Foto: EVA MÁÑEZEl Brexit y el nuevo escenario económico animó a la Generalitat a remitir la petición, que ha sido rechazada
VALÈNCIA. La Ciudad de La Luz hizo borrón, obligado principalmente por el via crucis judicial al que se ha sometido a uno de los proyectos culturales más ambiciosos de la historia reciente de la Comunitat Valenciana. El último, este mismo fin de semana, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictaminó que la Generalitat deberá compensar a la promotora Maisa con 15 millones de euros y devolver el suelo con calificación hotelero que no se vio afectado por el desarrollo del Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras del complejo. Con cada revés judicial, siempre surge la misma pregunta, ¿tiene algún tipo de salida posible este activo?
La respuesta por ahora es poco esperanzadora. Según ha podido saber este diario, la Generalitat envió a Bruselas un comunicado hace dos meses pidiendo el levantamiento de las restricciones que impiden cualquier actividad económica durante 15 años (contando desde el primer dictamen de Competencia en 2012). Las razones que esgrimieron fueron dos, principalmente: la primera, el nuevo escenario económico que ha dibujado la crisis sanitaria podría amortiguarse, a ojos de la administración autonómica, con medidas como la reactivación de La Ciudad de La Luz; la segunda, que los estudios de cine que interpusieron la denuncia por competencia desleal (Pinewood) y que desencadenó la suspensión de la actividad de los platós de Aguamarga son británicos, y con el Brexit, el supuesto juzgado carecería de sentido en el marco de la nueva organización de la Unión Europea.
El texto fue remitido por la Generalitat y contó con el aval de diferentes actores del mundo del audiovisual, como film offices y productoras. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa y se reafirma: hasta 2027, los estudios no tendrán salida alguna que implique actividad económica. Transcurrido ese plazo, la Generalitat deberá vender las instalaciones o alquilarlas en un proceso de libre competencia pero, en cualquier caso y en cualquier momento, sería para cualquier actividad que no sea cinematográfica (a excepción de fines educativos).
En la práctica, significa que la única utilidad lícita a ojos de la Unión Europea para este potencial contenedor industrial hasta dentro de siete años es la de albergar oficinas de diferentes entidades de la Administración Pública como Distrito Digital o la Conselleria de Innovación y hasta almacenar fallas.
Imágenes de archivo de las instalaciones de La Ciudad de la Luz. Fotos: EVA MÁÑEZSegún han confirmado fuentes de la conselleria que gestiona el espacio a Culturplaza, la posición de Europa por ahora ha sido muy inflexible aunque no descartan volverlo a intentar próximamente.
La Ciudad de La Luz se vendió como los estudios cinematográficos más modernos de Europa y uno de los más grandes, atrayendo en un primer momento a grandes cineastas internacionales. Con tan solo siete años de actividad y ocho de inactividad, se han convertido también en los más caros, con una inversión pública de más de 500 millones de euros que a lo largo de los años, tras juicios y abandono, solo ha hecho que aumentar.
Las instalaciones están bloqueadas para cualquier fin privado y los grandes platós son ahora almacenes y garajes fruto de diferentes convenios de la Generalitat con asociaciones y entidades. Ni siquiera la oferta en firme de un gigante del audiovisual como Netflix, que se interesó en 2018 por el proyecto, harían viable su reactivación. Hasta 2027, la Generalitat puede alquilar o vender parcialmente las instalaciones, pero de ninguna manera se podrán destinar a actividades cinematográficas.
Este diario también se ha interesado por la posible rentabilidad de la venta de algunos de los aparatos tecnológicos que siguen sin uso y que -seguramente- en 2027 ya estén obsoletos. Desde la Generalitat confirman que estos bienes están inventariados pero que tampoco pueden se les puede dar salida vendiéndolos porque forman parte del activo de La Ciudad de La Luz. Las mismas fuentes puntualizan, sin embargo, que estos no tendrían un valor significativo al lado de las instalaciones.
Previsiblemente, y si Europa no cambia de postura, cuando se pueda -legalmente- volver a desarrollar producciones audiovisuales en las instalaciones, todo el equipamiento se tendrá que renovar y los estudios serán menos competitivos en un contexto totalmente diferente al de 2012 en el que, por ejemplo, Netflix se decantó finalmente por montar un centro de producción propio en Madrid. La Generalitat busca impedirlo, Europa opina que las circunstancias no son suficientes como para levantar el veto.
