Fomento descarrila en su plan para liberalizar el AVE a la Comunitat

VALENCIA. Primero iba a ser en mayo. Después, en septiembre. Pero bien entrado el mes de octubre, el departamento que dirige Ana Pastor aún no ha publicado el pliego de condiciones para liberalizar el transporte de pasajeros en España. Las empresas que aspiren a competir con Renfe en la explotación del AVE entre Madrid y la Comunitat, la línea elegida por el Gobierno para aplicar este plan, precisarán varios meses para preparar sus ofertas, lo que impide a Fomento cumplir su objetivo de adjudicar el contrato antes de que concluyese la legislatura.

A dos meses de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, prácticamente todos los agentes implicados sospechan que el pliego no llegará a ver la luz. Algunas de las empresas interesadas en el contrato consideran que, debido a los retrasos acumulados en el plan, es el propio Ministerio de Fomento el que encarrila el proyecto hacia una vía muerta ante la evidencia de que no podrá realizar su promesa.

La orden ministerial que fija las condiciones del pliego fue publicada el pasado 29 de septiembre. Es el primer paso, necesario pero insuficiente para adjudicar la concesión del título habilitante que facultará a un operador privado para competir con Renfe durante un periodo de siete años en llamado corredor de Levante: las líneas de Alta Velocidad entre Madrid y Valencia, Alicante y Murcia.

Con este movimiento, Fomento transmite la impresión de que continúa dando pasos adelante hacia la liberalización. El departamento que dirige Ana Pastor insiste públicamente en que no hay vuelta atrás y que trabaja en la redacción de unos pliegos que verán la luz en las próximas semanas, según explicó recientemente un portavoz de este ministerio a Valencia Plaza. Las empresas, por su lado, insisten en que no hay avances claros. "Fomento está ganando tiempo para que se deje de hablar de un tema que ellos mismos dan por muerto", explica a este periódico un represente de una de las empresas interesadas.

Fomento ha enviado un borrador del pliego a los ministerios implicados, a los que da un mes de plazo para objeciones

Además de la propia complejidad del proceso para abrir a la libre competencia el transporte ferroviario de pasajeros, Fomento se ha encontrado con una serie de dificultades añadidas: el cuestionamiento de las condiciones por parte de empresas, lobbys y órganos consultivos y, sobre todo, problemas en el seno del Gobierno, particularmente del Ministerio de Hacienda.

Según explican a Valencia Plaza fuentes conocedoras del proceso, el departamento que dirige Ana Pastor ya ha enviado un borrador del pliego a los diferentes ministerios implicados para que planteen sus objeciones en el plazo de un mes. Ninguno de los dos puntos más controvertidos que han marcado el proceso está contemplado en ese borrador: la rebaja de cánones que los potenciales adjudicatarios exigen para concurrir al proceso, ni la fijación del precio que estos tendrán que pagar por alquilar a Renfe el material rodante.

La rebaja de los cánones que los operadores deberán abonar al Adif por circular por la infraestructura, destinados a financiar la construcción de la red, siempre ha sido la principal exigencia de las firmas interesadas, entre las que se encuentran ACS, Ferrovial, Acciona, Comsa, OHL y Transfesa, Globalia, Avanza Tren o Alsa Rail. Incluso la aerolínea valenciana Air Nostrum ha creado una filial específica para explorar las condiciones de participar en alguno de los consorcios que probablemente se formalizarán.

El Ministerio de Fomento ya introdujo algunas bonificaciones en el anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario aprobado en marzo para aumentar el interés de las empresas privadas, pero éstas insisten en que, aún así, los números no les salen si no hay una rebaja de alrededor de un 40% en la compleja estructura de bonificaciones que el operador elegido tendrá que pagar por circular por las vías. 

Las empresas avisan de que puede quedar desierto

"La orden es un marco de referencia que debe concretarse en el pliego, pero si no hay una reducción de cánones en línea con el consenso generalizado que pide una rebaja de entre el 30 y el 40%, los números no salen. Pueden sacar el pliego que quieran, pero si no hay rebaja no se va a presentar nadie", advierte una de las empresas.

Y de hecho no parece que vaya a haberla. La prueba más evidente es que los Presupuestos Generales cuya tramitación ha acelerado el Gobierno no contemplan ninguna partida en el Adif indicativa de ese eventual recorte de ingresos. Es la consecuencia, según relatan las empresas, del pulso que el Ministerio de Fomento mantiene con el de Hacienda a cuenta de esta suerte de peajes que abonan las empresas.

A pesar de que las empresas advierten del riesgo de que el concurso quede desierto, el departamento de Cristóbal Montoro no accede a aceptar un recorte de ingresos que sólo podría verse compensado con un aumento sustancial en el número de pasajeros. En 2013, Renfe pagó a Adif más de 500 millones de euros por este concepto.

Competencia y la CEOE instan a Fomento a garantizar condiciones "asequibles" en el material que Renfe alquilará a su competidor

No es el único inconveniente que plantean los operadores. También exigen claridad a la hora de saber cómo tendrán que compensar a Renfe por el uso de sus trenes antes de trazar su plan de negocio. A este cuestionamiento se sumó meses atrás la patronal CEOE, que aseguró que el proceso debería garantizar "el acceso al material rodante en condiciones no discriminatorias y asequibles para los nuevos entrantes".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en un monográfico sobre el proceso, instó al Gobierno a eliminar "asimetrías" del proceso que favorecen a Renfe-Operadora y a "reforzar sus obligaciones en materia de contabilidad de costes, acceso al material rodante y comunicación previa de ofertas comerciales".

El órgano que vela por la libre competencia en los mercados proponía la revisar la estructura actual de cánones por presentar "un diseño muy independiente del tráfico gestionado" y, por ende, "un coste medio mayor para el nuevo entrante que para el operador ya establecido". También apostaba por que Renfe haga públicas antes de la licitación las condiciones de acceso, precios y plazos de suministro de su material a terceros.

El Consejo de Estado también ha planteado numerosas objeciones a la reforma de la ley ferroviaria del Gobierno, también en la parte que regula la apertura del sistema a la entrada de operadores privados. A pesar de emitir un dictamen favorable, el órgano no duda en cuestionar los puntos débiles de la regulación, carencias que atribuye a las prisas del Gobierno por sacar el proceso adelante esta misma legislatura.

La oposición tampoco lo ve claro

Así, entre otras l órgano concluye que la tramitación del anteproyecto de ley fue "precipitada" y no cumple la exigencia legal de ir acompañada de una memoria económica. "Ni contiene un modelo de liberalización del transporte ferroviario suficientemente definido, ni regula las condiciones de la prestación de dichos servicios", plantea el Consejo de Estado en su dictamen.

Este y otros problemas con los que se ha ido encontrado Fomento, agravados por los exigentes plazos autoimpuestos, y las críticas de la oposición a los planes llevan a pensar a algunas de las empresas implicadas que incluso en la próxima legislatura será complicado ver circular trenes de pasajeros en España distintos a los que opera Renfe.

Aunque técnicamente es posible publicar el pliego de condiciones antes de que concluya la legislatura -no existen elementos jurídicos o administrativos que lo impida, la cuestión que cabe plantearse es si Fomento seguirá adelante con un concurso que, en las condiciones actuales, tendría muchas opciones de resultar desierto.