Foto: JESÚS HELLÍN/EP VALÈNCIA (EFE). El Gobierno ha iniciado esta semana los trámites previos a la elaboración de los presupuestos de 2025 para que estén en vigor el 1 de enero, pero este es un proceso largo que está salpicado de requisitos, hitos y negociaciones a varias bandas. Estas son sus fases:
El proceso presupuestario arrancó oficialmente el jueves con la publicación en el BOE de la orden ministerial con las normas para la elaboración de las cuentas.
Este documento técnico esboza las prioridades presupuestarias del Ejecutivo -entre las que figuran el Plan de Recuperación o la transición ecológica- y da hasta el 8 de julio a los distintos departamentos para que expongan sus necesidades.
El Ministerio de Hacienda depurará las peticiones para repartir los fondos, que dependerán tanto del crecimiento económico esperado como de la limitación de las reglas fiscales.
La previsión de crecimiento económico es una de las piezas clave para la confección de las cuentas, ya que es determinante para estimar la recaudación tributaria, que constituye el grueso de los ingresos del Estado.
Las previsiones actuales sitúan el crecimiento de 2024 en el 2 %, aunque el Gobierno prevé acercarlo al 2,5 %, en tanto que para 2025 de momento se prevé un 1,9 %. Tradicionalmente, esta revisión del cuadro macroeconómico se presenta junto con la senda de estabilidad.
Otra pieza clave para la elaboración de las cuentas son las reglas fiscales europeas, que el Gobierno tiene que respetar. Tras permanecer en suspenso desde la pandemia, estas reglas acaban de ser modificadas para poner el foco en el incremento del gasto neto a medio plazo, en lugar de en objetivos anuales de déficit.
El Gobierno negocia con Bruselas cómo se van a aplicar estas nuevas reglas en el caso de España para 2025. Este acuerdo se plasmará en un plan fiscal estructural que se tiene que remitir en septiembre y que definirá cómo se va a reducir el déficit y la deuda en los próximos años.
Según ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de esa fecha el Gobierno ya habrá presentado los objetivos de déficit para no retrasar el calendario presupuestario.
La senda de estabilidad recoge los objetivos de déficit y deuda para los siguientes tres años, respetando lo acordado con Bruselas, así como su distribución por subsectores (Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos).
Este documento parte del Gobierno y se negocia con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y con las corporaciones locales en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que lo someten a votación, aunque siempre prevalece la opinión de Hacienda porque cuenta con la mitad de los votos. Estas reuniones están previstas para el mes de julio, todavía sin fecha, y se enmarcan en un clima tenso por la reclamación de Cataluña de una financiación singular.
La senda de estabilidad será después aprobada en Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, acompañada del límite de gasto no financiero o techo de gasto para el ejercicio siguiente, que no necesita aval parlamentario.
Conforme a la legislación actual, la senda de estabilidad tiene que ser aprobada tanto por el Congreso como por el Senado, de manera que si una de las dos cámaras la rechaza se devuelve al Gobierno. Es lo que sucedió con la senda de estabilidad 2024-2026, que fue tumbada por la mayoría absoluta del PP en el Senado.
Sin embargo, la senda 2025-2027 llegará a las Cortes con un nuevo marco normativo, ya que el Gobierno ha retirado al Senado su capacidad de veto a través de una enmienda introducida en la Ley de paridad, que quedará definitivamente aprobada el 23 de julio.
La senda de estabilidad debería estar aprobada antes del final de julio, aunque Montero ha planteado la posibilidad de que se retrase a principios de septiembre porque este hito no afecta al calendario presupuestario.
Una vez aprobada la senda de estabilidad e informado el techo de gasto, el Gobierno está en condiciones de presentar el proyecto de presupuestos, que tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros y remitido al Congreso antes del final de septiembre. El Gobierno prevé hacerlo a comienzos de octubre.
A partir de ahí se abre un largo proceso de tramitación parlamentaria que suele extenderse durante unos tres meses, en los que el texto necesita recabar suficientes apoyos políticos para su aprobación. El primer escollo será el debate de enmiendas de totalidad en el Congreso, ya que si no lo supera el proyecto será devuelto al Gobierno.
La legislatura pasada el Gobierno aprobó tres presupuestos consecutivos, pero la mayoría parlamentaria es ahora más compleja, ya que exige el apoyo simultáneo de Junts y ERC en un momento en que se negocia el gobierno de la Generalitat, así como de un Podemos desgajado de Sumar y disgustado con los últimos pactos del Ejecutivo.
Si los presupuestos superan el Congreso tendrían vía libre, ya que aunque la mayoría absoluta del PP los vete en el Senado, la Cámara Baja podrá levantar este veto a su vuelta.
El Gobierno pretende superar la tramitación parlamentaria antes de final de año para que los presupuestos estén en vigor el 1 de enero, "en tiempo y forma". De no ser así, sería necesario volver a prorrogar las cuentas de 2023, ya que el calendario electoral no permitió aprobar un presupuesto nuevo para 2024.
