Fedea concluye que generalizar el concierto vasco solo aumentaría las desigualdades entre territorios

VALÈNCIA. Peor el remedio que la enfermedad. La aplicación del sistema de concierto por el que se financian las comunidades forales (País Vasco y Navarra) al resto de autonomías, entre ellas la valenciana, no solo no acabaría con las importantes desigualdades en el reparto de recursos que existen en la actualidad, sino que estas se acrecentarían todavía más, sobre todo en términos de financiación por habitante.

Esta es la principal conclusión del último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que analiza las consecuencias que tendría la generalización del sistema de concierto a las comunidades de régimen común, con proyecciones que elevan hasta 2.599 euros las diferencias por habitante que existirían entre los mejor financiados con el cambio, los madrileños, y los que saldrían peor parados, los habitantes de Extremadura.

La Comunitat Valenciana, la peor financiada con el actual sistema con 2.178 euros per cápita (2015), incluso empeoraría ligeramente su situación al pasar a 2.160 euros, 0,8 puntos menos.

El informe lleva la firma de Ángel de la Fuente, el experto del Gobierno central en el grupo encargado de realizar una propuesta para la reforma del modelo existente, caducado desde 2014. A su juicio, los argumentos a favor de la generalización del sistema foral de concierto "son muy poco convincentes" porque supondría la renuncia de la Administración Central a la facultad de imponer tributos sobre sus ciudadanos, "algo que hasta donde yo sé no sucede en ningún país del mundo".

El experto cree que las comunidades autónomas pasarían a ser las responsables del grueso del sistema tributario y, por lo tanto, tendrían la potestad de subir los impuestos para financiar los aumentos de gasto, aunque estas podrían optar también por reducir sus aportaciones a la Administración central.

Con todo, la consecuencia más grave sería "un aumento muy considerable de la desigualdad territorial en financiación por habitante ajustado que plantearía serios problemas de equidad", según las proyecciones realizadas en el informe.

La percha en la que se basa el estudio fue la propuesta del lehendakari Íñigo Urkullu, lanzada en plena oleada de críticas por el arreglo con el Gobierno central para renovar el cupo, para utilizar el concierto vasco como referencia en la reforma del sistema de financiación de las comunidades de régimen común, más descentralizado y con la corresponsabilidad fiscal como base de un reparto más eficiente de los recursos para financiar el estado del bienestar.

Al respecto, el director de Fedea asegura en este nuevo informe que ello no sería una buena idea, ni con criterios de eficiencia ni de equidad. De la Fuente, de hecho, propuso recientemente una revisión "en profundidad" del cálculo del cupo vasco, dado que actualmente el importe del mismo es "fruto directo de un pacto político, que después se viste con el ropaje de la Ley del Concierto", y se ajusta la valoración de las cargas del Estado no asumidas "de la forma que sea necesaria" para llegar a la cantidad final pactada.

Para el experto, el sistema foral del País Vasco y Navarra se ha aplicado "de una forma muy cuestionable", con resultados "extraordinariamente ventajosos para los territorios forales, que disfrutan gracias a ello de niveles de financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas muy superiores a los del resto de las comunidades".

Alteración "dramática" del equilibrio

Tal y como se encarga de recordar el estudio, en el "régimen común", que rige la forma en la que se financian todas las demás autonomías, la capacidad normativa sobre los diferentes impuestos y la gestión de la recaudación se reparten, en proporciones diferentes, entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Ello les permite tener ingresos tributarios propios que pueden modular al alza o a la baja. Con el sistema de concierto, las comunidades forales regulan y recaudan la mayoría de los impuestos y transfieren al Estado una parte –lo que se conoce como cupo– para ayudar a financiar competencias que no les han sido transferidas.

Pues bien, de generalizarse este sistema, se alteraría "dramáticamente" el equilibrio de poder entre administraciones en detrimento de la Administración General, que quedaría a expensas de la "generosidad" de las comunidades, que tendrían la llave de la caja y podrían caer en la tentación de reducir sus transferencias al Estado. Una de las consecuencias, según De la Fuente, sería el aumento de la prima de riesgo española. "Con todos sus defectos, el actual modelo de régimen común encarna una opción de tipo federal que ha demostrado ser la mejor fórmula existente para organizar un estado descentralizado", sostiene.

Pero la principal consecuencia sería un aumento muy importante de las diferencias entre territorios en los recursos que el sistema destina a financiar los servicios básicos, tal y como se observa en la tabla superior (cuadro 3). El sistema de concierto generaría más desigualdades en el reparto de recursos entre comunidades de las que ya existen actualmente.

La Comunitat Valenciana, la más perjudicada con el sistema vigente, mejoraría ligeramente su posición respecto a la media, pero las más beneficiadas serían Baleares, Cataluña y, sobre todo, Madrid. Todo ello calculando la aportación de cada comunidad al Estado solo en función de su PIB.

Las disparidades serían aún peores si los cupos reflejasen en parte la población además del PIB. Tal y como se observa en la siguiente tabla (cuadro 4), la dispersión de los índices de financiación relativa aumentaría todavía seis puntos más, de forma que la región más rica ganaría nada menos que veinte puntos más de financiación relativa, mientras que la más pobre perdería diez.

Según el estudio, con el sistema de cupo saldrían ganando las regiones con mayor capacidad fiscal, "que tienden a ser las de mayor renta. No obstante, también juegan otros factores que mejorarían la posición relativa de regiones como Baleares, que por ejemplo saldría mejor parada que la Rioja y Aragón pese a tener un PIB per cápita menor. El motivo sería su elevada recaudación tributaria ligada al turismo, sobre todo en los impuestos al consumo.