dependientes también nos necesitan... ¿o por qué vas a tener menos oportunidades si vives en la Comunitat que si vives en otro territorio? Eso es lo que rompe la equidad y es lo que hay que solucionar. Nos aplican el mismo rasero a todos sin tener en cuenta el punto de partida.
-¿Y aprecia más sensibilidad con el gobierno del PSOE respecto a lo que pasaba con el PP? ¿O ha cambiado?
-No, en absoluto. No ha cambiado.
-El sistema de dependencia está en torno a las 84.000 personas reconocidas, pero algo más de 26.000 están a la espera. Ahora que llevan cuatro años y tienen experiencia y datos más próximos a la realidad. ¿Cuáles son sus objetivos para esta legislatura?
-En 2015 nos planteábamos como objetivo lograr 1.250 resoluciones mensuales y de esa manera en 2018 habríamos acabado con la lista de espera según las cifras que teníamos. Ahora, estamos resolviendo el doble al mes, alrededor de 2.500, pero también es cierto que las solicitudes se han cuadruplicado.
-¿A qué atribuye ese ascenso? ¿Al envejecimiento de la población?
-Ese factor no es suficiente para un aumento así. Lo que ocurre a mi juicio es que también cuenta el hecho de que los servicios sociales son más potentes; hemos multiplicado por cinco el personal y ha corrido la voz de que ahora el sistema funciona y responde. Antes la gente no lo solicitaba porque no tenía ninguna confianza en que se le ayudara y ahora eso ha mejorado mucho. Hay que tener en cuenta que cuando llegamos había solo 17 personas valorando para toda la Comunitat Valenciana y ahora hay más de 500, porque es un servicio que se ha municipalizado, aunque también es cierto que realizan otras tareas. En definitiva, y respondiendo a la pregunta de antes, para esta legislatura el objetivo es el cumplimiento de la ley y que los solicitantes reciban una respuesta en seis meses en el sentido que sea.
-¿Y ahora en cuántos meses de media se responde ahora?
-En 13. Algunos sí que lo reciben en los seis meses pero otros no. Hay más atasco en las grandes ciudades mientras que en los municipios pequeños se suelen resolver más rápido.
-Luego está la cuestión de la financiación de estos servicios. El Gobierno central solo ha venido pagando en torno al 12%. ¿Se fía de que Sánchez pueda alcanzar la aportación prevista del 50%?
-Compromís en la última negociación planteó que en el segundo año se llegara al 25% y a final de legislatura al 50%. Confianza la tenemos toda porque esta es una de las patas fundamentales del Estado del Bienestar y esto cualquier país avanzado lo tiene claro. Además, por otro lado, es una inversión porque la atención a la dependencia genera puestos de trabajo estables, bien remunerados y no deslocalizables porque si estás cuidando a una persona no te la vas a llevar a Asia.
-Las empresas que gestionan centros de mujeres y centros de mayores se quejan de que llevan meses sin cobrar. Ahora deben de estar temblando con el anuncio de recortes. ¿Qué puede decirles?
-Para las empresas tenemos el mecanismo del FLA por el que se puede atender, si bien el FLA es otra felonía por la que nos cambian derechos por préstamos. Es como si te pagan la nómina a final de mes pero te dicen: 'Luego me la tienes que devolver'. Nosotros hemos puesto orden en nuestra área social y en las entidades sin ánimo de lucro hemos puesto en marcha el concierto tanto en área de diversidad funcional como en mayores, mujeres e infancia. Nos queda inclusión pero eso irá el año que viene. Quedan algunos flecos por resolver, algunos enriquecimientos injustos por pagar de cosas que antes iban por subvención y ahora se debe pasar al concierto... pero es cierto que tenemos un problema de tesorería ahora y volvemos al principio: por eso es tan importante que recibamos esos 730 millones de euros y hacer frente a esos pagos. De la misma manera, también pienso que no es lo mismo que te sostenga la deuda una multinacional que el ferretero de la esquina. Habría que hablar sobre priorizar a los que el retraso del pago les supone un impacto insostenible.
-Ya, pero estamos hablando de a quién le aplicamos el retraso. ¿No es un poco triste?
-Absolutamente. Pero insisto: debemos arreglar el problema de fondo que es la financiación y tener una financiación constitucional y justa.
-El Tribunal de Recursos Contractuales anuló recientemente el concurso de gestión de puntos de encuentro familiar porque excluía a las empresas por tener ánimo de lucro. ¿Van a volver a licitarlo incluyendo a las empresas?
-Sí, es lo que se hará y ya se está trabajando ya en ello.
-Hablando de concursos, el PP le denunció por pagar a empresas fuera de contrato, mediante expedientes de enriquecimiento injusto. Aunque aquello se archivó, muchos concursos siguen sin convocarse...
-La denuncia del PP tenía su guasa porque gran parte de los expedientes de enriquecimiento injusto se produjeron en el área de mayores precisamente por la sentencia del TJSCV que anuló el sistema de accesibilidad de Blasco y Cotino. Entonces nosotros nos encontramos con 2.148 personas mayores que estaban en plazas de residencia que se quedaron sin cobertura contractual. Tenía dos opciones: seguir pagando por enriquecimiento injusto hasta sacar el concurso de las 3.300 plazas o sacar a las personas mayores de sus residencias, cosa que no iba a hacer. Luego ha habido otras situaciones de enriquecimiento injusto, como he dicho antes, porque al pasar a concierto existe un desfase de cuatro o cinco meses pero son cuestiones temporales. Luego tenemos otro problema: somos la segunda comunidad autónoma con menos empleados públicos de España. Extremadura tiene el doble que nosotros. Eso te lastra porque para sacar un contrato los 18 meses no te los quita nadie. Es una locura, es todo lentísimo. Además, cuando llegamos casi todos los contratos estaban caducados o a punto de caducar y se hizo un cuello de botella.