Génova incluyó los bocadillos como gasto electoral por ser "tan necesarios como la propaganda"

VALÈNCIA. La tesorera del Partido Popular Nacional, Carmen Navarro, ha tenido que entregar a petición del magistrado del caso Taula, y del fiscal Anticorrupción, el escrito que envió al Tribunal de Cuentas en 2012 cuando el partido de Mariano Rajoy trató de pasar como gastos electorales más de 37.000 euros en bocadillos y refrigerios para los periodistas de la caravana del presidente y los interventores del partido. En concreto, Navarro, intentó conseguir que el Tribunal de Cuentas diera como justificadas seis facturas de catering por un valor total de 37.724,69 euros porque “a estos efectos y con los mismos criterios, en pasadas elecciones se han incluido gastos similares”.

Para la tesorera, “los gastos de restauración, bocadillos y refrigerios, de periodistas y de personal que contribuye a la realización de actos de campaña, son un gasto más asociado a tales actos, como pueden ser el montaje, la iluminación, el sonido etcétera, gastos que no están específicamente recogidos en el artículo 130 de la Loreg, pero que se pueden entender incluidos en el apartado C y H”.

En un alarde de imaginación, la tesorera afirma que dar bocadillos y mantener la barriga llena de periodistas e interventores, obviamente pagados con dinero público, “puede ser tan necesario para el funcionamiento de los servicios precisos para las elecciones y para el desarrollo de la campaña electoral, como puedan ser la realización de carteles o propaganda”.

Entre las facturas que el PP pagó con dinero público está el catering del cierre de campaña que hizo el Grupo Arturo, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, hoy condenado por las Tarjetas Black, y que costó 3.240 euros. Dicho acto tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de Madrid y fue coordinado por otra investigada, la exministra Ana Mato, que se sienta en el banquillo como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel, e intervinieron el entonces alcalde de Madrid, número cuatro de la lista popular y ahora imputado por malversación en el caso Lezo, Alberto Ruiz-Gallardón; la que fuera presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre; la entonces secretaria del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal y cerró el acto el líder del PP, Mariano Rajoy.

Además de esa factura, el Tribunal de Cuentas también echó para atrás otra por valor de 16.200 euros de Abraham garcía Beltrán correspondiente a los gastos de catering (refrigerios y bocadillos) de los interventores y apoderados en dichas elecciones; tres de La Blonda, una de 14.179,32 euros de los gastos de catering de las personas participantes en diferentes actos de las elecciones sin especificar qué actos, una segunda por 1.892,16 euros que costó invitar a comer a los periodistas que seguían al presidente por toda España en la conocida como caravana de prensa, y una tercera de 1.169,12 euros que costó la comida de un acto para mujeres candidatas del PP en las municipales de 2011; y por último, 1.044, 09 euros gastados en bocadillos y refrigerios durante un foro realizado en los jardines de Cecilio Rodríguez.

Las normas

Navarro, además de presentar el escrito que tuvo que presentar después de que el tribunal de Cuentas le sacase los colores al Partido Popular, también ha entregado en el juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia “las normas para la administración de la campaña electoral municipal de 2011”. En dichas normas se explica qué se puede contabilizar como gastos electorales y qué no. Entre los gastos computables en ningún momento se hace mención a que se pueda incluir lo que los periodistas o afiliados consumen. Tan solo se hace un leve referencia a que si se pasan tickets de viaje (gasolina,autopista o comida) hay que adjuntar la factura correspondiente y fotocopia del DNI.