Luis Esteban, quien fuera presidente de Terra Mítica, y Miguel Navarro, director general. EFE/Juan Carlos CárdenasVALENCIA (EP). La fiscal encargada del caso Terra Mítica, en el que se ha investigado un fraude en la construcción del parque temático de Benidorm, espacio impulsado por el que fuera presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, ha aumentado la petición de pena para el expresidente del parque Luis Esteban, para quien ahora reclama 8 años y 10 meses de cárcel frente a los 7 que le solicitaba inicialmente.
Por otro lado, ha rebajado la pena para otros tres exresponsables: el ex director general Miguel Navarro; el exjefe del departamento de Contratación Justo Valverde y el ex director técnicos Antonio Rincón. Para estos tres acusados solicita entre 8 años y 4 meses y 8 años y 10 meses frente a los 10 iniciales.
Así lo ha expuesto la fiscal este miércoles en una vista destinada a las conclusiones del juicio, en la que ha concretado que su acusación se dirige contra 28 personas y ha insistido en la existencia de una trama de facturas falsas que "permitió" el desvío de dinero público en beneficio de "unos cuantos". Para explicar este fraude al tribunal, el ministerio público se ha apoyado en unos documentos que ha exhibido en PowerPoint.
Durante su exposición, la fiscal ha insistido en que la trama en Terra Mítica "ha quedado más que probada" con la diferente documentación que obra en la causa, los nuevos interrogatorios a acusados que en el juicio sí han querido declarar --pese a que no lo hicieron en fase de instrucción--, y nuevos testigos que se han podido localizar y que han aportado "nuevos datos". Estas premisas le han permitido incrementar las peticiones de pena para algunos acusados.
Entre ellos, figura Luis Esteban, para quien la fiscal pide 8 años y 10 meses de prisión por delitos de estafa, contra la Hacienda Pública y delitos continuados de falsedad en documento mercantil. Este acusado defendió durante el juicio que "todas" las decisiones pasaban por el consejo de administración y responsabilizó al ex director económico --no imputado-- de los gastos y cobros. Sin embargo, el ministerio público le achaca haber permitido el fraude.
Lo mismo opina de los otros tres exresponsables del parque acusados en este procedimiento. En concreto, ha expuesto que durante el juicio ha quedado probada la "connivencia, complicidad y confabulación" entre el presunto cabecilla de la trama, el empresario Vicente Conesa -para quien solicita 26 años y 4 meses de cárcel--, y los exresponsables del parque, que "consintieron" un "trato de favor" al empresario y posibilitaron la interposición de empresas pantalla para multiplicar el precio de los trabajos.
Estos responsables --ha agregado-- "también permitieron facturación a precios muy superiores a los del mercado, sobrevaloración de trabajos o emisión de facturas por trabajos no realizados".
Junto a Conesa, la fiscal pide penas muy elevadas para otros empresarios: Antonio Moreno Carpio -48 años y 10 meses frente a los 53 y 4 iniciales--; José Luis Rubio -43 años y 10 meses frente a los 41 y 5--; y Ginés Avilés -28 años y 4 meses--. También reclama 25 años y 10 meses para la mujer de Conesa, Matilde Ripoll; y otros 16 años y 10 meses para Alfonso Gómez, quien pese a que figuraba en la causa como empresario, durante el juicio declaró que era un indigente alcohólico y que aceptó figurar como administrador de una empresa que facturó 226 millones y medio de pesetas por obras en el parque porque le ofrecieron "un sitio donde dormir".
La fiscal ha subrayado la "posición ventajosa" de Conesa -quien dirigía las empresas C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos Instalaciones y Mantenimientos-- en las negociaciones con Terra Mítica, propietaria del parque, "pero también con la Sociedad Pública Parque Temático de Alicante". "No solo consiguió -ha agregado - que se concedieran obras a sus sociedades, sino el hecho de que C3 fuese llamativamente contratada para controlar la ejecución de muchas de las obras que le estaban siendo adjudicadas".
También ha insistido el ministerio público en la obtención de un "importante beneficio" por parte de distintas mercantiles "fruto de las posiciones ventajosas de los propietarios de las mismas" y en la creación de un entramado de facturación ficticia "que permitió que los acusados se pudiesen deducir gastos inexistentes en Impuestos de Sociedades o en cuotas de IVA irreales, y sacar dinero tanto de Terra Mítica como de la Sociedad Pública".
En esta línea, la fiscal entiende que en esta trama se permitió la creación de un mecanismo financiero que "permitió aparejar el pago de facturas y la recaudación de dinero en efectivo convirtiéndolo en opaco para la Hacienda Pública. Dinero que sirvió para pagar a empresas de un tercer nivel y para el enriquecimiento personal de personas participantes en los hechos que constan en la causa", ha expuesto.
Junto a ello, el ministerio público ve probado el pago de comisiones, concesión de ventajas, dádivas o trabajos gratuitos personales "a personas de la organización". También ha relatado la apertura de cuentas en una entidad de Andorra "donde se ingresó parte del dinero obtenido por la facturación ficticia presentada a Terra Mítica", así como la confección de documentos 'ad hoc' presuntamente simulados, tales como cartas, presupuestos o contratos "para justificar ante Hacienda la realidad de las contrataciones".
Por su parte, las defensas han aprovechado su turno de palabra para elevar a definitivas sus conclusiones, solicitar la libre absolución de sus representados y, como alternativa, en caso de condena reclaman que se apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas y de cuasi-prescripción.
La causa partió de una denuncia de la Fiscalía en 2005, investigaba al parque temático y a una veintena de empresas más por un presunto fraude fiscal valorado inicialmente en 4,4 millones de euros. La fiscal ha rebajado el número de acusados hasta sumar 28, frente a los 34 iniciales.
