Pilar Naveda: "Los padres, mayoritariamente, quieren que sus hijos vayan a la concertada"

VALÈNCIA. La Conselleria de Educación ha sido una de las más polémicas de la legislatura, tanto las normas desarrolladas como por las derivas judiciales de las mismas. Desde revertir las aulas de centros concertados de bachillerato al plurilingüismo. Entre los agentes que ha estado en constante diálogo con el departamento de Vicent Marzà se encuentra la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE).

Sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y uno de los más representativos en el campo de la enseñanza privada y entre el personal dedicado a la atención a personas con  discapacidad, han sido parte de las negociaciones para beneficiar a los profesionales del sector y mejorar sus condiciones. Pilar Naveda González es la secretaria Provincial FSIE valencia y tiene claro que Marzà no puede obviar que la educación concertada es una demanda de los padres.

- ¿Se ha generado inseguridad educativa a lo largo de esta legislatura?

- Se ha generado muchísima incertidumbre pero también hay que valorar la puesta en marcha de las comisiones de seguimiento, que hasta ahora estaban paradas, y tenemos reuniones continuas con esta conselleria. Sí que se produce un ritmo de diálogo y esa incertidumbre de la que hablamos no deja de ser la respuesta a lo que ellos ya nos avisaron que iban a hacer. Incertidumbre mucha y sorpresa poca. Ellos nos avisaron de que su planteamiento ideológico iba encaminado hacia esas acciones y estábamos avisados.

- ¿Comprenden su postura?

- Hay una media de una o dos reuniones semanales con diferentes personas de la conselleria donde están convocados todos los agentes sociales y se nos tiene en cuenta, pero cuando llega la hora de ejecutar es otra cosa diferente. Una evidencia de esta situación es la gran cantidad de resoluciones judiciales que les están llegando en contra.

- El último recurso ha sido el del bono infantil. 

- Ellos tienen una apuesta pública y mientras que el resto de los sindicatos y patronales hablan de una dualidad, ellos solo hablan de la pública. En el tema de los centros infantiles nos encontramos con una apuesta directa por centros de titularidad pública municipal donde la gratuidad está asegurada y no se dan cuenta que los centros privados lo que han hecho hasta ahora ha sido cumplir la normativa adaptando sus centros de manera continuada. 

¿Esto en qué va a revertir en los centros privados? Primero, en la posibilidad de despedir. Pero un despido al empresario le cuesta dinero y en muchos casos no puede. La otra alternativa es la reducción de jornadas y eso lleva a una precariedad en el empleo. 

- ¿Y el Ayuntamiento se posiciona?

- Hemos tenido reuniones con los distintos grupos municipales y en un pleno del ayuntamiento pusimos sobre la mesa la realidad de los centros infantiles. En una reunión con María Oliver dijo que los centros infantiles eran una necesidad, pero en la realidad esto no se ha manifestado en acciones concretas a favor de los centros privados. Tú entras en un centro de dos años de titularidad municipal que además no te está costando nada, y tienes la garantía de que el niño ha entrado en un sistema público de enseñanza que, de alguna manera, tendrá de inercia una continuidad. 

No solo ha perjudicado a los centros de infantil sino que también perjudicará en un futuro a los centros concertados restándoles alumnado. Pero es que además, si nos vamos al planteamientos de los centros privados, los centros privados-concertados que tengan aulas de dos años no podrán pasar directamente al siguiente curso, tendrán que ser baremados otra vez. Entonces, esa situación a los padres les genera incertidumbre. Es un punto de discriminación importante. Hay ayuntamientos que han encontrado fórmulas. El Ayuntamiento de Gandia ha subrogado a todo el personal, por ejemplo.

- ¿FSIE propone alguna fórmula?

- Nosotros en este punto lo que queremos es que el personal tenga una estabilidad. Obviamente, cualquier solución que vaya en esta línea es una solución favorable para nosotros. 

- ¿Y el mapa escolar?

- Todavía no se ha resuelto la situación y estamos en agosto. Nosotros pedíamos una división de distritos de entre 7 y 9 para que realmente los padres tengan una oferta educativa mucho más amplia. El de ahora son muchas zonas.

- Se han generado varias sentencias a favor de mantener las aulas de los concertados. ¿En qué situación deja esto a la administración?

- Ellos han puesto en marcha todos sus mecanismos para cumplir sus programas, otra cosa distinta es que dentro del ámbito de la legalidad no lo hayan cumplido, pero a su electorado le podrán vender que no han hecho nada distinto a aquello que prometieron. Sí que es verdad que se está demostrando un desafío permanente a los medios judiciales porque las sentencias están ahí y recurrir no deja de ser un perjuicio para los centros concertados, que se han gastado mucho dinero y han generado una inseguridad en el ámbito de la enseñanza concertada que no favorece a nadie. 

- ¿Qué sentimiento tienen los colegios que han recuperado las aulas?

- De muchísima satisfacción, de justicia y de protección de los profesionales. Los profesores ya tienen una expectativa de recuperación de sus horas porque lo que hablábamos antes de la precariedad en los centros de infantil también se aplica a los centros concertados. Los colegios que no han mantenido las aulas han reducido jornada a los centros concertados porque la gente no quiere perder su trabajo. 

Los centros están obligados a recontratar a la gente que ha perdido horas en su propio centro. Un acuerdo que ya potenció FSIE en su momento y al que se llegó con conselleria para paliar la situación con el cierre de unidades. Los colegios que recuperen las aulas tendrán que contratar a las mismas personas. Lo que se buscaba cuando se firmó este acuerdo era la estabilidad laboral. 

- ¿Se ha generado un estigma hacia la concertada?

- Sigue existiendo una gran demanda social respecto a los centros concertados y eso es lo que nosotros ponemos en valor. Las diferentes ratios es que los centros públicos no tienen ese nivel de alumnado de los centros centros concertados, algo diferenciado tendrán estos centros en su educación, en su amplitud de horas abiertos, en la atención a los familiares que los padres, mayoritariamente, quieren que vayan a la concertada. Y si hablamos de los planes de crear aulas de dos años para que sean la puerta de entrada trasera que permita que los niños avancen en esa línea de gratuidad de lo público no podemos despistarnos de que lo que los padres están demandando mayoritariamente es una educación concertada. 

¿Son las aulas de dos años una forma de mantener al alumnado en la educación pública?

- Es una estrategia. La incertidumbre que genera no saber si vas a continuar o no en el centro. Si mi hijo entra con dos años y sé que puede continuar, aunque a mí me gustara la idea de un centro concertado, si el niño está con sus amigos dos, tres o cuatro años, prefiero que vaya allí. Te dan una continuidad. 

- ¿Iniciará de nuevo educación el proceso para recuperar las aulas concertadas?

- No se nos ha dicho nada. Hasta ahora lo que sabemos es que se van a recurrir las resoluciones judiciales que han devuelto los conciertos y que vamos a seguir en la situación que estábamos en muchos centros porque no todos van a presentar los avales suficientes para volver a poner en marcha sus aulas, entonces veremos qué dice la justicia y el tribunal supremo en ese momento. 

- ¿Se han creado brechas insalvables con Educación?

- Nunca hay brechas insalvables. FSIE siempre mantiene un clima de diálogo y por eso siempre vamos a todas las reuniones que se nos invita y mantenemos una postura de negociación. Nosotros lo que creemos es que con negociación se consiguen las cosas. 

- ¿Qué logros ha conseguido FSIE a lo largo de esta legislatura?

- Muchas cosas. Por ejemplo, las estancias formativas en el extranjero antes los profesores de la concertada no tenían acceso. Ahora, solo han podido ir 13 personas de 1.000 de la concertada, por las bases de la convocatoria no era justas pero seguiremos negociando para que el año que viene las bases sean mejores. De momento ya hemos puesto un pie dentro. La concertada es un 35% del personal docentes, y solo un 1,3% ha podido ir. 

Hemos conseguido que los sustitutos a partir del curso que viene puedan cobrar en verano. El acuerdo de paternidad, que se aumenta a seis semanas. La jubilación parcial que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2019. Tenemos un acuerdo para dos años y queremos ver si podemos prorrogarlo en el tiempo. Estamos satisfechos de la vía utilizada, que es la negociación.

- ¿Algún frente más?

- Las ayudas a la innovación nos vendrían muy bien porque ahora solo nos han destinado el 5%. Teniendo en cuenta que somos el 35% queremos una cantidad proporcional. Por otro lado, todas las reformas de la Lomce que vayan a suponer una disminución en las horas del profesorado. Hablamos de profesores, pero también son personal de administración, limpieza o monitores, por ejemplo. Las reformas de la Lomce van a suponer la reducción de horas de una parte del personal y nuestra misión es mantener esos puestos de trabajo vía bolsas de recolocación o vías jubilaciones vinculadas a esas bolsas, por ejemplo. Vamos a buscar fórmulas para que se mantengan las jornadas completas.

- ¿Y el plurilingüismo?

- No entramos en la cuestión más política de este tema. Solo pedimos que cuando se dé una exigencia que también se proporcionen los medios adecuados para que la gente se forme. Entrar en un plano de equiparación de los programas educativos nos parece fundamental. Si genera más o menos seguridad, los profesores de la concertada no tienen miedo a esa petición de formación.