Fedeca pide a López negociar el mantenimiento de Muface, que ahorraría más de 1.000 millones al año

VALÈNCIA (EP). La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha pedido de nuevo este lunes al ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que se siente a negociar con su organización el mantenimiento de la asistencia sanitaria de Muface "para no dejar colgados" a sus 1,5 millones de mutualistas.

Durante una rueda prensa organizada por Fedeca y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca, ha advertido de que "no existen argumentos económicos ni jurídicos" para eliminar el concierto sanitario de Muface y pasar los funcionarios al sistema público, máxime cuando el gasto por mutualista es más de 1.000 millones de euros menor que el coste por paciente del sistema sanitario público: 1.030 euros frente a 1.736 euros.

Esta diferencia de unos 700 euros por mutualista se traduce en un ahorro total estimado de más de 1.000 millones de euros al año para el Estado. Todo esto sin sumar las inversiones que serían necesarias para incorporar a los nuevos beneficiarios si se desmantelase Muface, ha apuntado la presidenta de Fedeca.

Además, si se analiza la evolución en el último lustro, el gasto en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha incrementado "sustancialmente más" que las primas de Muface, un 41% frente a un 16%, sostiene Fedeca.

Desde Fedeca, avisan además de que trasladar a los empleados públicos al sistema nacional de salud "sobretensionará" a comunidades autónomas donde las listas de espera ya son muy elevadas, especialmente Castilla y León, Andalucía, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a la que habría que sumar Madrid si se añadiera el componente de la edad.

Fedeca alerta además de que desmantelar Muface supondría la inmediata incorporación de un millón de nuevos usuarios al SNS, "provocando una sobrecarga insostenible para un sistema ya tensionado". Así, según la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, las listas de espera aumentarían en un 266% en el caso de las consultas externas y en un 115% para las intervenciones quirúrgicas.

Ercoreca ha denunciado que, dentro del colectivo de Muface, los más perjudicados por su desaparición serían los mayores, pues la edad media de los mutualistas supera los 50 años y hay quienes ya están en tratamiento o padecen enfermedades crónicas, lo que hace muy difícil que puedan ser aceptados ahora en un seguro privado.

También ha expresado su preocupación por la situación de los 8.000 empleados públicos destinados en el exterior, ya que gran parte de los países en los que se encuentran carecen de un sistema de salud público o éste es muy deficiente. Además, en muchos de estos países el riesgo de contraer enfermedades y su gravedad sitúa a estas personas en una situación de mayor vulnerabilidad.

"Queremos que negocie con nosotros para garantizar que el día 1 de enero, que va a llegar muy pronto, podamos ofrecerle una respuesta a ese millón y medio de funcionarios y garantizarles esa prestación sanitaria. (...) Lo que demandamos es que nos hagan caso, que justifiquen por qué van a gastarse más dinero en un sistema nacional sanitario cuando esto está suponiendo un ahorro y que se sienten a dialogar con las asociaciones que estamos involucradas. Se han reunido con CSIF, con UGT y con CCOO, pero no con Fedeca", ha expuesto Ercoreca.

Críticas al "sectarismo" de Mónica García

En la rueda de prensa han participado varios integrantes de Fedeca, como el abogado del Estado y expolítico Edmundo Bal, quien ha instado al ministro López a negociar una póliza colectiva para todos los funcionarios en la que incluso ha llegado a sugerir el establecimiento de un posible copago para que una parte la sufragara el funcionario y otra el Estado.

No obstante, la presidenta de Fedeca ha matizado posteriormente que su organización no está abierta a un copago, sino a negociar con el ministro de Función Pública para garantizar la prestación sanitaria a los 1,5 millones de mutualistas.

Tanto Edmundo Bal como Mario Garcés, interventor del Estado, han cargado duramente contra el Ministerio de Sanidad y su titular, Mónica García, por su "infumable" informe contra la asistencia sanitaria de Muface y su recomendación para que sus mutualistas pasen al sistema público, una idea, que según denuncian desde Fedeca, es fruto del "sectarismo" y de "la ideología pura" de una parte del Gobierno.

"¿Éste es un conflicto de raíz ideológica o de necesidad económica y presupuestaria? ¿O realmente han hecho un conflicto ideológico de un problema económico-presupuestario? ¿O realmente se han enfrentado nuevamente las dos almas del Gobierno? Por una parte, Función Pública busca una solución razonable y continuista y, de pronto, surge el fundamentalismo del Ministerio de Sanidad", ha criticado Garcés.

Edmundo Bal ha criticado que se hable de los funcionarios como unos privilegiados y "señoritos" y se les pida que se paguen su seguro privado cuando hay funcionarios que son mileuristas y que no podrían afrontar ese gasto.

Bal ha argumentado además que si una empresa privada quisiera eliminar el seguro médico que da a su plantilla como parte de su retribución en especie no podría hacerlo porque supondría una modificación sustancial de las condiciones laborales. "A un contratado laboral no podrían hacérselo, quitarle el seguro privado, porque sería un derecho adquirido", ha señalado Bal.

"Pero a nosotros Zapatero y Rajoy nos bajaron el sueldo y se nos expropió una paga extra de Navidad. Esto es un contratado laboral, no se lo pueden hacer. Al funcionario sí, porque no tenemos derechos adquiridos. Los funcionarios pagamos nuestras medicinas incluso cuando estamos jubilados. Los de la Seguridad Social no, tienen todas las medicinas gratis", ha apuntado Bal, que ha añadido que si la intención es igual a los funcionarios con el resto de los trabajadores, que sea para todo "y no sólo para lo malo".

Acceso a la Función Pública y riesgos de transferir competencias a CCAA

Durante este encuentro con la prensa, Fedeca ha rechazado los cambios en los procesos de acceso y promoción a la Función Pública y ha lamentado que no se haya producido "el necesario diálogo" con el Ministerio ante una reforma como la que plantea el proyecto de ley de Función Pública.

Según denuncia Fedeca, todos los sistemas de acceso específicos para cada cuerpo se sustituirían por una única prueba de tipo test, "algo que atentaría" tanto contra la profesionalidad como contra la calidad del servicio, "erosionando los principios de mérito y capacidad".

Al mismo tiempo, Fedeca ha expresado su preocupación ante la posible "quiebra" de las competencias que son exclusivas del Estado para garantizar la igualdad.

Así, ha advertido de que la cesión de la gestión, inspección y recaudación fiscal a otras comunidades autónomas supondría "la ruptura del sistema de información único, una herramienta fundamental para el día a día de los ciudadanos y las administraciones".

Según ha denunciado Ana Herrán, inspectora de Hacienda del Estado y miembro de Fedeca, la ruptura de este sistema único supondría mayor burocracia para el contribuyente y una lucha contra el fraude "menos eficaz".