VALÈNCIA (EP). La situación de la flota pesquera que faena en aguas británicas, las exportaciones, sobre todo de productos frescos y componentes de automoción; el turismo y los derechos de los ciudadanos son los ámbitos en los que las comunidades autónomas más temen el impacto de un Brexit sin acuerdo, junto a la incertidumbre en sí de un proceso cuyo desenlace aún se desconoce.
Así se lo han transmitido este jueves consejeros y altos cargos de los gobiernos autonómicos al Gobierno en funciones, representado por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el responsable de Política Territorial y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una reunión de la Conferencia para asuntos relacionados con la UE (CARUE).
Se trataba de poner en común las medidas adoptadas ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo tan pronto como el 31 de octubre y, sobre todo, de lanzar un mensaje de tranquilidad y garantizar las coordinación de todas las administraciones.
"Estamos preparados para afrontar el Brexit con todos los instrumentos del Estado y con todas las administraciones públicas coordinadas", ha dicho Calvo, que ha agradecido la "inmejorable predisposición de todas las administraciones". "Este es el modelo en que un país se comporta de manera seria y eficiente", ha añadido.
Por parte de Cataluña ha acudido el director general Análisis de la Acción Exterior, Oriol Durán, que durante la reunión ha dicho que este tipo de encuentros son útiles y que sería bueno hacer más, según fuentes conocedoras del contenido.
Gobierno y comunidades aún confían en que pueda haber un Brexit acordado, porque el acuerdo garantizaría un periodo de transición durante el cual se negociará la relación futura --por ejemplo un acuerdo de libre comercio--, pero quieren seguir celebrando reuniones: "Sería insensato no estar preparado para el peor de los escenarios", ha dicho el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.
Entre las comunidades hay preocupaciones comunes, tales como el impacto en el turismo británico en España o los derechos de los españoles que residen en Reino Unido. El Gobierno español confía en que se mantengan porque, según se contempla en el decreto de medidas de contingencia, los derechos de los británicos que residen en España están sujetos a reciprocidad.
"Queremos estar informados de si se cumple la reciprocidad porque hay servicios básicos que presta la Xunta y si no se cumple no habría que mantenerla", ha explicado el vicepresidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda.
Entre esos servicios se encuentra la asistencia sanitaria de los nacionales respectivos. Reino Unido paga a España cada año 250 millones de euros para hacerse cargo de esta cobertura, y España a Reino Unido 40 millones de euros, ha explicado el secretario para la UE del Gobierno valenciano, Joan Calabuig.
En la Comunitat Valenciana están registrados 100.000 británicos y 70.000 tienen tarjeta sanitaria. Con un Brexit acordado, su asistencia está garantizada por el periodo de transición y, sin él, por el decreto de contingencia durante 21 meses, hasta que se pueda negociar un acuerdo bilateral.
Por su parte, el consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, ha pedido al Gobierno "concreción" y garantías de que se mantendrán los derechos de los más de 9.000 españoles que van cada día a trabajar a Gibraltar también si el Brexit es sin acuerdo.
Bendodo ha pedido al Gobierno colaboración para abrir oficinas de información en Algeciras y en La Línea y, también en Algeciras, reforzar el puesto de información fronteriza, cosa que, ha dicho, depende de Aduanas. "Andalucía viene con los deberes hechos, pero necesitamos colaboración", ha afirmado.
Junto al impacto en los ciudadanos está el impacto en las empresas. El vicepresidente gallego ha pedido al Gobierno que "haga todo lo posible" para que, en caso de un Brexit abrupto, la flota gallega que faena en aguas británicas no tenga que salir de ellas de un día para otro.
Son 150 barcos (de los cuales algo menos de un tercio son de empresas mixtas con Reino Unido) con 1.700 trabajadores. "Queremos que en las medidas de contingencia se arbitren mecanismos para que puedan seguir faenando", ha señalado. Si no es posible, el Gobierno gallego quiere que se aprueben ayudas para los afectados, pero que no procedan del actual Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que ya tiene objetivos asignados.
También están las exportaciones. Comunidades como Navarra y Comunidad Valenciana quieren que sea posible una "vía rápida" para las exportaciones de productos perecederos, que podrían deteriorarse si hay demoras en las aduanas.
A ello se sumará el previsible impacto en las licencias para el transporte: "Ahora un camión mediterráneo puede llegar hasta el supermercado británico y dejar el producto, si eso no se va a poder hacer habrá que construir almacenes y todo un sistema logístico", explica Calabuig.
El Brexit no se notará solo en los productos agrícolas. Castilla y León, Comunitat Valenciana o Navarra han puesto el énfasis en la automoción, porque las cadenas de producción están muy integradas --algunos modelos se fabrican con piezas de 13 o 14 países-- y el objetivo es evitar parones o retrasos porque las partes no llegan, ha explicado Igea.
En el caso de Canarias, con el foco en la exportación de tomate y pepino, la consejera de Economía, Carolina Darias, confía en que su estatus de región ultraperiférica (RUP) sea un "escudo". El Gobierno está estudiando adaptar las ayudas al transporte y la comercialización.
En Castilla-La Mancha, el sector vitivinícola vio caer sus exportaciones a Reino Unido un 7 por ciento en el primer semestre de 2019, tras un crecimiento del 47 por ciento en cuatro años. La consejera de Economía, Patricia Franco, que ha dicho salir de la reunión "mucho más tranquila", ha pedido que se contemple Reino Unido dentro de las ayudas a la promoción en terceros países.
La mera incertidumbre ya tiene efectos: Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un programa de "retorno del talento" en el que un tercio de los inscritos, y un 40 por ciento de los que han logrado un contacto para volver son residentes en Reino Unido que quieren regresar
En esta situación y, sobre todo, ante la incertidumbre de no saber si el Brexit será o no acordado, las comunidades dicen no tener aún cálculos exactos del impacto económico. "La incertidumbre genera confusión y la imposibilidad de tomar medidas concretas", ha reconocido la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo. El Gobierno andaluz sí tiene una estimación: entre 500 y 1.200 millones de euros dependiendo de si la salida es con acuerdo o sin él.
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