Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. El resultado de las oposiciones de 2016 convocadas por la Generalitat Valenciana en algunas categorías han generado cierta inquietud en la administración valenciana. Como publicó Valencia Plaza, algunas de las plazas ofertadas en la Oferta Pública de Empleo han quedado vacantes y en otras escalas, incluso, la convocatoria se ha declarado desierta como es el caso de Abogacía de la Generalitat.
Una circunstancia sobre la que este martes se pronunció la consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, en el desayuno organizado por Fórum Europa Tribuna Mediterránea. La también responsable de Justicia explicó que si los opositores no demuestran los conocimientos necesarios en el proceso selectivo "lamentablemente" no se les puede aprobar.
Sin embargo, se mostró partidaria de hacer un replanteamiento del actual sistema de oposiciones. "Las oposiciones no pueden ser solo un proceso memorístico. Yo soy partidaria de modernizar, de incorporar nuevas técnicas y de trabajar en la configuración de nuevos temarios", explicó tras poner de ejemplo cómo se llevan a cabo estos procesos selectivos públicos en Europa, donde "se tiene en cuenta los conocimientos del opositor, pero prima la experiencia y habilidades para el cargo que aspira a ocupar".
En este sentido, Bravo manifestó que esta debe ser la legislatura en la que se aborde este tipo de reformas a través de la nueva Ley de Función Pública para contar con un mejor acceso a los empleos públicos y la modernización del sistema.
Cambios que, además, no solo pudieran alterar la tipología de pruebas, sino que sirvieran también para "motivar a los funcionarios para que se formen y que sea adecuadamente retribuido". De hecho, el grueso de plazas desiertas que se han declarado en esta OPE de 2016 corresponden a puestos de promoción interna. La única categoría que ha quedado desierta de nuevo acceso es Abogacía de la Generalitat, si bien hay otros cuerpos como Biblioteconomía, Arquitectura o Técnico Agrícola que no ha cubierto la totalidad de los puestos convocados.
La Administración valenciana no ha logrado cubrir las 863 plazas que sacó a concurso hace ahora ya tres años. Por el momento, de las 43 convocatorias resueltas, una treintena de plazas han quedado vacantes, lo que supone un 3,4% del total.
Así, solo dos personas han conseguido superar las oposiciones de Técnico Superior de Archivística, Biblioteconomía y Documentación, puesto para el que se ofertaban 7 plazas y al que se presentaron 239 personas; en Arquitectura, la Administración valenciana se queda con 6 puestos vacíos de los 15 ofertados a pesar de que se presentaron 411 aspirantes; y en Gestión de Ingeniería Técnica Agrícola solo 26 personas de las 615 que se presentaron han logrado superar el concurso-oposición. En total, la Generalitat Valenciana había ofertado 30 puestos.
No obstante, sin duda el caso más significativo resulta el de Abogacía de la Generalitat, donde se presentaron 73 personas al proceso selectivo y se resolvió sin aprobados. La Conselleria de Administración Pública de Bravo explicó este lunes a Valencia Plaza que de los aspirantes admitidos tan solo 45 decidieron presentarse a la primera prueba. De estos, doce personas superaron el examen pero solo una persona de esta docena aprobó el segundo ejercicio. Finalmente, nadie se presentó a la tercera prueba.
Por su parte, la asociación de abogados de la Generalitat manejan otras tesis sobre la convocatoria desierta de Abogacía de la Generalitat. Una de ellas, que para presentarse a este tipo de oposiciones es necesario contar con un Grado y un Máster desde que se hizo el cambio de licenciatura a Grado en las universidades. Una circunstancia que, conviene apuntar, es "única en España", dado que este requisito no se exige en las pruebas de acceso a otros cuerpos de letrados de Comunidades Autónomas.
Con estos mimbres, desde la asociación consideran que sería necesario "modificar la disposición adicional quinta de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública valenciana y la disposición adicional segunda de la Ley 9/2019, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat" -Ley de Acompañamiento- para suprimir esta exigencia.
Además, subrayan que los ejercicios que se realizan para esta oposición son distintos respecto a otras autonomías. La mayoría de oposiciones a los cuerpos de letrados autonómicos constan de cuatro ejercicios, dos de carácter teórico y otros dos de carácter práctico. Los dos primeros consisten en pruebas orales en las que los opositores tienen que responder a un número no inferior de cinco temas, mientras que los ejercicios tercero y cuarto, de 10 horas de duración, son pruebas escritas en las que se ha de resolver un caso práctico. La primera y la tercera prueba tienen por objeto temas y cuestiones relacionadas con el Derecho público; y la segunda y la cuarta con el Derecho privado.
"Para adaptarse a la realidad sería necesario, en primer lugar, eliminar el primer ejercicio, el que consiste en un test, pues este tipo de prueba no existe en otras Comunidades Autónomas y ahuyenta a los opositores porque la forma de preparación es distinta", exponen desde la asociación. Además, en otras autonomías, añaden, utilizan el derecho público y derecho privado como "criterio delimitador" y el temario se divide de manera "equilibrada", mientras que en el examen a Abogacía de la Generalitat la división se corresponde con un 72% derecho público y un 28% aproximadamente al derecho privado. Por esto, consideran que debería equilibrarse el contenido.
Por último, explican que las convocatorias no se hacen de forma periódica. Un factor que también tiene cierto peso, a su juicio, para que una persona decida presentarse a esta oposición. No en vano, para preparar este tipo de prueba en concreto "se necesitan aproximadamente dos años y medio", por lo que si no cuenta con la garantía de que se va a convocar, muchos declinan dedicarse a prepararla.