Pere Fuset Foto: KIKE TABERNERLa casualidad ha querido que la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de ratificar la apertura de juicio oral para el concejal Pere Fuset por la muerte de un trabajador en el montaje de unas gradas haya coincidido en el tiempo con el acuerdo entre la Fiscalía, las acusaciones particulares y los procesados para evitar un largo juicio, también en la Audiencia Provincial, por el accidente del Metro de València que provocó 43 muertos y 47 heridos.
Dos casos que han supuesto la petición de responsabilidad penal por un lado y política por otro, aunque a veces se confunden, a responsables públicos por accidentes mortales. Las comparaciones son odiosas, pero inevitables porque permiten calibrar la medida de las cosas. Comparación no significa equiparación, aclaro para los idiotas.
El caso de accidente del Metro se ha resuelto con una sentencia de conformidad en la que cuatro de los ocho acusados admiten una pena de 22 meses de prisión –no irán a la cárcel– por no haber implementado en el Metro de València unas medidas de seguridad que, según la sentencia, habrían evitado el accidente.
"Los acusados, miembros del Comité de Seguridad en la circulación con poder de decisión, no previeron la limitación de velocidad de forma mecánica en la curva de autos. Tampoco a lo largo del túnel se instaló ni reprogramó baliza alguna que garantizara la velocidad a 60 km/h, lo cual debe ser considerado como una infracción muy grave pues, si esa velocidad hubiese quedado garantizada, las posibilidades de descarrilamiento, según los expertos, son mínimas", decía el escrito de acusación admitido por los cuatro condenados.
Siempre pensé que no era un delito no tener implementadas todas las medidas de seguridad disponibles en el mercado que no eran obligatorias. Ahora mismo, seguro que existen nuevas y mejores medidas de seguridad ferroviaria –y más caras– que no están instaladas en la red de Metrovalencia ni en la mayoría de los miles de kilómetros de red ferroviaria que tenemos en España. En otras palabras –y este debate jurídico sin acritud lo he tenido con mi compañera Loreto Ochando, que no es de la misma opinión–, coincidía con la magistrada instructora Nieves Molina en que el único responsable penal –subrayo lo de penal– del accidente era el maquinista fallecido por poner el tren a 80 km/hora en un tramo de 40. Aunque, dadas las circunstancias y la sensibilidad social por este caso, yo en lugar de empeñarme en archivar la causa habría dejado que fuese el tribunal el que resolviese la controversia, como finalmente ha ocurrido.
La responsabilidad penal por accidentes en instalaciones públicas es siempre controvertida y difícil de probar. El otro día archivaron el caso del desfibrilador que no funcionaba desde hace años en la Ciudad de la Justicia, a petición de la Fiscalía y en contra de la opinión de la familia, porque la víctima mortal –que no era juez ni fiscal, sino un pobre desgraciado– tenía todos los números para sufrir un infarto y no está probado que hubiese sobrevivido de haber funcionado el desfibrilador.
La prueba de que el fiscal del caso del Metro no las tenía todas consigo para poder demostrar la culpabilidad de los acusados es que ha buscado un acuerdo que en cierto modo alivia a las víctimas de tanto dolor en su lucha de 13 años y medio para que alguien asumiera la responsabilidad de este accidente. “0 responsables”, era su grito de dolor.
Lo triste es que han tenido que conformarse con una responsabilidad penal cogida con pinzas para compensar la falta de responsabilidad política, que es el verdadero delito de Francisco Camps, su conseller García Antón (QEPD) y la que era gerente de FGV Marisa Gracia, entre otros muchos. Esta última ha quedado absuelta, junto a tres directivos más que no firmaron el acuerdo con el fiscal, pero eso no borra su miserable comportamiento en esta tragedia, primero al no dimitir y después al tratar de ocultar la verdad dificultando la investigación.
El final del caso del Metro ha coincidido, como decía, con la confirmación del procesamiento de Pere Fuset. A la vista de lo relatado por el juez instructor y por la Audiencia Provincial, el concejal de Compromís necesita también un buen acuerdo con la acusación particular –el fiscal no le acusa– porque los hechos, si se demuestran, son muy graves. Hablamos de un accidente laboral, ámbito donde las responsabilidades por omisión están mucho más definida, por el montaje de una grada ordenado personalmente por Fuset, "al margen de la legalidad y despreocupándose de las medidas de seguridad para los trabajadores", según la Audiencia.
"Al margen de la legalidad" significa que este fue uno de los cientos de encargos a dedo que el Gobierno de Joan Ribó ha hecho por el método de trocear contratos, en este caso con un "trueque o compensación ilegítima" –tu explotas el quiosco y a cambio me pones la grada gratis–, que podría acarrearle al concejal otro procesamiento por prevaricación.
Más allá de la responsabilidad penal, que como en el caso del Metro corresponde dilucidar a los tribunales, está la responsabilidad política. Cabe destacar que en lo personal el concejal no ha actuado ante la familia con la indignidad ni la chulería de los responsables políticos del Metro sino todo lo contrario, pero la responsabilidad política es algo más que acompañar a la familia.
Y como en el caso del Metro, Fuset no ha asumido la responsabilidad política por la muerte de un trabajador de 47 años, con dos hijas que también quieren justicia. No se la ha pedido Ribó ni sus compañeros de partido que tanto apoyaron a los familiares de las víctimas del Metro y tantas responsabilidades políticas exigieron. ¡Adivina quién se la ha reclamado! Sí, el PP.
