VALÈNCIA. Encontrar una vivienda a un precio asumible se ha convertido en una de las principales dificultades para muchos hogares en España, que ven cómo el coste de comprar o alquilar se aleja de sus ingresos. La huelga general por la vivienda volvió a poner el problema en el centro del debate, con manifestaciones en distintas ciudades para reclamar alquileres más asequibles y mejores salarios. En ese contexto, el economista Benito Arruñada, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, analiza en un informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cómo las decisiones sobre urbanismo, fiscalidad y alquiler contribuyen, a su juicio, a la escasez de vivienda.
El trabajo aborda tanto las dificultades para construir como los obstáculos para que las viviendas existentes lleguen a quienes las necesitan. Arruñada examina cómo los impuestos condicionan las mudanzas, cómo se decide dónde y cuánto se puede edificar y qué efectos tiene la regulación del alquiler sobre la disposición de los propietarios a ofrecer sus inmuebles. Su diagnóstico atribuye un peso determinante a las decisiones públicas. "Las restricciones a construir, transmitir y contratar generan escasez y perjudican especialmente a quienes buscan vivienda", sostiene.
Pagar menos al cambiar de casa
En materia fiscal, el informe propone rebajar los tipos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) para reducir el coste de cambiar de vivienda. Una persona mayor que quiera pasar a un piso más pequeño y accesible, por ejemplo, tiene que incluir los impuestos de la nueva adquisición al calcular si le compensa la operación. Si ese coste le lleva a quedarse donde está, también se retrasa la puesta en el mercado de la vivienda que dejaría libre.
El autor plantea, además, tener en cuenta la inflación al calcular las plusvalías y los incrementos patrimoniales. La idea es descontar del aumento del valor de la vivienda la parte que se debe a la subida general de los precios durante el tiempo en que se ha tenido en propiedad. Según el informe, gravar mucho las transmisiones y relativamente poco la tenencia "penaliza la movilidad y la adaptación de la vivienda a las necesidades familiares, favoreciendo su infrautilización".
Para compensar la pérdida de ingresos, Arruñada contempla recaudar más a través del IBI o el IRPF. En su diagnóstico señala que el IBI es relativamente bajo y que en el IRPF no se imputan rentas por la vivienda habitual. El informe deja abiertos el impuesto que se utilizaría, la cuantía de la eventual subida y los propietarios a los que afectaría. También recoge la posibilidad de recurrir a otros ingresos o reducir el gasto, y apunta a la necesidad de coordinar la financiación autonómica y municipal.
Quién puede bloquear un desarrollo urbanístico
La segunda línea de actuación se sitúa antes de que un promotor solicite una licencia. El informe cita estimaciones recogidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sitúan entre diez y quince años el tiempo necesario para urbanizar suelo, con casos que superan los veinte. Agilizar la concesión de licencias puede acortar el trámite final. Las posibilidades de construir dependen también de decisiones previas sobre qué usos admite el planeamiento y cuántas viviendas caben en cada zona.
Arruñada atribuye parte del problema a la distribución de la capacidad de bloquear un desarrollo entre distintos propietarios, administraciones y otros agentes. El informe recoge obstáculos derivados de la propiedad fragmentada del suelo y de los informes sectoriales necesarios para tramitar los proyectos. Según su diagnóstico, varios actores pueden impedir que una actuación avance, aunque ninguno asuma íntegramente el coste de que esas viviendas dejen de construirse. Esa incertidumbre puede retrasar las inversiones y encarecer las promociones.
A ello se suma la distancia entre el suelo que figura en los planes y el que está preparado para construir. "La abundancia de suelo previsto en los planes no equivale a disponer de suelo urbanizado donde se concentra la demanda", advierte. Parte de los desarrollos pendientes se encuentra fuera de las zonas donde se necesitan más viviendas y otra parte todavía requiere las actuaciones de urbanización. Por tanto, la disponibilidad depende también de su localización y de que pueda transformarse efectivamente en suelo listo para edificar.
Su propuesta pasa por revisar qué intereses justifican paralizar un proyecto y en qué casos cabe proteger a los afectados mediante una indemnización. Arruñada plantea resolver esas cuestiones antes de comprometer las inversiones. También propone ampliar los usos y densidades permitidos, lo que podría traducirse en permitir el uso residencial donde ahora está restringido o admitir más viviendas en determinadas zonas, incluida la posibilidad de aumentar la altura de los edificios.
El informe pide, además, evaluar el coste de las prestaciones adicionales que se exigen a la obra nueva. Según el autor, esas exigencias pueden mejorar la calidad de los inmuebles que se construyen y elevar a la vez su precio de entrada. "Imponer prestaciones adicionales puede así excluir a quienes solo pueden pagar una vivienda más sencilla", señala. Su planteamiento incorpora al debate el coste que estas decisiones tienen para las personas que querrían vivir en una zona y todavía carecen de vivienda en ella.
Más margen para pactar el alquiler
En el alquiler, Arruñada señala que las medidas para abaratar los contratos pueden dificultar el acceso de quienes siguen buscando vivienda. El informe cita un estudio sobre la regulación catalana de 2020 que estima que los precios del alquiler fueron cerca de un 5% inferiores a los que habría habido sin esa regulación, pero también que se firmaron alrededor de un 10% menos de nuevos contratos. "La protección del contratante actual perjudica al que busca contratar", sostiene el catedrático.
Según el autor, limitar las rentas, imponer prórrogas o dificultar la recuperación del inmueble puede llevar a algunos propietarios a retirar su vivienda del mercado o a exigir mayor solvencia a los candidatos. Los seguros de impago reducen el riesgo para el arrendador, señala, aunque sus requisitos también pueden dejar fuera a personas con ingresos más bajos o inestables. Arruñada propone dar más libertad para pactar el precio y la duración de los contratos y facilitar su cumplimiento.
Para los hogares vulnerables, el economista plantea financiar la asistencia con cargo a los presupuestos públicos, de modo que el coste de esa protección se reparta entre los contribuyentes. La eficacia de las ayudas, añade, depende también de que haya viviendas disponibles. Si la oferta apenas puede crecer, parte del dinero destinado a ayudar a los hogares puede acabar trasladándose al precio del alquiler.