Fabra rechazó entregar al PSPV el contrato de Valmor porque se podría "remover todo"

VALÈNCIA. Las nuevas pruebas encontradas por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) dentro del caso Valmor, que investiga la venta de dicha empresa a la Generalitat, abren una nueva línea de investigación que podría apuntar a nombres como el del actual senador del Partido Popular y expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, o a los actuales diputados en Les Corts José Císcar y María José Catalá, ambos exconsellers tanto con Fabra como con Francisco Camps.

En una serie de correos electrónicos enviados por altos cargos del Gobierno de Fabra se puede apreciar el temor que tenían a ser denunciados. La entonces jefa de gabinete del presidente, Esther Pastor, tras recibir la petición del PSPV para analizar el contrato de compra de Valmor por parte de la Generalitat remitió un email del que se deduce ese miedo: "Puede pasar que, teniendo el contrato, lo denuncien al TSJ y remover todo".

Al final, y tras hablar con "el jefe" –en este caso el presidente de la Generalitat–, Pastor afirma: "El jefe confirma que –el contrato– se puede consultar pero no dar copia. El vice llama a Catalá”. Es en este correo en el que aparecen los nombres del vicepresidente, José Císcar, y de la entonces consellera María José Catalá. Ambos continúan ejerciendo la política dentro de las filas populares.

Fuentes vinculadas al caso han explicado a Valencia Plaza que habrá que investigar "qué sabían estas personas al respecto de dicha compra". Una operación que supuso un quebranto para el erario de más de 20 millones de euros.

En los correos hay otra frase que llama la atención: "Hay una cláusula que 'exhibe' –el contexto lleva a pensar que en realidad se quiso decir exime– de toda responsabilidad a los antiguos propietarios de Valmor". Un  hecho que de ser así, podría acarrear serios problemas a aquellos que firmaron la venta.

El problema de adentrarse en esta nueva línea de investigación es que no puede hacerse desde el juzgado de instrucción que actualmente instruye la causa, ya que los tres políticos están aforados.

A Fabra le corresponde el Tribunal Supremo y a los otros dos el Tribunal Superior de Justicia. Es por ello que no sería de extrañar que las pesquisas a este respecto se pospusieran hasta que prácticamente esté finalizada la instrucción en Valencia. No es la primera vez que se hace esto para evitar que un caso esté en diferentes juzgados a mitad de instrucción. Con el caso Blasco ya se hizo. 

Trato a la oposición

Pero los correos electrónicos no solo dejan en evidencia que, al parecer, algo más de lo que se ha contado hasta ahora se sabía entre los muros del Palau de la Generalitat. El trato a la oposición que quería saber más del tema también aparece reflejado en las comunicaciones internas ahora hechas públicas.

Para la policía el trato a la oposición no fue sincera ni correcta, ya que las respuestas parlamentarias se tergiversaron. En el informe de UDEF se puede leer un correo electrónico "en el que se proponen dos opciones re respuesta, la sincera y la otra". En otra ocasión, cuando se preguntó por el contrato de alternancia entre los grandes premios de Valencia y Barcelona, contrato que nunca se llegó a realizar, se informó "obviando el contenido del contrato por el que se preguntaba y las consecuencias del mismo".