Exempleados de la Fundación InnDEA piden la dimisión del vicepresidente y del gerente por su gestión laboral

VALENCIA, (EP). Los extrabajadores de la Fundación Inndea han solicitado este martes la dimisión del vicepresidente de esta entidad, el concejal de Participación, Derechos e Innovación Democrática del Ayuntamiento de Valencia y segundo teniente de alcalde, Jordi Peris, y del gerente, Rafael Monterde, "por la pésima gestión que han realizado en materia laboral, que ha hecho que seis familias valencianas se vean afectadas por el desempleo".

Este colectivo ha considerado que se trata de una gestión "incoherente, precipitada e injusta" y han dudado de la "transparencia del proceso selectivo del nuevo personal". Los exempleados, que se han pronunciado de este modo en un comunicado, han anunciado que su abogado "ha efectuado las gestiones oportunas para interponer una demanda ante la jurisdicción pertinente por nulidad y subsidiariamente de improcedencia de los despidos".

Han indicado que Peris les "mintió descaradamente" cuando "organizó en el mes de octubre, seis meses después de haber llegado a su cargo en el Ayuntamiento, una reunión con el nuevo gerente y la plantilla" en la que les dijo estar "muy contento" con el trabajo que se llevaba a cabo en la fundación.

Asimismo, los excontratados han comentado que entonces se les dijo que estuvieran "tranquilos" porque a medio plazo no se preveía hacer ningún cambio que pudiera afectar a la estructura de la plantilla, y han censurado que "menos de dos meses más tarde seis trabajadores, un tercio de la plantilla", eran "despedidos".

Igualmente, han acusado a Peris de mentir al decir que "no se había despedido a nadie" y que se habían producido "amortizaciones de puestos de trabajo". "Los extrabajadores afectados consideramos esta declaración una burla a la desagradable situación que estamos viviendo, ya que no sólo no se trata de amortización de puestos de trabajo sino que se nos despidió por razones supuestamente objetivas a cinco de nosotros y a otra se le aplicó un despido disciplinario sin razones coherentes", han planteado.

 En esta línea, han afirmado que no entienden "que se amorticen seis puestos de trabajo en la fundación y se contrate a siete personas para cubrir unos perfiles que, con unas directrices claras y, a lo sumo, una pequeña formación" podrían "haber asumido perfectamente los seis despedidos".

Los exempleados han afirmado que "de todos los nuevos perfiles, el único que estaba previsto integrar en plantilla antes de la llegada del nuevo gerente era el de técnico financiero de proyectos I+D+i". "Se podría disponer perfectamente de los mismos profesionales con los que contaba la fundación antes de los despidos para configurar el nuevo organigrama, sólo con el esfuerzo conjunto de la dirección de la fundación y sus trabajadores", han expuesto.

"Capacidades y habilidades"

Por otro lado, censuran que Monterde "en ningún momento se molestó en comprobar" los curriculum vitae de los despedidos, en conocer sus "capacidades y habilidades" o en reunirse para conocer su trabajo. "Todo ello nos lleva a pensar que en ningún momento se tuvo siquiera intención de reasignarnos otras tareas o responsabilidades. Ni se nos dio la oportunidad de optar internamente a los puestos convocados como mejora de empleo. Por todo ello, deducimos que nuestros despidos estaban programados desde el comienzo de la gestión de Monterde", han señalado.

Los excontratados han apuntado que en sus cartas de despido figura que "se producen para ahorrar costes a la administración pública" y han considerado que eso "supone una total contradicción teniendo en cuenta que se despide a seis personas para contratar a siete, sin tener en cuenta las indemnizaciones por despido y la externalización de otras labores".

"En nuestras cartas de despido se dice que nuestras tareas no se amortizan porque se van a externalizar o las van a llevar a cabo otros compañeros. Sin embargo, desde la dirección de InnDEA no se ha dudado en despedir a seis trabajadores por amortización del puesto de trabajo para contratar a otras siete personas", han declarado.

En la misma línea, han manifestado que "en ningún momento" se les ha dicho que su trabajo "estaba mal" o que no cumplía "con las expectativas organizativas o funcionales dentro de la fundación". "Rafael Monterde ha declarado públicamente en un par de ocasiones antes de nuestros despidos que él había accedido a dirigir InnDEA para divertirse" y que en el momento en que el trabajo dejara de ser "divertido volvería a su anterior empleo de la Universidad Politécnica como profesor. Nos preguntamos si el momento de nuestro despido no fue lo suficientemente poco divertido como para plantearse su dimisión justo después de echarnos a la calle", han apuntado.

Explicar la nueva situación

Por otro lado, critican que "inmediatamente después" de comunicarles el despido se bloquearon sus cuentas de correo corporativas, lo que les impidió hablar con contactos o proveedores para poder explicar "la nueva situación y facilitarles un nuevo contacto dentro de la empresa". Han afirmado que esto impidió "trasladar los trabajos y estudios en marcha".

Los extrabajadores han criticado también que "ni el gerente ni el vicepresidente de la fundación se personaron en el acto de conciliación previo a cualquier juicio" y han censurado su "falta de voluntad por querer llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes".

Además, han señalado que "aunque los siete nuevos perfiles han pasado por un proceso selectivo, el cargo de la gerencia fue otorgado a dedo por Jordi Peris a su amigo y compañero Rafael Monterde".

"Parte de responsabilidad"

Con todo, los exempleados han manifestado que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, "siendo también presidente de la Fundación InnDEA" también tiene al declarar "su apoyo a esta gestión", "parte de responsabilidad de esta situación". Por ello, le reclaman "buscar una solución inmediata que sea satisfactoria para la imagen del Ayuntamiento y de la ciudad, así como para el buen funcionamiento de InnDEA".