El conseller de Hacienda, Vicent Soler, se acerca al presidente, Ximo Puig. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Presidencia de la Generalitat ultima el traslado a la Conselleria de Hacienda, en concreto a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC), de las competencias sobre radio y televisión que hasta ahora recaen en la Secretaría Autonómica de Comunicación que ocupa la recientemente nombrada Beatriz Gallardo.
Un movimiento que tenía previsto realizar aprovechando el relevo de Blanca Marín al frente de este puesto hace dos semanas, pero que finalmente ha terminado posponiéndose por diversas incidencias. Entre ellas, la necesaria modificación del decreto de estructura del Consell que tendría que acometer el Gobierno valenciano para autorizar este traspaso de competencias, además de que todavía no se ha aprobado el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de ambos departamentos.
La idea, por parte del jefe del Consell, Ximo Puig, de transferir estas competencias a Hacienda ha movido el tablero en lo que se refiere a los ROF que llevan bloqueados desde que se inició la legislatura, habiendo sido aprobados tan solo los de los dos departamentos de nueva creación: la Vicepresidencia y Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau y la Conselleria de Innovación que lidera Carolina Pascual.
El problema para aprobar el rediseño los ROF en el resto de carteras es el pulso que se produce entre las tres formaciones que componen el Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- cuando llega el momento de poner negro sobre blanco al detalle y con concreción las competencias que cuelgan de cada uno de los escalones del Consell, especialmente en lo que se refiere a las direcciones generales. Es decir: tras la pelea por la 'denominación' de los puestos, luego llega la tarea de dotar de competencias a los dirigentes, por lo que en determinadas áreas se reviven -aunque en este caso de forma menos pública y soterrada- las batallas que ya se dieron en la negociación del Botànic en junio de 2019.
No obstante, fuentes de los distintos partidos que forman el Consell confían en que el acuerdo para dar luz ver de a los ROF se produzca incluso esta misma semana. En este sentido, el deseo de Puig de reestructurar algunas competencias como las citadas de radio y televisión han motivado que sus socios del Consell propongan la reapertura del diálogo sobre los ROF. Unas negociaciones que ya se están produciendo y que, de llegar a buen puerto, aclararían -más de un año después- 'quién gestiona exactamente qué' en el Gobierno valenciano y que, además, pueden trasladar a Hacienda, concretamente a la DGTIC, las competencias en un ámbito -radio y televisión- complicado y que suponen "un marrón", en palabras de varias de las fuentes consultadas.
Con este movimiento, Hacienda no solo ganará competencias, también heredará complicaciones y conflictos atascados durante años en los tribunales, tanto en el caso de las licencias de radio como en las de TDT. En el de la radio, el proceso de adjudicación de 31 licencias de FM de la Generalitat Valenciana lleva empantanado 13 años. En 2007 el Consell de Francisco Camps convocó el concurso, pero éste fue declarado desierto cuatro años después, en 2011.
Fue entonces cuando se convocó otro que estuvo a punto de adjudicarse, pero el Gobierno de Alberto Fabra dejó la resolución sin firmar en la mesa de la Secretaría Autonómica de Comunicación cuando perdió las elecciones en 2015. El Ejecutivo de Ximo Puig tampoco quiso firmarlo y en 2016, por razones de interés público, renunció al otorgamiento de las licencias convocadas. Esta decisión fue recurrida ante los tribunales por una de las empresas que se había presentado.
En mayo de 2018, la Generalitat convocó un nuevo concurso para adjudicar estas frecuencias pero a finales de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obligó a retrotraer las actuaciones al momento previo a la resolución impugnada. Un fallo que el Gobierno valenciano recurrió ante el Supremo: si éste termina ratificando el fallo, la Generalitat debería adjudicar el concurso de 2016; y si lo revoca, el Consell -en concreto, García Duarte si se le transfieren estas competencias finalmente- podrá continuar con el de 2018. Un litigio al que se suma también el de la radio digital terrestre.
Mientras, el lío con las licencias de TDT no es mucho menos problemático. La Generalitat espera desde hace más de un año adjudicar todavía una docena de licencias de programas televisivos en varias de las 18 demarcaciones de la Comunitat que, tras las adjudicaciones del concurso de TDT de ámbito local realizadas en 2011 y en 2016, aún permanecen sin servicio audiovisual porque carecen de titular que pueda prestarlo.
El concurso inicial fue convocado en julio de 2005 y resuelto en enero de 2006 tras hacerse públicas en plenas fiestas navideñas las adjudicaciones para la explotación de programas del servicio público de la TDT local. Posteriormente, en julio de 2012, una sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, declaró la nulidad de esa resolución de 2006 al estimar un recurso de casación interpuesto por Tele Elx.
En ejecución de la mencionada sentencia, en febrero de 2013 se ordenó la retroacción del procedimiento al momento anterior a que la mesa de contratación formulara la propuesta de adjudicación de las concesiones. Un comité de expertos designado por la mesa de contratación realizó un nuevo informe técnico de valoración de las ofertas presentadas que fue entregado en octubre de 2014.
Tras solicitar algunas aclaraciones sobre el informe y correcciones de errores en reuniones de marzo y abril de 2015, la mesa presidida por el entonces secretario autonómico de Comunicación, José Luis Torró, formuló en junio una propuesta de adjudicación. Esa propuesta junto con el informe técnico de valoración de los expertos fue elevado a quien aún era formalmente jefe del Consell, Alberto Fabra, el 23 de junio de 2015.
Ante este procedimiento heredado, el actual Consell intentó buscar fórmulas jurídicas para iniciar un nuevo concurso debido al tiempo transcurrido desde su inicio. Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat no encontró ningún recoveco legal posible que no implicase riesgos para la Administración. De esa manera, desde 2016 el actual Consell ha adjudicado progresivamente los lotes correspondientes a la convocatoria de 2005.
