El actual gobierno de la ciudad ha respondido de este modo, en un comunicado, a las críticas del portavoz de Compromís en el consistorio y exalcalde de València, Joan Ribó, y de la portavoz del PSPV-PSOE y exvicealcaldesa, Sandra Gómez, por rechazar que los docks se conviertan en un centro de datos y "obviar" un informe del secretario municipal al respecto.
Asimismo, el ejecutivo que lidera Catalá ha añadido que el anterior equipo de gobierno, el conocido como Govern del Rialto, no tuvo en cuenta, al defender para esos inmuebles el centro de datos, el informe hecho sobre esta cuestión por la Abogacía del Estado y sobre el cual la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) indicó que de hacerse efectivo ese uso "podría ejercer el derecho de reversión que legalmente ostenta sobre dicho edificio, de forma que el Ayuntamiento perdería su propiedad.
El equipo de María José Catalá ha señalado que "los acuerdos de la Junta de Gobierno Local relativos al edificio docks no han obviado el informe del secretario municipal de 19 de mayo de 2022 sino que, antes bien, han tenido en consideración tal informe".
"El citado informe forma parte del expediente y es conocido por los interesados en tal expediente. En cambio, no formaba parte del expediente el informe de la Abogacía del Estado de 18 de abril de 2023 que ni Joan Ribó ni Sandra Gómez se preocuparon por conocer a pesar de que la petición de tal informe fue revelada a Joan Ribó por la carta que le dirigió el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, el 30 de enero de 2023", ha añadido el actual gobierno.
Así, ha apuntado que por esa razón el ejecutivo del PP "solicitó a principios de julio a la Autoridad Portuaria de Valencia una copia del informe de la Abogacía del Estado de 18 de abril de 2023 y la incorporó al expediente".
"Los informes de la Abogacía del Estado son los que motivaron que el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia advirtiera a Joan Ribó de que, de concluirse la operación prevista sobre los docks, la Autoridad Portuaria podría ejercer el derecho de reversión que legalmente ostenta sobre dicho edificio, de forma que el Ayuntamiento perdería su propiedad", ha agregado.
El ejecutivo actual ha manifestado que eso "supondría someter a los docks y, en general, a todos los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento en la Marina que fueron cedidos gratuitamente por la Autoridad Portuaria de Valencia a las consecuencias imprevisibles de un largo y complejo proceso judicial que podría haber desembocado en la pérdida de tales bienes por el Ayuntamiento".
"Política de disenso y confrontación"
El equipo de María José Catalá ha rechazado la "política de disenso y confrontación que prefieren Joan Ribó y Sandra Gómez", a quienes ha censurado porque "durante los ocho años que han ostentado responsabilidades de gobierno no han querido o sabido dar a la Marina de València estabilidad jurídica y han preferido mantenerse siempre en una precaria provisionalidad".
El ejecutivo del PP ha afirmado que es "partidario de lograr una solución para la Marina que dé estabilidad jurídica a esta espacio clave para el desarrollo de València".