Ramiro Blasco posa durante la entrevista con Valencia Plaza. Fotos: MARGA FERRERVALÈNCIA. Las mediáticas apariciones del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', convirtieron en un espectáculo el caso Taula desde el inicio pese a la gravedad de los hechos que se investigaban (y en los que él mismo reconocía que estaba implicado). A su lado siempre ha estado el abogado Ramiro Blasco, quien, admite, alguna vez le ha reprendido públicamente pero, defiende, "todo lo que ha contado ha resultado ser verdad". El letrado reflexiona sobre el atraso en España de la protección de las personas denunciantes de corrupción, sobre la falta de medios de la Justicia y sobre la macrocausa, que ya ha cumplido un lustro.
– ¿Cómo valora la actual protección de las personas denunciantes de corrupción?
– La verdad es que en España es absolutamente nula. Si se fija en el en el informe de la ONG Blueprint for Free Speech, de 27 posibles puntos, España se quedó en cero. No existen realmente normas, y todas las que existen son regulaciones que acaban siendo disuasorias. Hay dos fundamentales que podemos mencionar. Una, la ley de la Agencia Valenciana Antifraude, que en el artículo 14.1.b disuade totalmente de denunciar porque viene a decir que como no se pruebe que es verdad lo que el denunciante dice puede haber consecuencias. Y luego, la Ley de Protección de Testigos y Peritos, que realmente no protege al denunciante, sino que protege ya cuando hay un procedimiento a quien es testigo o a quien es perito. Esta norma establece el artículo 4.3 que cualquiera de las partes, si pide motivadamente que se que se informe de la identidad del perito o testigo en cuestión, se le tiene que dar.
Actualmente, el que denuncia corrupción tiene el problema de que sigue recayendo sobre él la carga de la prueba. Eso significa que tiene que probar que lo que dice es cierto, lo cual es muy difícil porque además no forma parte del procedimiento, y suele provocar que lleguemos a un punto en el que al final se archive todo porque tampoco puede ir a más. Además, suele ser complicado encontrar la documentación. Esto acaba con denuncias de injurias, calumnias, denuncias falsas y hasta defraudación de fluido eléctrico y marisqueo furtivo. Esa persona queda totalmente disuadida, despedida y con su familia amenazada. Entre eso y que no existe un sistema de denuncias anónimas, ¿quién va a denunciar en este país? Absolutamente nadie.
Encima en un contexto en el que la corrupción es completamente estructural porque forma parte desde ya hace siglos de los de los propios poderes del Estado, de todas las administraciones, e incluso en muchas ocasiones más en el ámbito local. La política local en España sigue teniendo en muchos casos ese punto caciquil.
"España nunca va a buscar un sistema de protección al denunciante real"
– ¿De qué forma piensa que puede mejorar la transposición de la directiva europea?
– Lo cierto es que ocurre como con muchas directivas. Tiene multitud de posibilidades, pero pocas obligaciones. Su transposición puede permitir determinar su encaje de muchos modos, pero entiendo que España nunca va a buscar un sistema de protección al denunciante real. De hecho, tiene uno, que es el que se utiliza para las denuncias en la Agencia Tributaria, que sería facilísimo de aplicar con una transposición al ámbito de la corrupción. Es un sistema en el que la denuncia es anónima a través de la web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y no se incorpora al expediente. Las ganancias que se obtienen con ello son enormes. Luego están los recursos con los que dotas a estos organismos. Evidentemente, los que tiene la Agencia Tributaria son mucho mayores que los de los juzgados y los cuerpos policiales. Y eso es por algo. Cuando, realmente, el dinero que se recaude ante un sistema real de denuncias de corrupción sería mayor que el que el que deriva de las denuncias anónimas a Hacienda.
¿Adónde deberíamos llegar? Los países que tomamos como modelos de la lucha contra la corrupción son Islandia o Japón. Sus sistemas se basan en la protección real del denunciante y su anonimato, en la existencia de organismos que encauzan esas denuncias y dotados de suficientes recursos para llevar a cabo su función. También una prensa libre, para que alguien pueda acudir a ella a contar lo que sea y que ésta proteja el secreto de sus fuentes hasta hasta el límite. Incluso que alguien tenga la posibilidad de acudir a un abogado y que él lleve esa denuncia de forma anónima a cualquier organismo.
El derecho de defensa es es importante, pero el derecho de acusación es un derecho también al mismo rango. Es fundamental eliminar todo tipo de represalias que pueda sufrir ese denunciante, sus familiares o cualquier persona de su entorno. Es algo que tampoco existe y que difícilmente va a existir. En definitiva, no sabemos cómo se va a encajar esa directiva, pero la verdad es que veo que las posibilidades son bastante exiguas al respecto.
España tiene la posibilidad de no incorporar la las denuncias anónimas. Y mientras no haya unas denuncias anónimas, no va a existir jamás una posibilidad de denunciar la corrupción, son los efectos que hemos estado hablando con con anterioridad.
– ¿Qué controles cree que habrían de adoptarse en las administraciones para evitar corruptelas? ¿Es más partidario de que se implanten herramientas en ellas como los buzones de denuncia o de que únicamente se creen organismos independientes que lo canalicen todo?
– Que existan organismos independientes con funcionarios especializados, formados precisamente para para ello y que su objeto sea la tramitación e investigación de estas denuncias. Apoyándose evidentemente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los tribunales o en otros medios que necesiten. Pero sólo a través de esos organismos. Y, además, que el denunciante no sólo actúe anónimamente y no aparezca en el expediente, sino que pueda alegar y realizar manifestaciones durante el curso de la investigación. Entiendo que a través de las propias administraciones va a ser complicado porque es en ellas donde ocurren este tipo de cosas y donde existen los males endémicos, la corrupción estructural.
– La Agencia Valenciana Antifraude nació con ese espíritu. Por lo que ha comentado antes, su ley le parece disuasoria a la hora de denunciar. ¿Pero cómo la valora en general? ¿Qué mejoras cree que le harían falta?
– Su normativa es un tanto programática y todos estos principios de los que estamos hablando, absolutamente necesarios, no concurren en la regulación de la Agencia. Los elementos que le he comentado de los países líderes en la lucha contra la corrupción son muy difíciles de aplicar. El ordenamiento jurídico español va dirigido a la protección de los político-funcionarios, de ahí que por ejemplo haya tantos aforados. El hecho de que sólo determinados tribunales y las más altas instancias sean las que puedan resolver sobre determinados funcionarios-políticos es especialmente grave.
– Aunque ha dejado claro que no confía en la aplicación en España de la directiva europea y que para mejorar se tendrían que crear organismos independientes, ¿qué mecanismos cree que debería implantar la Administración para, al menos, dar algún paso en ese sentido?
– Realmente existen mecanismos, por ejemplo de fiscalización, la Intervención... pero se está demostrando que no son eficaces. Y lo cierto es que los controles internos se suelen quedar ahí. Por eso es tan importante la creación de un organismo especializado.
"Es muy difícil, para muchas personas que están integradas en la administración pública, escapar de la estructura corrupta. me he encontrado con gente que, ciertamente, no podía hacer otra cosa que callar"
– Habla mucho de la corrupción como mal endémico de la administración. Supongo que su percepción se deberá a los casos judiciales que lleva. Uno es Taula, que se convirtió en una macrocausa que afectaba a varias instituciones, pero ha llevado muchos más. ¿A qué conclusión llega con su experiencia?
– A que es muy difícil, para muchas personas que están integradas en la administración pública, escapar de la estructura corrupta. Es complicado formar parte de ellas y, en cierto modo, ir más allá de tener que mirar hacia otro lado. Porque el efecto de las de las denuncias siempre ha sido el del estigma, el de coacciones, el de que actúen en contra personas que sí tienen medios para vengarse de estos funcionarios... me he encontrado con muchas personas que, ciertamente, no podían hacer otra cosa que callar. Y ocurre que, en muchas ocasiones, la responsabilidad no llega a la parte alta de la cadena de mando. Como cualquier estructura de corte mafioso, esa cadena sabe limitar las responsabilidades hacia arriba.
Hay gran cantidad de personas procesadas y condenadas por corrupción que son realmente el camello del pueblo del narcotraficante. Personas que poco más podían hacer por la inexistencia de ese sistema de protección al denunciante.
– El caso de su cliente Marcos Benavent es particular. Él no denunció de entrada, sino que participó de los presuntos delitos, y colaboró una vez la investigación apuntaba hacia él. Se le podría encasillar en la figura del "arrepentido". La confesión en el procedimiento permite una serie de atenuantes, pero no evitar la pena de prisión en el caso de que así se decidiera. ¿Cómo se enfrenta a esta situación como su abogado?
– El caso de Marcos es especial. No existen beneficios en nuestro Código Penal para el confesor colaborador. Él confiesa, él colabora, pero en muchas ocasiones nos encontramos con gente que lo hace sobre lo que le preguntan o sobre lo que le imputan. Pero él ha ido más allá porque no sólo contestó a lo que se le preguntó, sino que ayudó a la Justicia a todos los niveles. Con las fuerzas de seguridad del Estado, con la Fiscalía, con todos los organismos que han solicitado su colaboración, explicando aquello que conocía. Y hay una cosa que es evidente: todo lo que ha contado ha resultado ser verdad. Y eso es una de las causas de la complejidad de Taula. La circunstancia de que a partir de una una simple acusación se ha ido tirando de hilos y llegando realmente a una causa enorme.
Y además él lo hizo por principios. Porque fue procesado por exceso de velocidad y le solicitó al fiscal una pena más alta de la que pedía para resarcir a la sociedad del daño que pudiera haber causado. De hecho, no existe, y esto es completamente cierto, ningún pacto con Fiscalía respecto a una posible condena. Él está actuando por su propio convencimiento.
– En base a esa experiencia de colaboración con la Fiscalía, ¿cómo valora que pase a llevar el peso en la instrucción con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
– Pues creo que a falta de medios poco lejos se puede llegar. Las funciones que se le pueda dar a la Fiscalía con los medios existentes siempre van a ser un problema. Los que tiene Anticorrupción no son comparables con los de cualquier delegación de Hacienda. Las dificultades son a nivel general de la administración de Justicia. A veces se toman decisiones para mostrar una supuesta buena voluntad, pero que realmente lo único que provocan son unos auténticos embudos.
– ¿Usted sería partidario de la figura del juez de garantías?
– Entiendo que la finalidad que puede existir tras configuraciones de esa naturaleza puede ser positiva, pero luego son situaciones que llevadas a la práctica se vuelven muy complicadas.
– En la denuncia de la falta de medios y de la necesaria modernización de las herramientas de la Justicia coinciden todos los actores. ¿Pero con los recursos que hay actualmente cree que algo se podría mejorar?
"Las formas de hacer el procedimiento más rápido siempre suponen una eliminación de garantías para las partes"
– Podría parecer un poco demagógico que yo me planteara aquí, con los recursos humanos y económicos actuales, hacer esto en lugar de lo otro. Es que no ves una solución si no cambian las circunstancias. Las formas de hacer el procedimiento más rápido siempre suponen una eliminación de garantías para las partes. Por ejemplo, se ha intentado eliminar fases, recursos. Se eliminó el recurso de apelación para juicios verbales por debajo de los 3.000 euros. Las tasas judiciales sólo han significado una destrucción absoluta de garantías y generar una diferencia de clases en la Justicia, en la que al final aquello que hizo Gallardón para intentar que la gente fuera menos a demandar sólo sirvió para el que se lo podía permitir lo hiciera y el que no, no lo hiciera. Porque, además, el turno de oficio le llega a quien le llega. Cualquier medida que elimine garantías para las partes, incluso en el procesado o en el investigado, o que vaya dirigida a que el proceso sea más rápido, con menores posibilidades de defensa o de acusación, es una supresión de garantías que no es permisible en nuestro ordenamiento jurídico. Estaríamos hablando de una vulneración del principio de la tutela judicial efectiva.
– ¿Le gustan las declaraciones públicas de su cliente o preferiría que se ciñera a concretar los hechos delante del juez? ¿Cómo lleva al personaje mediático, el 'yonki del dinero', que se ha creado?
– Él tiene su personalidad y yo creo que forma parte del todo. Es decir, su perfil colaborador integra su perfil público. O te gusta el todo o nada, ¿no? Él conoce las consecuencias cuando habla, sabe el alcance de sus declaraciones. Yo no he tenido ningún problema de reprenderle cuando he considerado que estaba diciendo cosas que no correspondían. Lo he hecho en público, sin importarme cuál pudiera ser la imagen que se pudiera dar. Estamos hablando de un tipo complejo.
– La instrucción del caso Taula sabe que avanza con lentitud. ¿Entiende el enfado de los investigados?
– Por supuesto que se entiende. Pero cuando los juzgados van al límite, cuando los medios que tienes van justitos, cuando concurre alguna circunstancia personal problemática, se cae todo. Entonces, una causa que deberían llevar tres jueces para poder hacerla avanzar, pero la lleva uno y además tiene que dedicarse también a otras cosas, se vuelve imposible. Es ingobernable completamente. Volvemos a lo de siempre, hay una falta de medios conocida y consentida por aquellos que la tienen que evitar.
– Usted se para y mira la actual fotografía del caso Taula, con diez piezas separadas por el momento y hechos muy diversos en varias administraciones, ¿y qué piensa? ¿Esperaba que acabara con una macrocausa de estas dimensiones?
– Como en muchísimas otras causas, depende de hasta dónde quieras tirar del hilo. El sistema corrupto, si se fija, va en función de familias, de organizaciones. Son siempre las mismas empresas las que colaboran con determinadas administraciones. Y a través de tirar hilos te das cuenta de que la corrupción en nuestro país no son departamentos estancos. Vas llegando a muchos lugares. Es lo que ha ocurrido aquí, eso se ha estado haciendo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, por parte de la UCO.
"No me ha sorprendido para nada que Taula haya derivado en una macrocausa de investigacion, e incluso si llegara mucho más lejos tampoco me sorprendería"
– No le ha sorprendido entonces.
– No me ha sorprendido para nada, e incluso si llegara mucho más lejos tampoco me sorprendería. Cuando hablas con tu cliente, te das cuenta de que existe una organización real de la corrupción. No es una persona en concreto que echa mano de la caja.
– Los principales investigados, sin embargo, niegan esa existencia de una organización y alegan falsedad en las acusaciones de su cliente.
– Están en su derecho de hacerlo porque el derecho de defensa está por encima de todo. Pero lo que ha declarado Marcos, al final, las investigaciones lo han acabado ratificando.
– ¿Hay implicados en los hechos investigados en el caso Taula que se han ido de rositas?
– (Silencio y pausa). No lo sé.
– Benavent dijo que iría devolviendo al juzgado el dinero robado. ¿Lo está haciendo?
– Sí. Cualquier ingreso que él obtiene ahora mismo va a parar al juzgado de Instrucción número 18. Marcos actualmente vive de su familia.
– ¿Cómo valora el papel de los medios de comunicación a la hora de seguir las investigaciones judiciales? Hay quien piensa que no deberían de informar ni siquiera de lo que ocurre durante la instrucción.
– Lo que marca el desarrollo de un país es la libertad de prensa. Los medios de comunicación son fundamentales, al igual que el derecho de información. Creo que los medios han de informar en todo caso. Contrastar o no la noticia es su responsabilidad, evidentemente. Pero eso es algo que deriva del propio trabajo del periodista y ahí no voy a entrar. Creo que la información debe tener los límites de lo que pudiera convertirse en un delito en su obtención. Cierto es que existen normas que tratan de proteger el secreto de sumario, pero para mí el derecho de información está por encima de muchos otros. Entiendo que el derecho a emitir y recibir información veraz es fundamental y lo es también en la fase de instrucción. Pienso que en la lucha contra la corrupción los medios son fundamentales y el hecho de que se pueda ir a un periodista y que éste denuncie esa situación y la publique con una seguridad absoluta de que se van a respetar sus fuentes es algo ineludible para tener un sistema que funcione contra la corrupción.
