VALÈNCIA (EP/VP). La Fiscalía Anticorrupción ha llegado a un acuerdo con el exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni -los dos principales acusados en el caso por irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto de un hospital en Haití que nunca se llevó a cabo- por el que los dos procesados reconocerán los hechos por los que se sientan en el banquillo y aceptarán penas de tres años y medio de prisión.
Este pacto se enmarca en el segundo juicio del caso, que arrancó formalmente el pasado lunes, y en el que se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación -2 y 3- sobre las que Instrucción número 21 de València dio por concluida la investigación en 2017 por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
Por estas piezas, Anticorrupción solicitaba 16 años de cárcel para Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que reclamaba el fiscal es para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel.
También reclamaba que se le fijara una multa de 3.136.800 euros y el decomiso de sus dos apartamentos de Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EEUU de diferentes sociedades por un delito de blanqueo de capitales. Blasco ya fue condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso y permanece en régimen de semilibertad desde febrero, tras acceder al tercer grado después de su paso por prisión.
En esta causa se juzga en total a 24 personas, entre ellos la excúpula en la Conselleria de Solidaridad (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.
En el caso del exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal. El juzgado encargado de la instrucción adoptó en su momento medidas para asegurar las responsabilidades pecuniarias, que en el caso Blasco se fijaron en 8,2 millones de euros.
Hasta ocho millones se establecieron para Augusto César Tauroni y para Llinares --para el resto de ex altos cargos son menores-- y de 3,6 millones al propio Darder. En su momento, el fiscal que se encargó de la investigación de la mayor parte del caso y que dirigió la acusación pública en el primero de los juicios también alcanzó acuerdos previos con Blasco y Tauroni. Sin embargo, tras el nombramiento de Torres como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el fiscal de Anticorrupción Jesús Carrasco se hizo cargo de la causa y tumbó dichos pactos.
Ahora Carrasco ha llegado a acuerdos con Blasco, Tauroni y otros acusados en este proceso. Los pactos con estos dos acusados se han formado únicamente con la Fiscalía, mientras que las otras dos acusaciones, la Abogacía de la Generalitat como acusación popular y la Coordinadora Valenciana de ONGD, en representación de la particular, no han cerrado pactos con el exconseller y con el empresario pero sí al menos con otros cuatro procesados.
De estos acuerdos --con tres empresarios y el secretario de la Fundación Hemisferio, que han consignado dinero en el juzgado o tienen el compromiso de hacerlo-- sí participan todas las partes.
La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia decidió aplazar el pasado 15 de abril hasta el 6 de mayo este juicio ante la imposibilidad alegada por las defensas de abordar la vista con la preparación suficiente y la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el fiscal anticorrupción.
Los abogados de los acusados denunciaron un cambio de criterio de última hora de Fiscalía Anticorrupción en los términos en los que se había alcanzado hasta el pasado 5 de abril un pacto de conformidad con ellos, con lo que esperaban evitar el juicio. Por contra, Carrasco aseguró que este relato era "absolutamente incierto" y opuso a esta petición mayoritaria de las defensas. Al respecto, señaló que para Anticorrupción faltaba la consignación de las responsabilidades civiles, que calificó como "insoslayable e insalvable" para llegar a un acuerdo.
