Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Tras casi dos meses de negociación, PSPV y Compromís, los dos socios principales del Gobierno valenciano, llegaron esta semana a un acuerdo para el diseño definitivo -al menos de momento- de la estructura del Ejecutivo y los Reglamentos Orgánicos y Funcionales (ROF) de las consellerias. Un pacto que incluye diversos cambios en distintos departamentos y que podría aprobarse este mismo viernes.
Así, tal y como informó Valencia Plaza en septiembre, el texto refleja la transferencia de las competencias de radio y televisión de Presidencia a la Conselleria de Hacienda, concretamente a la Dirección General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC). Una medida que el Consell justifica por la "profunda y creciente imbricación que hay entre la prestación de los servicios audiovisuales y el desarrollo de las redes de la información y la
comunicación, hace conveniente que las funciones administrativas de intervención en materia de radio y televisión pasen a ser asumidas por órganos con un mayor nivel de especialización técnica en la planificación y gestión de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones".
De esta manera, Puig libera a Presidencia de un conflicto que dura ya años y también a la nueva secretaria autonómica de Comunicación y Prospectiva, Beatriz Gallardo, catedrática de Lingüística y cuyas funciones apuntan a dirigirse a otras tareas y no a deshacer el entuerto administrativo existente en la citada cuestión.
Ahora, será Hacienda la que herede las complicaciones y conflictos atascados durante años en los tribunales, tanto en el caso de las licencias de radio como en las de TDT. Solo en el de la radio, el proceso de adjudicación de 31 licencias de FM de la Generalitat Valenciana lleva empantanado 13 años. Mientras en la TDT la Generalitat espera desde hace más de un año adjudicar todavía una docena de licencias de programas televisivos en varias de las 18 demarcaciones de la Comunitat que, tras las adjudicaciones del concurso de TDT de ámbito local realizadas en 2011 y en 2016, aún permanecen sin servicio audiovisual porque carecen de titular que pueda prestarlo.
También en Presidencia se formaliza la participación del director general de Relaciones Informativas, Pere Rostoll, en la comisión de seguimiento del contrato programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). No en vano, hasta ahora el PSPV solo tenía de representantes en esta comisión a la ex secretaria de Comunicación, Blanca Marín, mientras Compromís contaba con el secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, y la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit. Con la incorporación de Rostoll se resuelve este desequilibrio.
Otro de los cambios que se espera con el nuevo decreto de estructura -siempre y cuando no se produzcan modificaciones de última hora en el pleno del Consell- afecta a los Institutos Tecnológicos, foco de desencuentros entre PSPV y Compromís desde el inicio de la legislatura y que a punto estuvo de cobrarse el año pasado el primer cese en el Botànic II. Hasta ahora, la Conselleria de Innovación que dirige Carolina Pascual tenía la "tutela de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana" bajo el mando de la secretaría autonómica de Innocación. Ahora, sin embargo, esta competencia se dividirá en dos y una parte pasará a ser gestionada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), en manos de Compromís.
Así, Innovación se encargará de la "coordinación en materia de innovación tecnológica de los Institutos Tecnológicos de la Comunitat", mientras que a través de una disposición adicional, al Ivace se le atribuye la competencia para coordinar y apoyar "en materia de I+D+i empresarial de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana". Es decir, Redit.
En el caso de Agricultura, también se esperan cambios. En concreto, en la Dirección General de Desarrollo Rural que ocupa David Torres. Hasta ahora, este departamento gestionaba las políticas de I+D+i en el sector agroalimentario, que ahora pasará a ejecutar la Dirección General de Política Agraria Común (PAC) de Maria Teresa Cháfer. Ambas áreas son gobernadas por Compromís, por lo que en este caso tan solo se trataría de un cambio de competencias entre altos cargos del mismo signo político.
Y lo mismo ocurriría en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, donde la Dirección General de Diversidad Funcional de Elena Albert dejará de tener a su cargo las competencias en coordinación sociosanitaria; estas pasarán a gestionarse desde la Secretaría Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, bajo la tutela de Irene Gavidia.
La Conselleria de Justicia y Administración Pública ya hizo público hace días la amortización de la Dirección General de Planificación Estratégica, Calidad y Modernización de la Administración Pública que hasta ahora ha dirigido Yolanda Parrado. Con el nuevo decreto de estructura este cargo desaparece del organigrama del Consell y el departamento dirigido por Gabriela Bravo pasa a tener una Dirección General Operativa.
