VALÈNCIA. Desatascar las licencias, tanto de obra como actividades, es uno de los principales retos que se ha fijado el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de València. Solo en el 'cap i casal' hay más de 22.000 expedientes pendientes de tramitar y una media de 730 días para su concesión, según datos del consistorio municipal. Por ello, desde la concejalía de Urbanismo, encargada de este área, se van a implementar una serie de medidas con el objetivo de ir despejando el bloqueo. Un plan de choque, vertebrado en tres ejes, cuya efectividad se medirá en tres meses para saber si es hay que reforzarlo o mejorarlo con el fin de ir resolviendo esta problemática.
Para conseguir reducir los dilatados tiempos en la concesión de este permiso, el edil responsable de esta materia en el consistorio valenciano, Juan Giner, ha activado una serie de actuaciones encaminadas a revertir el tapón. "Lo primero que hicimos cuando asumí el cargo fue hacer un diagnóstico para poner cura a esta enfermedad. El resultado fue la existencia de 22.000 expedientes en tramitación, con disfunciones como que se tarda de media siete meses solo en la asignación de un técnico", apuntó Giner en un desayuno informativo organizado por Valencia Plaza. "Eso no lo soporta una empresa, por lo que vamos a poner en marcha un tratamiento basado en tres ejes", incidió.
El primer paso que se va a adoptar será fijar políticas de gestión de recursos humanos para redistribuir las funciones del personal del área de licencias y generar coordinación y sinergías entre ellos. "Las organizaciones las sacan adelante o las hacen fracasar las personas. Es verdad que la Administración pública hace procesos de selección mediante oposiciones, pero eso no implica que no se implementen políticas de gestión de recursos humanos. No se trata de sumar más personal, sino de poner a cada uno en el sitio en el que de mejor da de sí", remarcó el edil.
Para ello, se va a hacer un análisis para ver en qué función desempeña mejor su labor cada técnico municipal y, a partir de los resultados, reestructurar el servicio con la plantilla existente. Además, Giner avanzó que se organizará una jornada informativa, impartida por expertos nacionales en gestión de recursos humanos, para dotar de nuevas herramientas a los funcionarios. "Al final, lo que queremos es redistribuir las funciones y cometidos de cada uno", incidió.
El segundo pilar del cambio se asentará en la revisión de las ordenanzas municipales para clarificar las reglas del juego y que "estén claras". Ya se está acometiendo ese repaso global de la normativa y encima de la mesa están los primeros preborradores de cómo articularla. "El empleado público tiene que aplicar la legislación vigente, pero no hay que regular absolutamente todo porque entonces no necesitaríamos personal. No podemos hacer que la normativa prevea todos los supuestos de la sociedad, pero sí generar unas reglas del juego claras y transparentes", remarcó.
El último eje sobre el que pivota la estrategia de Giner se centra en implementar una 'cultura de la Administración tributaria'. Esto es, la asunción de que el empresario o el promotor de un proyecto va a actuar conforme a la ley. Por tanto, se le presupone un ética y un cumplimiento de sus deberes y obligaciones y, a posteriori, se revisa su expediente para verificar que se ajusta a la norma. De no ser así, se revisa su iniciativa.
Con ello, Giner pretende agilizar el procedimiento administrativo, dado que la inspección para acreditar la adecuación de la obra, conforme a la ordenación urbanística, se hace en un momento posterior a la presentación de la documentación, como pasa, por ejemplo, con la declaración de la renta.
Una hoja de ruta que poco a poco está poniendo en marcha con vistas a revisarla en un plazo de tres meses para comprobar si resulta efectiva y se alivia la carga de trabajo en el servicio de licencias municipal. "Una vez implementados estos tres aspectos, en Navidad volveremos a hacer una radiografía de la situación para ver cómo está funcionando y si podemos mejorar", afirmó Juan Giner.
Con todo, el objetivo es ir aliviando la carga de trabajo e intentar solucionar un problema enquistado desde hace años en el consistorio valenciano y que está poniendo en jaque la llegada de nuevas inversiones a la ciudad.
Además de estas medidas, cabe recordar que la Generalitat modificará la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), vía Ley de Acompañamiento, para reforzar el papel del las entidades externas colaboradoras, conocidas como ECUV, en la expedición de licencias. También, el gobierno autonómico implementará en la norma la licencia básica para proyectos estándar para otorgarla en un plazo de unos 30 días.