VALÈNCIA. La pieza sobre el presunto blanqueo cometido en el grupo del PP en el Ayuntamiento de València que se investiga dentro de la macrocausa de Taula lleva años con la instrucción dada por finalizada, pero el juzgado así lo ha hecho constar ya de manera formal en un escrito.
El motivo de este pronunciamiento se remonta a diciembre de 2018, cuando la Fiscalía pidió, ante la expiración del plazo, prorrogar un año más la investigación, centrada en el llamado pitufeo: los imputados –entre ellos nueve de los diez concejales de entonces y la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster– habrían realizado una aportación de mil euros para la campaña electoral de 2015 que después se les habrían devuelto en dos billetes de 500. En total, un supuesto blanqueo de 50.000 euros que posteriormente se amplió a presunto delito electoral.
Las defensas recurrieron esta petición de Anticorrupción y la contestación a todos ellos ha llegado dos años después por parte de la juez sustituta de Instrucción 18 –el titular se encuentra de baja–. En ella indica que, debido al tiempo transcurrido sin que hubiera resolución sobre los recursos ni sobre la solicitud de prórroga, ésta no se puede realizar y es innecesario emitir pronunciamiento alguno.
De este modo, da por finalizada la instrucción de la pieza, cuya parálisis tan criticada ha sido por los imputados. La defensa de la exedil Beatriz Simón dirigió un escrito el pasado noviembre al juzgado con un nuevo recordatorio de peticiones no respondidas desde hacía tres años. Compromís también pidió explicaciones al respecto.
Ahora, la juez tendrá que acelerar los próximos pasos: o archivo de la causa o auto de procesamiento para los investigados. La semana pasada ya emitió el primero respecto a la pieza relativa a la supuesta adjudicación de contratos de manera discrecional por parte del Ayuntamiento de València a la empresa Thematica Events, que habrían conllevado desvío de fondos públicos y blanqueo. Es posible que detrás de este pronunciamiento lleguen el de los conocidos como 'zombies' de Imelsa y el del 'call center' de la empresa pública, de modo que el del blanqueo en el grupo municipal podría tardar más.
Junto al escrito sobre la prórroga de la instrucción, la juez ha emitido otro en el que rechaza, también dos años después, la personación como acusación particular de la Fundación Turismo Comunitat Valenciana. Los ingresos de la entidad en el periodo que se investiga, razona, proceden mayoritariamente de transferencias efectuadas desde el consistorio, por lo que se nutre de fondos públicos. Su posición sería, por tanto, la de responsable civil subsidiario.