El PP modificará la LOTUP en la Ley de Medidas de 2024 para reducir los plazos de las licencias

VALÈNCIA. La tramitación de las licencias, tanto de obra como de actividad, ha sido uno de los principales problemas que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento de València a lo largo de los últimos años por las continuas quejas sobre los dilatados tiempos que había que esperar para su obtención. De media, según los promotores, se tarda unos dos años en conseguirla, pero hay empresas que llevan hasta un lustro esperando. 

Una problemática que desde el PP prometieron atajar si llegaban al gobierno municipal. De hecho, una de las promesas estrella de la actual alcaldesa de València, María José Catalá, durante la campaña electoral de las elecciones del 28 de mayo fue precisamente esa: resolver el atasco desde diferentes prismas.

Con la mirada puesta en ese objetivo, el primer paso que dio la dirigente popular fue unificar las concejalías de Urbanismo y Actividades. En la anterior legislatura, con Compromís y PSPV al frente de la corporación municipal, la Concejalía de Urbanismo se encargaba de conceder las licencias de obra y estaba dirigida por la socialista Sandra Gómez, mientras que Actividades, encabezada por Lucía Beamud (Compromís), gestionaba los permisos de actividad. Una división que para el PP no tenía sentido y que habría sido, siempre a su juicio, uno de los motivos del cuello de botella en el consistorio.

La segunda iniciativa dirigida a reducir estos plazos y que incluyeron en su programa electoral, era crear una licencia básica para proyectos estándar para que el consistorio pudiera otorgar permisos de obra, de actividades y ambientales en un periodo razonable. Según el PP, con ella podría obtenerse el permiso en un plazo de unos 30 días. 

Para llevarla a cabo, eso sí, previamente sería necesario modificar la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) en Les Corts Valencianes. Un trámite que el propio equipo de gobierno municipal quiere abordar en el corto-medio plazo. Tanto es así, que fuentes municipales aseguran que buscarán introducir una modificación de la normativa vía enmienda a la Ley de Medidas de 2024, más comúnmente conocida como la Ley de Acompañamiento, para acortar los plazos.

La fórmula, según explican fuentes del consistorio, no sería especialmente compleja de plasmar sobre el papel, pues "simplemente debería añadirse un nuevo apartado al artículo 238 de la citada normativa" en el que se incorporara uno nuevo que copiaría el articulado de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid. 

En concreto, aquel que establece que en los procedimientos urbanísticos "para el inicio de las obras una vez obtenida la licencia conforme a un proyecto básico, será suficiente con la presentación por el interesado de la declaración responsable en la que se manifieste que el proyecto de ejecución desarrolla al básico y no introduce modificaciones sustanciales que supongan la realización de un proyecto diferente al inicialmente autorizado". 

Por tanto, se trata de un instrumento que imita a las declaraciones responsables. Es decir, el impulsor de un proyecto presenta un escrito ante el consistorio en el que se compromete de forma explícita a cumplir con los requisitos que fija la normativa para ejercer la nueva actividad o negocio. Además, la declaración responsable permite agilizar el procedimiento administrativo, dado que la inspección para acreditar la adecuación de la obra conforme a la ordenación urbanística se hace una vez se han iniciado los trabajos constructivos. 

Impulso a las ECUV

Pero, además, también se quiere impulsar la colaboración público-privada a través de las entidades externas colaboradoras, conocidas como ECUV. Se trata de firmas privadas, que pueden ser desde colegios profesionales hasta empresas, que cuentan con la acreditación de la ENAC y están inscritas en un Registro de Entidades Colaboradoras Acreditadas (RECUV) para poder emitir un certificado de conformidad, un documento equiparable al generado por los técnicos municipales para obtener la licencia. 

Sus competencias están reguladas en un decreto que aprobó el Consell del Botànic para desbloquear la tramitación de las licencias, pero es cada ayuntamiento el que decide si recurre a ellas. Y, en el caso de València, desde el sector inmobiliario critican que en el Cap i Casal no están funcionando porque los técnicos municipales siguen revisando expedientes en lugar de adoptar la resolución de las ECUV, por lo que no se agiliza la faena.

Lo cierto es que el atasco de las licencias en València es un problema que se arrastra desde hace tiempo y que ha provocado un verdadero quebradero de cabeza para muchos empresarios. Los dilatados tiempos del consistorio no solo han provocado que muchas iniciativas tarden años en ver la luz, sino también la renuncia de los promotores a invertir en la ciudad porque no aguantan años con los proyectos parados a la espera de una respuesta de la Administración.

Tanto es así que se ha constituido la Asociación de Afectados por los Retrasos de Licencias del Ayuntamiento de València (Aflival) y son varios los empresarios que llevan años avisando del embudo y cómo el retraso de la tramitación está ahuyentando la inversión. De hecho, hace unos meses el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de València (COGITI) advertía de que el "embudo administrativo" en València estaba generando "la fuga de empresas en la ciudad". 

Un ejemplo de esta odisea es el caso de Corestate, especializada en residencias de estudiantes. La compañía, como publicó este diario, lleva cerca de cinco años esperando el visto bueno del consistorio para empezar su proyecto. Una demora que les ha llevado ya a plantearse acciones legales contra el Ayuntamiento y a no volver a invertir en la ciudad. Por ello, ahora la nueva corporación municipal busca fórmulas para revertir las cifras y la vía de la modificación de la LOTUP se articula como su principal cartucho.