Eximen a una empresa de pagar los desperfectos de un edificio de Gandia tras impedir Morant un desahucio

VALÈNCIA (EP). Una sentencia dictada por la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) exime a una mercantil de pagar los desperfectos de un edificio de viviendas de la localidad valenciana de Gandia tras impedir la entonces alcaldesa y actual ministra, Diana Morant, junto algunos concejales, el desahucio de una mujer con su hijo.

Así se desprende de la resolución, consultada por Europa Press, en la que el tribunal anula las resoluciones dictadas por Gandia contra la empresa para ejecutar las obras de mejora aunque, también, estima el recurso del Ayuntamiento y condena a la mercantil al pago del canon concesional desde 2007 a 2015.

Este asunto se origina tras la reclamación del Ayuntamiento de Gandia a una empresa para que ejecutara en el plazo de tres meses unas obras por desperfectos en un edificio de viviendas que había construido. También se le reclamaba el pago del canon concesional.

La mercantil resultó en su día adjudicataria de un concurso convocado por el consistorio para el otorgamiento de la concesión privativa --durante 50 años-- del dominio público de una parcela dotacional --de propiedad municipal-- para la construcción de viviendas en régimen de alquiler para personas mayores, discapacitados o menores de 35 años.

La empresa construyó en la parcela dotacional el inmueble, en régimen de propiedad horizontal, constituido por 79 viviendas de protección pública, garajes y trasteros.

Tras ello, en el año 2016, arquitectos técnicos municipales reseñaron, tras inspeccionar el edificio, desperfectos y deficiencias y concluyeron que el presupuesto para ejecución de trabajos de reparación con el objeto de dejar el edificio en condiciones de uso ascendía a 411.299,43 euros, IVA incluido.

El Ayuntamiento reclamó entonces ese importe por las obras a la mercantil y ésta lo recurrió. Inicialmente, en 2019, el juzgado le dio la razón y anuló las resoluciones municipales por ser contrarias a derecho. También le eximió del pago del canon.

El consistorio recurrió y ahora se ha pronunciado el TSJCV en una resolución adelantada por El Español. Estima que no resulta exigible a la mercantil la obligación de reparación que le había sido impuesta por las resoluciones municipales impugnadas.

Para llegar a esta conclusión tiene en cuenta el relato que hizo la juzgadora de instancia de que el 30 de junio de 2015, con ocasión de un desahucio por cuenta de la mercantil por falta de pago de la renta de una inquilina, se personó en el lugar la entonces alcaldesa, Diana Morant, con dos concejales y apoyaron a un grupo que tenía por objetivo obstruir la acción de la justicia en la ejecución del lanzamiento.

La comisión judicial, al no contar con auxilio de la fuerza pública, tuvo que desistir. Tras ese episodio, se generalizaron en el edificio los impagos de la renta y se llenó de ocupantes sin título o traficantes de droga, por lo que existía una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión, relación causal que quedaba de manifiesto en el efecto inmediato de impagos y ocupación delictiva del edificio.

Así, la mercantil, estimó la jueza, carecía de medios para desalojar a los ocupantes ilegales, desalojo que las propias autoridades habían impedido al obstruir la legítima actuación de la autoridad judicial, por lo que no le eran imputables los desperfectos que se le reclamaban, al haber sido el Ayuntamiento quien había impedido a ésta la ejecución normal de la explotación.

El TSJCV corrobora, de esta manera, la conclusión de la jueza acerca de la aludida responsabilidad del Ayuntamiento en la producción de los desperfectos sufridos por el inmueble.

Sin embargo, sí estima el recurso del consistorio en lo relativo a la reclamación del abono del canon concesional al entender que el importe que se reclama se corresponde con las anualidades impagadas por la empresa desde 2007 a 2015, es decir, durante un periodo de tiempo anterior a la situación de ocupación ilegal de las viviendas que había comenzado en noviembre de 2015.

"En el centro, las personas"

Morant, preguntada por esta resolución en un desayuno, ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que como alcaldesa y como ministra "siempre" da cumplimiento a la ley y, además, ha agregado: "Como política creo que en el centro de las decisiones políticas deben estar las personas y sus problemas".

Morant ha recordado que se trata del desahucio de una madre con su hijo en junio de 2015, cuando llevaba 15 días como primer edil de Gandia: "Fui a personarme allí para dar una alternativa habitacional a la madre y su hijo, que atravesaban un momento de sufrimiento dificilísimo".

"Di cumplimiento a lo que marcaba la justicia. Decía que la familia debía abandonar la vivienda que ocupaba y, por tanto, con esa alternativa habitacional dimos salida al mandato judicial y una salida digna a una familia que se quedaba en la calle", ha agregado, para apostillar: "El Ayuntamiento y la justicia cumplieron con lo que tenían mandatado. No puedo decir nada más".

Interpelada por el pago de una multa como consecuencia de su actuación, ha dicho: "Esa información es incorrecta. No hay una condena ni al Ayuntamiento ni a mí por responsabilidad de nada. El Ayuntamiento de Gandia dará cumplidas explicaciones a esta causa pero aquí lo que había era una situación de desahucio que afectaba a una madre y a su hijo y yo fui a auxiliarles y a proporcionarles una alternativa habitacional. Cumplí con el mandato judicial y con lo que tengo que hacer como política, que es dar soluciones a los problemas de la ciudadanía", ha insistido.