Lucía Beamud: "Se intenta hacer ver que València es una ciudad paralizada por las licencias y no es así"

VALÈNCIA. Lucía Beamud (València, 1992) dirige la concejalía de Igualdad, Actividades, Espacio Público y Pueblos del Ayuntamiento de València. Desde su área, gestiona la concesión de licencias para desarrollar las distintas actividades económicas que tienen lugar en todos los rincones de la ciudad. Y, precisamente, una de las más candentes en los últimos tiempos ha sido la de las terrazas hosteleras, que hace poco tuvieron que devolver el espacio público que se les brindó para facilitar el cumplimiento de las medidas contra el coronavirus. Una decisión que no ha sentado bien al sector, pero que Beamud considera “necesaria” debido a la caída de las restricciones y la vuelta a la normalidad.

Del mismo modo, el Ayuntamiento también se encuentra sumido en otros procesos como la intensificación de las inspecciones a las actividades económicas, la protección -o no- del edificio Metropol y la gestión de la implantación del nuevo servicio de motosharing en la ciudad. Asimismo, Bemud también aborda en esta entrevista con Valencia Plaza la situación actual de los pisos turísticos en la capital, la implantación de la disputada tasa turística o los últimos avances en materia LGTBI.

- El Ayuntamiento ha decidido poner fin a la ampliación de terrazas que se aprobó para aliviar el impacto de las restricciones sobre la hostelería, ¿por qué ahora y no más adelante como pedía el sector?
- Esta medida se aprobó en un momento en el que era muy necesaria porque veníamos de tres meses con los negocios completamente cerrados y, cuando pudieron abrir, fue tan solo al 50% del aforo en terrazas y 0% en el interior. Fuimos la única ciudad que aprobó la medida mediante un acuerdo. Pero en todo momento se sabía que iba a ser algo temporal y transitorio para ayudar a los hosteleros en un periodo muy complicado. Era un momento de necesidad en el que la ciudad tenía que responder, y lo ha hecho, porque las ampliaciones han durado 18 meses. 

Pero ahora nos encontramos en un escenario muy diferente. La normativa que entró en vigor el pasado día 9 de octubre ya permite el 100% del aforo tanto en el exterior como en el interior, y también la vuelta a los horarios habituales. A esta relajación de las medidas hay que añadir un índice de vacunación muy alto y una transmisión del virus especialmente baja en la ciudad de València. Es el momento de volver a la normalidad y de devolver el espacio público que se cedió para hacer frente a una situación excepcional.

Además, la medida también hay que ponerla en su contexto: de 4.000 terrazas que hay en València, solo pidieron la ampliación 670. Hay que tener en cuenta esa dimensión porque la mayoría de ellas se concentran en zonas donde ya había una tensión patente y lo estamos viendo ahora con los vecinos: Ruzafa, Honduras, Blasco Ibáñez y toda esa zona. 

- Hace un año los hosteleros criticaron que se empezara a aplicar la normativa de terrazas en un momento tan complicado como la crisis del coronavirus, que era una norma que estaba vigente desde el año 2014 pero no se había acabado de ejecutar correctamente. ¿Por qué no se retrasó la decisión otro poco hasta que la situación mejorase para el sector?
- Estamos ahora impulsando la aplicación de la ordenanza de dominio público, que nos obliga a adaptar todas las terrazas. Esto no quiere decir que tenga que haber necesariamente una reducción del espacio, puesto que muchas se quedan igual y a otras incluso les corresponde un pequeño aumento. Pero es cierto que cuando nos reunimos para discutir el tema de la ampliación de terrazas también nos dimos cuenta de que había una serie de espacios que tenían que ser reglados, especialmente en un momento en el que necesitábamos calles más abiertas y evitar cualquier tipo de aglomeración. Hablamos por ejemplo de Mariano Benlliure, Ruzafa o la plaza de la Virgen. Lo que pasa es que la entrada en vigor se retrasó un poco porque se aprobó en febrero de 2020 y entró la crisis del coronavirus.

En el caso de Ruzafa, teníamos a las puertas la declaración de una ZAS [Zona Acústicamente Saturada] y como administración tenemos que hacer todo lo posible para evitar llegar a esa situación, porque sino implicaría multas y restricciones aún más graves a las actividades económicas. Y además en este caso también hay que recordar que el juzgado nos estaba pidiendo medidas para frenar la situación de este barrio. 

- La concejalía tiene intención de hacer 9.000 inspecciones hasta 2023 con tan solo 22 técnicos, ya no solo a terrazas sino a todo tipo de actividades y obras. ¿Hay intención de ampliar la plantilla?
- Todos los concejales pedimos siempre más. Al margen de hablar de personal, también hemos incorporado medidas tecnológicas para ajustar los procedimientos y trabajar mejor en este plan de inspección que era una de nuestras líneas estratégicas. Los resultados han sido muy buenos y hemos incluido un nuevo sistema de tabletas y móviles que nos permiten agilizar mucho la tarea. De hecho, en solo tres meses redujimos casi a la mitad los trámites pendientes, por lo que hemos sido mucho más productivos. 

- Precisamente, en la línea de la renovación tecnológica el Ayuntamiento acaba de anunciar Rayo, una plataforma que también ayudará a la tramitación de licencias. ¿En qué consiste?
- Por una parte, se va a digitalizar todo el archivo de expedientes y licencias que tenemos en Vara de Quart, de modo que luego con esos datos podremos desarrollar Rayo como un registro de actividades y obras. Esta plataforma nos dará toda la información ya digitalizada y además nos permitirá sistematizarla, para tenerlo todo en uno. De este modo podremos tener una visión global de todas las actividades que hay en València: si ha habido un cambio de titular en una determinada ubicación, cuántas actividades han pasado por allí en un periodo de tiempo... Y eso a las inspecciones también les ayudará.

- ¿Cuándo podría estar listo?
- Hace tres semanas se hizo la contratación para la digitalización del archivo, porque es una tarea ingente que solo los funcionarios no podrían abordar. Primero tienen que recoger toda la información y luego, una vez esté lista, se pondrán en contacto con todos los servicios implicados para encontrar la manera de sistematizar el proceso de tramitación de expedientes así poder simplificarlo o pulirlo a través de la plataforma. 

- En cuanto al motosharing, se ha sacado la convocatoria para poder dar permisos de ocupación de la vía pública a las empresas, pero lo cierto es que ya llevaban funcionando más de dos años en la ciudad sin un marco regulatorio. ¿Por qué se ha tardado tanto el regular este servicio de préstamo de motos?
- Teníamos que llegar a un acuerdo para regularizarlo de alguna manera porque es una tarea muy compleja, y viendo las experiencias previas de otras ciudades nos dimos cuenta de que había habido algunos desajustes. Por eso, nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible desde el principio, por lo que iniciamos un estudio sobre cómo poder aplicar esta normativa. Ahora, hemos abierto el periodo para la presentación de requerimientos.

- ¿Esto se hará también con los patinetes?
- La ordenanza de movilidad, que es la que ha permitido regular el motosharing, sí que dice cuál es el número de motos que la ciudad puede absorber. Pero, en el caso de los patinetes, creo que no se contemplan. 

- Sobre el Metropol, los propietarios siguen interesados en el derribo para construir un hotel. ¿Cuánto podría tardar el Ayuntamiento en dar el permiso para proceder?
- La licencia de derribo es de Urbanismo, de nosotros solo depende la de actividad para poder instaurar un hotel. Por nuestra parte, las licencias son un acto reglado, y como tal se tienen que hacer en base a la norma. Y ahora mismo no hay ninguna norma que impida la implantación de un hotel en ese espacio. 

- ¿Por qué se está tardando tanto en dar los permisos a los propietarios?
- Porque hay dos solicitudes diferentes. La primera es de 2016 o 2017, pero luego a principios de 2020 los propietarios presentaron una nueva renunciando al proyecto anterior. Por lo tanto, ahora se ha vuelto a iniciar de todo todo el proceso con un nuevo proyecto. 

- El Ayuntamiento insiste en que es la Generalitat quien debe proteger el edificio y viceversa. En caso de que haya que frenar el proyecto de los propietarios, ¿quién es realmente la institución capacitada para ello?
- Me consta que se está trabajando en la protección, pero yo desde mis competencias no puedo hacer nada. La tramitación de una licencia es la que es y nosotros seguimos trabajando en ello hasta que alguien decida si toca proteger o no. 

- ¿Se puede proteger un edificio cuando ya hay una solicitud de licencia en marcha, amparada por una normativa previa? ¿No podría considerarse eso cambiar las normas del juego a mitad y dar lugar a indemnizaciones para los propietarios?
- Ahí quien tiene que hablar es la propiedad, sobre si va a tomar medidas o no. Pero yo tengo que aplicar la normativa actual.

- Parecer ser que en los presupuestos autonómicos se ha presentado una propuesta para proteger el Metropol, ¿puede la Generalitat presentar una oferta de compra con la licencia en marcha?
- Eso es una cuestión entre los propietarios y la Generalitat. Ahí el Ayuntamiento no entra para nada.

- ¿Pero a nivel político qué le parece? ¿Piensa que las administraciones públicas deberían hacer una inversión para la compra y posterior protección del edificio?
- Esto es diferente, porque no es una iniciativa de la Generalitat, sino que es una propuesta ciudadana. Es un camino que se ha abierto y son ellos quienes deben pronunciarse sobre ello.

- En cuando al Sidi Saler, los propietarios quieren retomar la actividad, pero no pueden hacerlo porque el Ayuntamiento les retiró la licencia por llevar años parados. A falta de ver las alegaciones, ¿en qué situación deja esto al hotel? Si se retira la licencia de actividad y la ambiental, ¿es posible volver a abrir?
- Más que una decisión del Ayuntamiento fue una acción normativa. Lo que declaramos es la caducidad de la licencia porque llevaba más de dos años sin operar, que es lo que contempla la norma. Al margen de todo eso, ellos pidieron una licencia de obras que no se ha aceptado porque sin licencia están fuera de ordenación sustantiva, y lo único que puedes hacer en esos casos son obras de mantenimiento pro no grandes intervenciones, que era lo que querían.

- ¿Han pedido una nueva licencia ambiental?
-  Por ahora no me consta. 

- La oposición siempre habla de que hay un parón en la tramitación de licencias. Hablaba hace unos días de que todavía quedan pendientes de revisión 2.900. ¿Hay verdaderamente tantas paradas?
- Esto me hace gracia porque se confunden términos. En primer lugar, cuando llegamos al gobierno nos encontramos unos 8.400 expedientes bloqueados y sin tramitar, y ahora hay exactamente 2.950, que ya de por sí la diferencia es llamativa.

Pero estamos hablando de expedientes, que no de licencias. No es lo mismo, porque no todos los expedientes son licencias. Hay licencias ambientales o de espectáculos públicos, pero también hay declaraciones responsables, cambios de ubicación, cambios de titularidad, procedimientos de incoación, de caducidad... Son muchas cosas. 

Cuando se habla de esto parece que se intenta confundir a la sociedad, intentando hacer ver que València es una ciudad totalmente paralizada y no es así. Porque luego también hay declaraciones responsables que las presentas y con eso ya puedes empezar a desarrollar la actividad. Igual que las licencias, que si todo está bien y en orden en dos meses puedes empezar.

- ¿Y cuántas de las que están pendientes son licencias?
- Creo que ahora mismo hay unas 726 ambientales, pero eso no quiere decir que estén pendientes de tramitar, porque a o mejor ya tienen licencia o declaración responsable y lo único que falta es la comprobación para hacer la apertura. Algunas puede incluso que estén ya en actividad. 

- En la pasada legislatura se creó la figura de "proyecto prioritario" para agilizar grandes iniciativas. ¿A qué proyectos se les ha adjudicado recientemente esta figura?
- Hay dos proyectos. Por un lado, un hospital de biomedicina proyectado en el Bulevar sur, en la zona de San Isidro. Se declaró prioritario y está teniendo buen ritmo precisamente porque tiene prioridad en todos los servicios municipales. Es muy interesante cómo València se está posicionando como un lugar de referencia en todas las vertientes de la sanidad. Cada vez vemos más proyectos y esto incentiva un turismo diferente: académico y profesional. Lo vemos muy interesante. Por otro lado, ya está en marcha el centro Imske de fisioterapia, y otra iniciativa es el centro hospitalario de Vithas, que todavía no han presentado el proyecto.

- Hablemos de turismo, ¿cuál sería el impacto de una tasa turística en la ciudad de València?
- Lo hemos dicho muchas veces: lo vemos muy positivo. Eso que se dice de que la gente va a dejar de venir por la tasa turística... La gente no deja de ir a París, a Roma y a diferentes ciudades de Europa y de España por pagar un euro diario por pernoctidad. No creo que València sea la excepción a la norma en toda Europa. Y el turismo tiene un impacto y con esta tasa se puede ayudar a paliarlo.

- La concejalía tramita muchas licencias de hoteles en la ciudad, ¿prefieren este tipo de negocios que el de los pisos turísticos?
- De lo que estamos en contra es de que los fondos buitre acaben comprando edificios enteros y expulsen a los vecinos. De ahí la iniciativa de la compañera Isa Lozano [concejala de Vivienda] para intentar regular esta situación, que evidentemente nos preocupa.

- La medida es vetar los bloques exclusivos de apartamentos turísticos. Se anunció en mayo pero sigue parada por cuestiones jurídicas. ¿El anuncio prematura no puede hacer que las empresas pidan las licencias antes para evitar que se les aplique la medida?
- Han pasado varios meses y por ahora no se ha notado que haya tenido ningún impacto en ese sentido.

- El plan normativo del gobierno para este año incluía el trabajo en una tasa para disuadir las denuncias falsas en la Inspección municipal. ¿Se ha trabajado en este sentido?
- No. De hecho se trata de un trámite para poder hacer un estudio y ver de qué manera se puede articular o no. El sentido es que de alguna manera veíamos que muchas veces se usa el servicio de inspección como una vendetta propia entre propietarios y entre vecinos. Al final se hace un gasto de personal, de tiempo y de dinero público por cosas que no son negligencias. Nos preocupa porque, al final, no distribuyes bien este servicio: dejas de ir a sitios donde realmente hace falta, porque tenemos la obligación de ir siempre que hay una denuncia. Esa es la base, pero poder aplicar una tasa es muy complicado porque no queremos disuadir que los ciudadanos ejerzan su derecho de denunciar cuando tengan un problema real. Aunque evidentemente, la tasa no se aplicaría en la primera denuncia, sino tras la comprobación reiterada de que la negligencia supuesta no existe. Es complicado poder articularlo y, de hecho, no estamos centrados en esta materia y sí en otros temas como es el Plan de Inspección.

- ¿Hay algún municipio que esté aplicando este tipo de tasa? ¿Se han fijado en alguno para trasladar el modelo?
- Hay diferentes intentos y estudios sobre la materia, pero no hay una normativa muy clara porque es complicado articularlo.

- En Igualdad están trabajando en un plan LGTBI. ¿De qué se trata?
- Primero vamos a hacer una encuesta para conocer la situación de la LGTBIfobia en la ciudad. Y al mismo tiempo, estamos empezando a trabajar en unos talleres participativos, como hicimos en el Plan contra los delitos de odio, donde trabajamos con expertos para elabora los objetivos que ha de perseguir este plan, que se llama Plan diversitas. Será el primer plan municipal con las estrategias para conseguir una ciudad basada en la igualdad y que la diversidad se vea como un valor intrínseco.

- ¿Pero qué tipo de medidas efectivas se pueden contemplar más allá de trazar objetivos?
- De alguna manera, son cosas que ya estamos haciendo. Por ejemplo, las diversas campañas que estamos haciendo en torno al día del Orgullo, las líneas de subvenciones para asociaciones y colectivos que promuevan la diversidad, el desarrollo de la Oficina contra los delitos de odio, todo lo que tiene que ver con la visibilización... La visibilización es fundamental porque eso implica aceptación social y así podemos romper con los discursos LGTBIfóbicos. Este plan busca ir más allá: diagnosticar la situación real y poder llevar a cabo medidas que ahora no estamos haciendo.