El gobierno de València, pendiente de la caída de un gerente

VALÈNCIA. Las próximas semanas serán clave en la estabilidad del gobierno del Ayuntamiento de València. Un inicio de curso para nada aburrido cuyo motivo radica en una de las principales empresas del consistorio, la Empresa Municipal de Transportes (EMT), cuyo gerente Josep Enric García deberá enfrentarse a no pocas presiones para abandonar su puesto al frente de la compañía que dirige el edil Giuseppe Grezzi. La mayoría social representada en el consistorio respalda su salida cuando se cumple un año desde que la firma municipal sufriera una estafa con suplantación. Cuatro millones de euros de las arcas públicas acabaron en Hong Kong, en las cuentas de dos empresas pantalla, que centrifugaron el botín, euro a euro, entre múltiples sociedades chinas.

En definitiva, un hecho inédito en la firma y mucho menos en el Ayuntamiento de València que puso en la picota la gestión y el control interno aplicado por García y que ahora cobra relevancia en el seno del gobierno municipal cuando ya se escriben en Word las últimas líneas de las conclusiones de la comisión de investigación sobre el fraude. El cierre de un documento que será vinculante, para todos, sin excepción. Puede haber divergencias en algunas interpretaciones. Pero en esto no: tanto oposición como gobierno -Compromís y PSPV- han dicho que acatarán las conclusiones cuando se convierta en PDF.

La amenaza de que en él se exija el cese o la dimisión del gerente de la firma es posible. Probable. Y sobre todo: auténtica. Lo busca la derecha, lo piensa el PSPV. Incluso en el grupo municipal de Compromís -coalición de la que forma parte Grezzi- hay voces que consideran "lógica" la salida del gerente para poder zanjar políticamente el fraude millonario sufrido por la firma y pasar página. La batalla numérica por mantener al directivo parece perdida y empieza a pesar el desgaste político sufrido por el ejecutivo local en los últimos doce meses -con crisis "sin precedentes" de gobierno inclusive-.

Este jueves, la portavoz socialista, Sandra Gómez, lanzaba un (nuevo) ultimátum a sus socios de gobierno: "Hace un año del fraude, es un motivo y un momento idóneo para cerrar este debate y el episodio más político". El robo es, dijo, todavía "un elemento de desgaste" tanto para la EMT como para "la ciudad". "Esto tiene que concluir", sentenció, pues "las cosas ya están claras". Tan claro como el futuro de García en la cúspide de la compañía, le faltó decir. Un determinismo estoico recorre pasillos y despachos de cualquier color en el Ayuntamiento. Cierto es, pese a todo ello, que han pasado nueve meses desde que acabaron los trabajos de la comisión de investigación -pandemia mediante- y nada parece haberse movido en el proscenio. Pero el telón baila.

El telón, a decir verdad, podría no levantarse. Cancelarse la función a última hora. Abandonar. Es una de las posibilidades que existe: la salida voluntaria de García. En el último año la empresa que gerencia ha sido protagonista imperdible de la actualidad de la ciudad, precisamente por el shock tras la estafa, por el seguimiento de la comisión de investigación y por el trámite judicial del asunto, que aún se encuentra en fase de instrucción y con juez nuevo desde el verano. Un particular via crucis que ha generado importante erosión en su figura. No sólo fuera de la empresa; también dentro: la credibilidad y legitimidad para encabezar la EMT ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por diversos sindicatos -que salieron en defensa de la trabajadora despedida tras haber sido presuntamente engañada en la estafa-.

De hecho, al fraude se suma la actual huelga de empleados que rememora tiempos pasados, cuando tanto Grezzi como García se vanagloriaban de no haber vivido paros en la firma durante cuatro años. Pues bien: en dos años, dos huelgas. Las tensiones internas en una compañía como la empresa de autobuses local se antojan inevitables, pero casos como el de las prejubilaciones o el del cumplimiento del nuevo convenio laboral han soliviantado y no poco a las secciones sindicales. Un ambiente, al fin y al cabo, poco propicio para el entendimiento entre el gerente y los empleados que también pesa en la ecuación del desgaste.

Puede ocurrir, por contra, un enrocamiento como hasta ahora gracias a la protección de los consejeros de Compromís, del presidente Grezzi e incluso del alcalde de la ciudad, Joan Ribó. Esto es: que se decida alzar el telón. A puerta cerrada, eso sí. En la sede de la EMT, en la última sesión de la comisión de investigación, donde se votará el documento de conclusiones en el que todos los grupos menos los representantes de Compromís están de acuerdo y dispuestos a sacar adelante la exigencia de responsabilidades. Un panorama muy distinto al anterior: aquí se escenificaría la división interna del gobierno municipal, que como se ha venido viviendo hasta la irrupción de la pandemia, tiene un resultado de considerable desgaste. Nada probables son situaciones más incómodas, lo cual no implica que sean imposibles y, por descontado, mucho más gravosas para la estabilidad del ejecutivo local.

De cómo se desarrollen los acontecimientos las próximas semanas depende el futuro de las relaciones entre ambos socios de gobierno, que durante los últimos meses habían mejorado para hacer frente a la pandemia, hasta que en agosto se enfrentaran a cuenta del uso de los remanentes y el decreto del Gobierno central para desbloquearlo. Las tensiones han crecido de nuevo por este motivo y, huelga recordar, ambas formaciones caminan hacia una negociación de presupuestos de 2021 en la que habrá que abrocharse el cinturón tras años de mejoras presupuestarias. Y recortar, recortar, nadie quiere en su área. Mientras, el gobierno de València, pendiente de la caída de un gerente.