Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto que regulará el proceso de desconcentración de las nuevas sedes de instituciones públicas, en el que, entre otras cosas, se crea la Comisión interministerial encargada de valorar la determinación de las nuevas sedes.
Esta Comisión consultiva es el órgano colegiado de la Administraciones General del Estado de asistencia al Consejo de Ministros en este procedimiento y se constituirá en el plazo de dos meses. El Gobierno defiende que no incrementará el gasto público porque trabaja con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los departamentos que la integran.
Estará presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y será vicepresidente el secretario de Estado. Además, los vocales permanentes serán los titulares de la Secretaría General de Coordinación Territorial y un representante de cada uno de los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Derechos Sociales y Agenda 2030; y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Luego será el Consejo de Ministros el que iniciará y finalizará el procedimiento, y el que decidirá que se abra el proceso para determinar la sede de una entidad, adoptando el acuerdo final en torno a la ubicación. La Comisión consultiva informará la decisión elaborando un dictamen que recogerá las distintas alternativas.
Además, el Gobierno defiende que también se tendrá en cuenta "en todo momento" el papel de los trabajadores públicos, incorporando al procedimiento la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas de traslados y la garantía de que la entidad pública podrá ejercer de manera eficaz sus funciones en la localidad donde se ubique.
Para la elección, las comunidades y las entidades locales se podrán postular y ofrecer cesión de bienes inmuebles, y el Ejecutivo valorará factores como el nivel de desempleo y el mercado de la vivienda, entre otros.
En este sentido, el Gobierno defiende que la elección se fundará en un "procedimiento abierto, transparente y competitivo" en el que cualquier autonomía o entidad local podrá postular una localidad, ofrecer cesión de bienes inmuebles y asunción parcial o total del coste financiero.