GRUPO PLAZA

jesús de salvador, presidente de aviap

"Fichar personal extraño en la administración para realizar gestión pública siempre es un riesgo"

Foto: KIKE TABERNER
12/07/2021 - 

VALÈNCIA. Hace apenas dos semanas se constituyó la Asociación de Interventores y Auditores Públicos de la Comunitat Valenciana (Aviap), la primera asociación transversal de interventores y auditores de todas las administraciones públicas. 

Presidida por Jesús de Salvador (Quart de Poblet, 1966), a quien acompañan Francisco Molina e Ignacio Pérez en la Junta de Gobierno, la asociación nace con una clara vocación formativa y divulgativa sobre la cultura de la gestión pública teniendo como referentes los principios de transparencia, eficiencia y legalidad.  

Columnista también de Valencia Plaza, Salvador explica a este diario por qué surge la necesidad de constituir Aviap, pero también aborda otras cuestiones relacionadas con el control de gasto público o el uso de los contratos de emergencias que se ha realizado durante la pandemia, entre otras. 

-¿Por qué surge esta asociación?
-Nosotros como operadores o agentes del gasto público vemos que hay un evidente debate sobre el tema presupuestario, del gasto público. Es además, una de las esencias y bases de la democracia; sobre todo, del parlamentarismo y las Cortes, que para eso surgieron, para administrar los recursos públicos. En todo este debate de gasto público o gestión presupuestaria los interventores no aparecen. Y no digamos ya cuando hablamos de temas de transparencia, corrupción, eficiencia, colaboración público privada... En todos ellos habla todo el mundo, y está muy bien porque son los los recursos públicos a los que todos contribuimos con nuestros impuestos. Pero los interventores no opinan, no se les oye, cuando son una voz capacitada y profesional de la materia.

-¿Se refiere a opinar sobre modelos de gestión?
-En casos concretos, tanto en genérico como el porqué de muchas cuestiones. Mucha gente habla a partir de un elemento negativo, un fallo o un error, pero eso viene como consecuencia de unos procedimientos y normativas que han venido antes. 

"El debate del gasto público está cojo porque uno de los responsables que participan en el proceso, el interventor, no habla ni opina"

-Pero sobre casos concretos la Intervención sí se pronuncia con sus informes...
-Sí, pero con sus informes. Pero te pongo un ejemplo: hablemos del Poder Judicial. Imagínate que los jueces, aparte de sus sentencias, no hablasen, que no hubiese ningún juez ni ninguna sección profesional que hablase en el debate de la justicia. Ese debate estaría cojo; pues lo mismo pasa con esto. El debate del gasto público y la gestión presupuestaria está cojo porque uno de los responsables que participan en ese proceso, el que ejerce control, no habla ni opina. Los informes son muy concretos, forman parte del final del proceso. Por eso no solo lo que queremos hacer es una labor formativa y formar en entorno académico. En las facultades de Derecho, de hecho, hay muy poca materia sobre gasto público. El derecho presupuestario está un poco como cuerpo normativo. En cambio, el tributario no, el tributario está muy desarrollado. Y luego por otra parte, lo que es preocupante es que en los partidos políticos y sus gabinetes no exista ese conocimiento y cultura de la gestión pública. Los equipos se componen en general por una persona que lleva la agenda y el responsable de prensa. Pero claro, este señor aspira a dirigir en el sector público o la Administración y eso tiene un lenguaje propio, una manera de funcionar propia. Sin embargo, en esos gabinetes no hay profesionales de la gestión pública.

"los políticos no tienen muchos conocimientos de lo que supone la gestión pública y después se hacen las chapuzas que se hacen"

-Pero entonces, la asociación no es para reivindicar derechos o exigencias de tipos regulatorias... 
-No, no tenemos un ánimo corporativo, sino formativo y divulgativo para que la gente tenga más datos, más información de lo que es la gestión pública y no hable tan alegremente. Hay veces que la gente se cree que un derroche es un delito, y no. Si no caes en la malversación, puedes derrochar y que no esté tipificado como delito. Enseñar que una irregularidad, igual no es una ilegalidad ni está tipificado penalmente. Y luego también queremos enseñar que si queremos evitar ciertas patologías en el gasto público hay que enmendar esos fallos del proceso "antes de". Buscamos transmitir y divulgar lo que es la gestión pública, la eficiencia, la transparencia, la legalidad, cómo poder evitar la corrupción... Por una parte, a través de la divulgación a la sociedad y por otra la formación en todos esos cuadros y mandos políticos que aspiran a manejar lo que es la administración, que tiene un lenguaje propio y una manera de funcionar propia que ellos desconocen. Si ellos tienen un programa político y lo quieren traducir en actos administrativos, necesitan ese conocimiento que no tienen. Y si no lo tienen, pues surgen las chapuzas porque hay veces que la corrupción surge por desconocimiento, no por mala fe. En definitiva, los profesionales de la política, sus gabinetes, no es que tengan muchos conocimientos de lo que supone la gestión pública y después se hacen las chapuzas que se hacen.

-¿Y no cree que hay cierta impunidad para los alcaldes o altos cargos de otras administraciones que hacen caso omiso de los informes de los interventores?
-Claro. A veces ocurre que un interventor pone reparos y el propio pleno o el alcalde se lo salta... Pero es un tema legislativo y a la ciudadanía no le llega eso; no le llega que la normativa se lo pone fácil para que estas cosas se produzcan. Y luego también esa cercanía del interventor con el alcalde siempre produce distorsiones, porque el tema de los destinos, los complementos, etcétera, van vinculados al propio alcalde... 

-Ese es un tema curioso. ¿No cree que debería regularse de alguna manera? Porque eso de que el sueldo del interventor lo ponga el alcalde, ¿no genera distorsiones...? ¿No se podría poner unos sueldos homogéneos en función del tamaño del ayuntamiento?
-Claro. 

-¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se cambia eso?
-¿Quién tiene que hacer esa normativa? Los partidos políticos, los responsables públicos, que si tienen por medio indirecto al controlador -el interventor- más cómodamente trabajando con él... no tienen esa necesidad de cambiar la legislación. Yo tengo una utopía: creo que al igual que existe una Agencia Tributaria independiente, debería haber una agencia del gasto público independiente. Es decir, que los cuerpos de controladores del gasto público, ya fuesen locales, autonómicos, nacionales o incluso europeos, fueran una agencia independiente. Como los inspectores de Hacienda, vaya. 

"El Tribunal de Cuentas tiene un amplio campo de mejora"

-Ahora mismo con el tema de los indultados del procés se está poniendo en cuestión la institución del Tribunal de Cuentas. ¿Necesita una reforma?
-Como todo, es mejorable. Se podrían mejorar muchas cosas: su regulación, su coordinación con el Supremo, ciertas sentencias en los juicios por limitación y alcance. Hay ciertas resoluciones que toma el Tribunal de Cuentas condenatorias que, por distintas cuestiones, igual el Supremo las rectifica y las enmienda, como pueda ser el indulto. Creo que sí, que tiene un amplio campo de mejora. Pero lo mismo que pregunta al respecto del Tribunal de Cuentas, se puede aplicar también a la justicia. ¿Cómo queda la justicia después del indulto? ¿Cómo queda el Tribunal de Cuentas si se intenta indultar? Igual que la justicia, que se queda un poco mirando a la nada, al infinito. 

-Da la sensación de que los delitos que están en el Código Penal se persiguen, pero para los excesos no hay un castigo...
-Claro, por eso queremos sensibilizar a la gente para que tengan un poquito más de conocimiento de gestión pública. Muchos se enfadan por "el despilfarro"... pues pidan que se tipifique, que cuando las auditorías indiquen una falta de eficiencia también tengan su reproche jurídico o su sanción económica. O por ejemplo que cuando un ayuntamiento no rinde cuentas en tiempo y forma, se sancione al alcalde. Al final, si tú te retrasas en presentar tu declaración de la renta, Hacienda te va a poner una sanción, ¿no? Pues podría ocurrir lo mismo aquí y verías como habría más empeño en presentar las cuentas. 

"Si yo fuera el Tribunal de Cuentas diría que los contratos de emergencia que se han hecho con motivo de la covid hay que revisarlos"

-¿Qué conclusión saca de las primeras auditorías que se han hecho sobre la actuación de las administraciones en 2020? Porque ha sido un año de gestión muy diferente en cuanto al gasto público. ¿Ha visto muchos reparos?
-Pues es como siempre, hay muchas casuísticas que puedas ver y depende también de la Administración. No es lo mismo la Administración central, que la autonómica o la local. En la Administración central, salvo los casos de corrupción política muy mayúscula y tosca, no hay grandes problemas ni han aparecido tanto en los medios. Pero cuando vas bajando a pie de terreno parece que hay más casos de corrupción porque la gestión al acercarse más a la ciudadanía y al empresariado es cuando surge el viejo clientelismo y caciquismo español. Pero ha habido tantas auditorías que sería injusto decir que ha ido bien o mal. Sí que es cierto que cuando surge una situación de emergencia y se ponen en marcha contratos de emergencia, siempre que hay un sistema más fácil o flexible el gestor acude a él. Si yo fuera el Tribunal de Cuentas diría que los contratos de emergencia que se han usado con motivo de la covid hay que revisarlos, y que se acredite esa excepcionalidad. Lo que habrá que ver muy bien es el informe de la Sindicatura de Comptes que se publique este año. 

-En la última intervención que hizo el Síndic de Comptes en Les Corts, de hecho, alertó de que se había abusado de los contratos de emergencia incluso antes de la pandemia. ¿Cree que esta situación de pandemia ha hecho que se abuse de ese tipo de contratos?
-No es que se abuse, es que si el control supone contener, pero tú haces un agujero en la presa para que pueda pasar el agua, la presión puede hacer al final que ese agujerito se haga cada vez más grande. El problema de la gestión pública es generalizar, porque si lo haces estás cometiendo grandes injusticias, ya que igual tienes a un conseller que lo ha hecho fenomenal y ha sido súper riguroso y en cambio otro ha actuado con más ligereza. 

-El Gobierno valenciano planea fichar directivos de programas que gestionen fondos europeos. Desde el punto de vista de la eficacia en la gestión. ¿Cómo ve es este tipo de medidas? ¿No podría ponerse a funcionarios hacer esa misma tarea?
-No conozco todo el plan que tiene la Generalitat. Yo me acuerdo que el Botánico cuando entró  a gobernar hablaba de toda esa administración institucional que había creado el Partido Popular alrededor de la administración general, y de cómo era un coladero de gestión que a veces no era la más correcta. Fichar personal extraño en la Administración para realizar gestión pública... puede chirriar el sistema. Introducir un elemento extraño en la Administración es siempre un riesgo que muchas veces vemos después que ha salido mal.

-¿Cree que las empresas públicas están preparadas para prevenir fraudes?
-Las empresas públicas, sociedades mercantiles públicas, fundaciones, etcétera están en la zonas de los grises, que es donde surgen los problemas. La Administración está en la zona de los negros y la empresa privada en la de los blancos, y cada una tiene su lenguaje y está claro lo que no se puede hacer en ellas. Cuando tú mezclas surgen casos como los de la EMT. Toda la cadena que hay en la administración para hacer un pago seguro es tan larga que no digo que se habría evitado, pero en un porcentaje muy alto sí. Y más aún tratándose de pago de divisas en el extranjero. 

"Las empresas públicas son un nido de problemas"

-De hecho es donde ha habido más casos de corrupción siempre, en las empresas públicas...
-Claro. La doctrina administrativa clásica habla de ese sector institucional, que se administra como una huida del derecho administrativo pero que sigue gestionando fondos públicos y potestas públicas. Con lo cual es un nido de problemas. A veces te ves empujado un poco por las necesidades. De hecho, ¿cuándo empiezan a surgir en España? El INI, que ahora es el SEPI, surge por la necesidad de crear una estructura industrial.

-El argumento ahora, cuando se crean empresas públicas, siempre es la agilidad, para prestar servicios públicos como por ejemplo incendios. 
-Pues que se externalice. O que se haga a través de funcionarios, bomberos del Ayuntamiento o de la Diputación. Pero eso de crear empresas públicas que juegan a la doble baraja... es donde surgen todos los problemas. Y, además, el Botànic llegó con ese ánimo de eliminar todas las empresas públicas, que lo público fuese público y lo privado fuese privado, pero no hacer esas mezclas. Porque, si no, los tramposos van a esas fronteras. 

-¿Cree que las administraciones se creen la transparencia?
-Hay un camino de mejora. Participo en algunas tertulias y siempre intento documentarme antes de los temas que vamos a tratar para dar una opinión lo más solida posible, y cuando se aborda el tema de Sanidad y miras la del Consejo Interterritorial de Salud, resulta que llevan sin actualizar la página desde 2018 ó 2019.  

"El enriquecimiento injusto es una manera de maquillar un pago de una obligación por una responsabilidad patrimonial del Estado, y tendría que derivar en un expediente disciplinario"

-Se pidió que se colgaran las actas y se negaron...
-Claro, pero si los debates son positivos. Cuanta más transparencia, más democracia. Pero hay mucho camino que recorrer, y no solo la Administración sino en todas las entidades que reciben ayudas, que también tienen sus obligaciones y tampoco están al día.

-El Síndic de Comptes y también la Agencia Antifraude advertía sobre el uso del expediente de enriquecimiento injusto...
-Es que es una falacia. Ese término lo buscas en los códigos de derecho público y no existe. No existe como técnica de gasto. Es una forma de llamar a algo que en realidad es una anomalía administrativa. Es una manera de maquillar un pago, una obligación por una responsabilidad patrimonial del Estado y que tendría que derivar en un expediente disciplinario. Alguien tiene que decir: "A ver, ¿por qué ha habido esta responsabilidad patrimonial? ¿Es por un funcionamiento normal porque ha habido que reparar una cornisa que se ha caído y hay que reparar el desperfecto que ha ocasionado? ¿O es por un funcionamiento anómalo porque alguien lo ha hecho lo que tenía que hacer?".

 

Noticias relacionadas

next

Conecta con nosotros

Valencia Plaza, desde cualquier medio

Suscríbete al boletín VP

Todos los días a primera hora en tu email