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VALÈNCIA (EFE). La Generalitat flexibilizará los requisitos para que un municipio sea considerado en riesgo de despoblación con el objetivo de que más localidades de la Comunitat Valenciana puedan tener esta consideración y acceder a las ayudas que la administración ha dispuesto para ellos.
Esta es una de las novedades del proyecto de ley de medidas contra el despoblamiento de la Comunitat Valenciana que se encuentra en estos momentos en Les Corts para su tramitación, tras haber sido aprobado por el pleno del Consell el pasado 13 de enero.
Se considera que un municipio se encuentra en riesgo de despoblamiento cuando cumple al menos 4 de los 6 indicadores que se establecen en la ley referidos a densidad de población, crecimiento demográfico, crecimiento vegetativo, índice de envejecimiento, índice de dependencia y tasa migratoria.
Si bien los indicadores no cambian con la nueva norma, ahora únicamente es necesario cumplir 4 requisitos cuando antes había que cumplir al menos 5, ha informado la Generalitat.
La directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (AVANT), Jeannette Segarra, ha señalado que la nueva ley flexibiliza los criterios para acceder al Fondo de Cooperación para lucha contra la despoblación de modo que se ampliará el número de municipios que se beneficiarán de estas ayudas.
Además, ha recordado que "no es la primera vez que este fondo se amplía", ya que en 2021 se modificó el decreto para que todas las localidades de menos de 300 habitantes entren directamente.
El proyecto de ley también establece que la Generalitat incorporará el "rural proofing" o "mecanismo rural de garantía" a sus proyectos y leyes con el objetivo de que beneficien especialmente a los municipios más pequeños y se ajusten mejor a sus necesidades y realidades.
Este proceso, recomendado por la Unión Europea, facilita también la evaluación de las iniciativas comunitarias.
Así, las leyes de la Generalitat y sus planes sectoriales incorporarán un informe de perspectiva rural que detallará su impacto en términos demográficos y de cohesión territorial.
En la norma también se establece que el Consell destinará al menos el 0,1 % del presupuesto de gasto no financiero de la Generalitat a luchar contra la despoblación, un aspecto que ya se cumplía en las cuentas de la Generalitat, pero cuyo compromiso queda ahora reflejado en un documento legal.
La nueva ley tiene un carácter transversal y contempla un amplio paquete de medidas en materia sanitaria, educativa, de atención social, empleo, transporte, vivienda, cultura, justicia, mayores, juventud, igualdad de género, o tecnologías de la información, entre otras.
Según la norma, para llevar a cabo estas medidas en materia demográfica, el Consell diseñará una planificación estratégica con un horizonte temporal a 10 años.
En el ámbito sanitario, el texto destaca que se atenderán las particularidades de estos municipios en el acceso a los servicios de emergencias y urgencias sanitarias y se mantendrá la atención presencial, al tiempo que se promoverá la telemedicina.
En materia educativa, se impulsará especialmente la estabilización de las plantillas docentes en la escuela rural y se incentivará la ocupación de plazas de difícil cobertura.
Respeto a los servicios sociales, se impulsará que los destinados a personas dependientes estén ubicados a un máximo de 20 kilómetros del entorno vital y se favorecerá atención en el domicilio y en el entorno social próximo.
En materia cultural se plantearán medidas contra el aislamiento y la soledad no deseada y se diseñarán medidas para evitar la exclusión, entre otras medidas.
La Generalitat está destinando 331,4 millones a los municipios de la Comunitat a lo largo del periodo 2017-2023 a través de cuatro fondos orientados a promover las inversiones en infraestructuras y servicios, impulsar el turismo, luchar contra la quema de espacios forestales y frenar la despoblación a lo largo de todo el territorio.
Se trata del Fondo de Cooperación Municipal (280 millones), el Fondo para Municipios Turísticos (21 millones), el Fondo contra el Despoblamiento (20,9 millones) y el Fondo de Prevención de Incendios y Gestión Forestal (10 millones).