Foto: Gabriel Luengas - Europa PressVALÈNCIA. (EP) Funcionarios de la Administración de Justicia han acordado mantener la huelga indefinida que empezaron el pasado 17 de abril con paros parciales y endurecieron el 22 de mayo con paros totales pese al adelanto electoral al considerar que "no existe impedimento legal" para que el Gobierno negocie con los sindicatos en aras de "solucionar" el conflicto.
"A pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas realizado por el presidente del Gobierno, no estamos ante un Gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas. El Gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de julio", han comunicado este lunes los sindicatos.
Desde CSIF, STAJ, CCOO y UGT han insistido en que "existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018", por lo que han exigido al Ministerio de Justicia que "no utilice el anuncio realizado por el presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad".
Está previsto que este martes, a las 12.00 horas, se manifiesten frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz toda vez que el comité de huelga ha comunicado este lunes que mantiene el parón y las manifestaciones que tenía previstas para toda esta semana después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara esta misma mañana que disolvería las Cortes Generales y convocaría elecciones anticipadas para el 23 de julio.
Los sindicatos se han reunido esta tarde tras haberse enterado esta mañana, cuando se dirigían a la concentración convocada frente al Ministerio de Justicia, de la decisión del Gobierno. Está previsto que este martes, a las 9.30 horas, celebren también una asamblea general.
"Exigimos al presidente del Gobierno que intervenga en el conflicto obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida", ha señalado el comité de huelga en su comunicado.
Al hilo, los sindicatos han anunciado que este martes registrarán un escrito del comité de huelga al presidente Sánchez "reclamando su intervención" y uno similar se dirigirá a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "como representante de la otra parte del Gobierno de coalición". Sobre este extremo cabe recordar que los funcionarios ya habían enviado una carta al jefe del Ejecutivo pidiendo que intercediera en las negociaciones.
Esta misma mañana, en la concentración frente a Justicia, Javier Hernández, de CCOO, aseguraba en declaraciones a la prensa que este se trata de un "escenario complejo, porque al anunciar elecciones generales, anuncia también la disolución de las Cortes y, por tanto, todas las cuestiones normativas que se tengan que aprobar van a quedar en suspenso". "Tenemos un escenario complicado que nos ha obligado esta nula negociación del Ministerio de Justicia", añadía.
Al hilo, tanto Hernández, como Alberto García, de STAJ, recriminaban a Justicia el "no haber negociado" hasta ahora. "Ha dejado completamente tirado a los trabajadores", subrayaba García.
Fuentes cercanas a la negociación han indicado a Europa Press que desde el Ministerio tenían previsto convocar a los funcionarios esta misma semana para celebrar una reunión, pero el anuncio de Sánchez ha modificado la agenda.
Los funcionarios habían endurecido la huelga el pasado 22 de mayo para reclamar que se reanudasen las negociaciones que se vieron frustradas el 24 de abril. Entre sus reivindicaciones reclaman una subida salarial de hasta unos 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios, en línea con la pactada con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y con jueces y fiscales.
Los 46,7 millones de euros que el Ministerio ha desembolsado para los 8.000 jueces y fiscales representan casi el doble de los 22,7 millones de euros que consiguieron los 4.000 LAJ tras dos meses de huelga, pero se queda por debajo de los 200 millones de euros que exigen los casi 45.000 funcionarios.
Además, solicitan que se paralice la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa que, según los convocantes, el Ministerio Justicia quiere "imponer, sin negociar", poniendo "en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas".
Lo cierto es que tras el anuncio de elecciones anticipadas, tanto la Ley de Eficiencia Organizativa como las otras dos leyes de eficiencia --insignias del Ministerio-- quedarán paralizadas con la disolución de las Cortes Generales. También quedarán suspendidos otros textos impulsados por el equipo de Pilar Llop, como la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos.
Al margen del conflicto de los funcionarios con Justicia, había quedado superado el de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el de jueces y fiscales. Sin embargo, este mismo lunes el Colegio Nacional de Letrados (CNLAJ) y la Unión Progresista de LAJ (UPSJ) han emitido un comunicado en el que han pedido una "reunión urgente" con el Ministerio para garantizar que se ejecute la subida de 450 euros que pactaron el pasado marzo tras dos meses de huelga, todo ello ante el anuncio de elecciones anticipadas.
Según han incidido ambas asociaciones, los reales decretos de retribuciones que se encuentran en trámite "no deberían ver retrasada su aprobación definitiva por cuanto su tramitación no requiere de la intervención de las Cortes Generales". Así las cosas, han asegurado que estarán "atentos al cumplimiento de todo lo acordado", que, según han recordado, "debe verse reflejado en la nómina de julio".
Fuentes cercanas a aquella negociación han incidido a Europa Press en que el acuerdo firmado entre el Ministerio y el comité de huelga de los LAJ pasó por el Consejo de Ministros del pasado 25 de abril, por lo que, según han apuntado, no debería haber problema alguno para su cumplimiento.
Aún está pendiente, sin embargo, de que pase por el gabinete ministerial el acuerdo que rubricó el equipo de Llop con jueces y fiscales. No obstante, fuentes presentes en dicha negociación han insistido en que este pacto estaría amparado por la figura de la Mesa de Retribuciones, aunque pudiese ver retrasada su tramitación.
Hasta el momento, ninguna de las seis asociaciones de jueces y fiscales que firmaron el acuerdo han reclamado una cita con el Ministerio como han hecho los LAJ.
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