Foto: KIKE TABERNEREs difícil alcanzar unas cifras positivas, pero me parece más complicado evitar el riesgo de emborracharse repitiéndolas. Algo así pasa con el turismo en València. Es innegable que viene más gente a visitarnos, durante más tiempo, a lo largo de todo el año y que además esos visitantes se gastan más en nuestra ciudad. Y a eso básicamente es a lo que se ha venido llamando, con muchos matices, turismo de calidad.
De hecho, a nuestra ciudad vienen ahora, como lo han hecho en los años anteriores a excepción de los de la pandemia, más personas que en los años de la Fórmula 1 o la Copa América. Algunos eventos de los que los valencianos y valencianas podríamos ir a avisar a otras ciudades para que eviten que la historia se repita. Ellos que aún están a tiempo de escapar de ese escenario de corrupción y estafa social en el que desembocaron aquí. Muy especialmente el que ahora anuncia a bombo y platillo Madrid bajo la gran frase de no va a costarnos ni un euro. Madrileños, venimos del futuro y podemos contaros cómo acaba eso.
Pero hay alguna necesidad más allá de no querer repetir los errores del pasado, algo que parece una obligación lógica para una ciudad que ya está bastante escarmentada. Y detrás de las cifras de éxito turístico también hay un elefante en la habitación que la política debe señalar. Problemas a abordar que, afortunadamente, empresarios del propio sector empiezan también a querer atender. Como aquellos multimillonarios que estas semanas pidieron que se les subieran los impuestos, sabedores de que una desigualdad excesiva acaba construyendo mundos en los que no quieren vivir ni quienes tienen dinero para comprarlo todo, también en el sector del turismo hay muchas voces inteligentes que saben que colapsar ciudades no es bueno para nadie.
De hecho, es incompatible que una ciudad sea sostenible –el sector turístico también, pero la ciudad va primero– si no se regula el impacto que puede tener esta actividad sobre el propio derecho a la ciudad. Y eso en este caso es hablar de un reparto justo de costes y beneficios y, sobre todo, del derecho a vivir en la propia ciudad.
Esta lleno el mapa de ejemplos en los que no hacer nada por regular el sector ha desembocado en un modelo de masas que va en contra de la calidad buscada, pero que sobre todo tensiona y presiona los servicios y los espacios para vivir, especialmente, convierte en misión imposible vivir en la ciudad para muchas personas que ven como el precio del alquiler no puede competir con lo que se gana arrendando viviendas como si fueran habitaciones de hotel.
Y negar esta realidad es como cualquier otro tipo de negacionismo; una visión o tremendamente torpe o interesada. Yo como repito mucho en estas columnas prefiero pensar que no hay mala fe. Vivo más tranquilo. Y por eso creo que se trata simplemente de una torpeza en la que se puede caer por la comodidad de surfear la ola del éxito sin ver más allá.
Pero, mientras tanto, si una ciudad se convierte en incomoda de habitar o directamente una parte relevante de la sociedad es expulsada de ella, deviene en anticiudad. Porque si la ciudad es mezcla, encuentro. O si la idea de atraer a personas de otros países siempre se ha defendido como enriquecedora y lo es, no puede a la vez empobrecerse expulsando a generaciones enteras de la ciudad. Sería un contrasentido que defendiéramos las bondades de ser visitados por un neerlandés, un estadounidense o un canadiense a la vez que aceptamos como inevitable que nueve de cada diez jóvenes sean expulsados de la ciudad.
Por eso, propuestas como la tasa turística lejos de representar el anticristo como se pretendió hacer ver por algunos miembros del sector, con los que yo siempre aposté que acabarían viéndola en poco tiempo como algo positivo, era una oportunidad para que ese equilibrio de costes y beneficios genere una ciudad sostenible. Algo que pasa en casi todas las ciudades con alta presencia de turismo en el mundo. Nadie ha dejado de visitarlas por ello y ha permitido que el vecino o vecina vea como aquellos turistas con los que convive como vecinos de paso también se corresponsabilizan de su ciudad.
Además, puede ser que no sea parcial y a lo mejor es que a mi me gusta mucho mi ciudad, pero no creo que València fuera a convertirse en la primera ciudad que deja de ser visitada solo por pagar una tasa turística.
Pero si la tasa es justa y necesaria, lo que es urgente es afrontar la limitación de los apartamentos turísticos. Que se sigan transformando viviendas en apartamentos dentro de las posibilidades legales actualmente es un error en la situación de tensión de precios de vivienda y debería prohibirse ya. Que siga habiendo una cantidad ingente de apartamentos ilegales es un fenómeno que debe atajarse y creo que además de las inspecciones hay una propuesta más eficaz. Una ‘tasa Airbnb’. Un impuesto que haga que no sea más rentable alquilar a un turista que a un vecino y que a la vez permita perseguir a quienes incumplan sus obligaciones fiscales, precisamente por tener que vivir en la economía sumergida al ser apartamentos ilegales.
Y sí, esto es intervencionismo. Pero es que los mejores momentos económicos y los únicos que han durado en el tiempo han sido los que han contado con regulación. Pero es que, además, ¿existe algún sector donde lo público tenga más presencia que en el turismo? No es precisamente lo público, lo que es de todos y todas, la razón para visitarnos. La gente viene a València y es lógico que la ciudad que motiva la visita y de la que se nutre este sector económico, se empeñe en no morir de éxito.
Sé que a lo mejor no es lo que se espera leer en la semana de Fitur, pero para seguir pudiendo sonreír en las fotos de la feria del turismo de los próximos años, hay que atreverse a gestionar el éxito y no dejarse llevar por el.
