La factura de la injusticia

Cada año se publican en España y Latinoamérica cientos o quizás miles de libros sobre temas jurídicos. El escrito por Juan Mora Sanguinetti La factura de la injusticia. Sistema judicial, economía y prosperidad en España (Tecnos, Madrid) va camino de convertirse seguramente en uno de los mejores y más leídos del 2022.

Este libro presenta varios aspectos de extraordinario interés. El primero es el de su contenido. Aquí puede encontrarse el diagnóstico probablemente más exacto y riguroso que se ha hecho nunca del funcionamiento real del sistema judicial español, contrastándolo con el de otros países de nuestro entorno. El estudio pone de manifiesto, especialmente, algunas de las más serias deficiencias de este funcionamiento, así como el considerable coste, en términos de prosperidad y bienestar, que éstas suponen para la sociedad española. Un rendimiento defectuoso del sistema judicial, por ejemplo, reduce de manera significativa el número de viviendas que se ofrecen en alquiler, el tamaño y el crecimiento de las empresas, el número de empresas que se crean, la inversión empresarial, la disponibilidad de crédito, etc. El autor, además, sugiere soluciones y analiza empíricamente los efectos de algunas de ellas, como las denostadas tasas judiciales, que lo cierto es que produjeron una benéfica descongestión de los Tribunales. Todo ello escrito en un lenguaje sumamente claro, directo, ameno y accesible, muy alejado del estilo enrevesado, pedante, esotérico y plúmbeo que solemos gastar los juristas.

Otro aspecto interesante tiene que ver con el método empleado. El libro es el fruto de quince años de trabajo, durante los cuales el autor, junto con varios colaboradores, ha ido publicando numerosos artículos científicos en los que se analizan con sofisticadas técnicas empíricas cuantitativas los datos disponibles sobre el funcionamiento real de la justicia española. Las numerosas ideas del libro no son el resultado, pues, de las ocurrencias, las intuiciones o el contacto profesional de su autor con la práctica judicial –como es el caso de prácticamente todos los libros de Derecho que se escriben en nuestro país–, sino del análisis empírico más avanzado y riguroso que la ciencia social permite realizar hoy en día en relación con dicho funcionamiento. El libro es un magnífico testimonio de la utilidad que las técnicas de investigación utilizadas en algunas ciencias sociales pueden tener para el estudio de los fenómenos jurídicos.

El libro ofrece numerosos elementos para la reflexión, no ya sólo sobre algunos de los más serios problemas que afectan a la justicia española, sino también sobre la manera en la que en nuestro país están configurados los estudios universitarios de Derecho y se lleva a cabo la investigación jurídica.

En nuestras Facultades de Derecho se nos ha entrenado tradicionalmente y seguimos entrenando a nuestros estudiantes para interpretar textos normativos. El punto de vista en el que nos situamos no es el de un legislador, que ha de regular un problema social de la manera más acertada posible para todos los ciudadanos, sino el de un juez, que ha interpretar y aplicar la normativa vigente sin cuestionarla. O, muchas veces, el de un abogado, que ha de persuadir a un tribunal de que escoja la interpretación de la ley más favorable a los intereses de sus clientes (y los suyos propios).

Aquí no enseñamos ni investigamos sistemática y empíricamente cómo funciona el sistema jurídico en la realidad, ni qué consecuencias respecto de la conducta y el bienestar de las personas implicadas tienen las leyes que les afectan, ni qué cambios habría que hacer en estas leyes para incrementar la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía, etc. Las opiniones que los juristas españoles solemos manifestar ocasionalmente sobre estas cuestiones son casi siempre el resultado de simples intuiciones, especulaciones y un número mayor o menor de anécdotas o experiencias personales, que muchas veces están considerablemente sesgadas por factores de diversa índole. De ahí que dichas opiniones suelan ser escasamente rigurosas y fiables, aunque el público no siempre lo perciba así.

Si queremos mejorar nuestra comprensión acerca del funcionamiento real de nuestras instituciones jurídicas y cómo podríamos mejorarlas para que produzcan efectivamente los resultados que más convienen a todos los ciudadanos, los que nos dedicamos a la enseñanza e investigación del Derecho deberíamos abrirnos a la utilización de métodos distintos de los que tradicionalmente hemos usado. Deberíamos servirnos de las teorías y técnicas con las que economistas, psicólogos, politólogos, etc., vienen estudiando, con cierto éxito, la conducta humana y las interacciones existentes entre el Derecho y la realidad social: cómo reacciona la gente frente a los incentivos que las normas jurídicas representan, qué consecuencias tienen éstas sobre la prosperidad y el bienestar de las personas, qué normas habría que adoptar para maximizar dicho bienestar, etc. Deberíamos aprender a utilizar estos métodos o, al menos, a colaborar estrechamente con investigadores capaces de utilizarlos. Los dobles grados de Derecho y Economía (o administración de empresas, criminología, ciencias políticas, etc.) que han proliferado en la universidad española durante los últimos años pueden propiciar esta apertura de los estudios jurídicos a la ciencia empírica. No es casualidad que el autor del libro reseñado proceda de uno de estos dobles programas de estudios.

Finalmente, debemos llamar la atención sobre una desazonadora paradoja: aunque en la Universidad española necesitamos urgentemente a mucha gente como Juan Mora, nuestros endogámicos e hiperburocratizados mecanismos de selección del profesorado dificultan enormemente que incluso a alguien de un currículum tan extraordinario como el suyo le merezca la pena tratar de hacer carrera universitaria aquí. El sistema de selección que nos hemos dado no valora la calidad, el rigor científico, la originalidad y el impacto internacional de los trabajos académicos tanto como «otras cosas». Tampoco parece causal que Juan Mora siga desarrollando su intensa actividad investigadora desde su puesto de economista titulado del Banco de España.