El plan de vivienda de Sánchez con la Sareb lo pagarán las autonomías

VALÈNCIA. El Consejo de Ministros de este martes informaba favorablemente sobre el plan de la Sareb para movilizar hasta 50.000 viviendas para alquiler social y asequible. Una estrategia que se enmarca en la nueva hoja de ruta de la entidad, controlada desde hace un año por el Gobierno e incorporada a su perímetro público, y que implicará la transmisión de inmuebles y suelos de la entidad a las autonomías para sumar esos activos a sus parques públicos.

No obstante, esta iniciativa, avanzada este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no implica la aprobación de ningún programa concreto, sino que abre la puerta a que las autonomías puedan aprovecharse del gran stock inmobiliario del conocido como 'banco malo' para aumentar sus viviendas a través de acuerdos de compraventa con la sociedad. 

De hecho, el Ejecutivo lo que abordaba este martes era un informe en el que la Sareb dejaba constancia de su plan para dar salida a sus inmuebles con el objetivo de dar a la entidad una nueva "finalidad social" que "se conjugará con el objetivo de recuperar el valor económico de sus activos y procurar el menor coste para el contribuyente", explicaba la Moncloa en un comunicado. 

No obstante, dejaba claro que esas viviendas se movilizarán "a través acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler social y asequible", es decir, que serán las administraciones locales y autonómicas las que tendrán que financiar las operaciones. De hecho, desde la entidad explican a este diario que su trabajo ha consistido en 'perimetrar' la ubicación de esos activos para poder ofrecerlos a las administraciones y cerrar de forma bilateral acuerdos con ellos. Por tanto, en ningún caso en la transacción interviene el Estado porque las operaciones se cierran con los compradores finales que son las mismas administraciones. 

Una posibilidad que ya descartan desde algunos gobiernos autonómicos. Así, desde la Conselleria de Vivienda de la Generalitat creen que no debería costar dinero a las arcas autonómicas un proyecto avanzado por el Gobierno porque eso "no sería política pública de vivienda". Otros como el cántabro Miguel Ángel Revilla creen que si es una iniciativa que "anuncia el Gobierno será el Gobierno el que las debe comprar". Sin embargo, la estrategia de la Sareb es clara: acuerdos de compraventa con ayuntamientos y CCAA.

Creada hace once años para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis financiera de 2008, la Sareb está controlada por el Estado desde el año pasado. Su entrada en el perímetro público supuso un aumento de deuda de 34.000 millones de euros para el Estado, por lo que, según remarcó este martes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo que ahora se pretende es "reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de Sareb". El parque público actual de vivienda en España es del 3%, equivalente a 300.000 inmuebles, frente al 9% de media de la Unión Europea.

La Comunitat, una de las CCAA con mayor stock

Actualmente, la Sareb cuenta con un stock de 21.000 viviendas que podrían servir para poner a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos para su venta destinada a uso social. Asimismo, tiene otras 14.000 unidades que ya se encuentran habitadas, y dispone de suelos disponibles para desarrollar 15.000 viviendas y otros proyectos, pero que están sin construir. 

Además, también existe otra letra pequeña de ese gran anuncio del presidente del Gobierno. Y es que de esas casi 21.000 casas ya disponibles, unas 9.000 están en condiciones de una venta inmediata, mientras que las otras 12.000 viviendas están pendientes de procesos de adecuación.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio, la comunidad autónoma con el mayor stock disponible es la Comunitat Valenciana con 4.950 unidades. Le sigue Cataluña con 3.539, Castilla y León con 2.288, Murcia con 2.093, y Andalucía con 2.040. Otras 1.534 se ubican en Castilla-La Mancha, 1.285 en Galicia, 611 en Cantabria, 580 en Aragón, 455 en Madrid, 388 en La Rioja, 305 en Extremadura, 303 en Canarias, 171 en Asturias, 120 en Baleares, 81 en País Vasco y 25 en Navarra. No existen viviendas de Sareb destinadas a venta dentro de este plan en Ceuta o Melilla.

Lo cierto es que esta línea de venta de inmuebles a las comunidades autónomas lleva en marcha tiempo y ya existen acuerdos con la Comunitat Valenciana, Galicia o el Ayuntamiento de Madrid. También, se están negociando operaciones con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Torrelavega y se trabaja actualmente con Cataluña en un nuevo acuerdo de venta.

Lo cierto es que la autonomía valenciana ha sido pionera en este sentido, ya que ha sido la primera administración en cerrar una operación de compraventa de cerca de 500 viviendas. En concreto, se trata de una transacción por fases, la primera se cerrará en las próximas semanas, y que la Sareb estimó en 50 millones de euros, aunque desde la Conselleria de Vivienda niegan que la inversión esté cerrada.

325 viviendas, a punto de incorporarse al parque de la Generalitat 

Según explicó este martes el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, "en breves" la Generalitat podrá incorporar al parque público las primeras 325 viviendas de esa primera fase pactada con la Sareb, una cartera que destinará a alquiler social. Eso sí, por el momento, falta perfilar el precio final de la operación. En 2022 la entidad vendió sus inmuebles por cerca de 97.000 euros de media, por lo que la operación podría superar los 30 millones.

Han sido meses de trabajo hasta llegar a este punto. En un principio, la Sareb ofreció 1.706 viviendas a la Generalitat, pero los técnicos de la Conselleria concluyeron que había 583 en condiciones favorables de habitabilidad para incorporarlas al parque público. Tras las inspecciones correspondientes, se eligieron las primeras 325 unidades en base a su tipología y situación geográfica preferente para garantizar el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables.

En concreto, 182 viviendas se encuentran en la provincia de Valencia; 91 en la de Alicante y 52 en la de Castellón. Todas ellas se sitúan en municipios tensionados y con emergencia habitacional, es decir, en zonas en las que
la carga mediana del coste de la hipoteca o alquiler supone más de un 30% de los ingresos medianos de los hogares y en donde el precio ha experimentado en los últimos cinco años un crecimiento acumulado de más de 3 puntos porcentuales superiores al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC. 

Desde 2022, Illueca se ha volcado para conseguir la gestión de las viviendas del 'banco malo' en la Comunitat. Así, envió en enero del pasado año una carta a Calviño para solicitar que la Generalitat gestionara esos activos con el fin de atender la emergencia habitacional en la autonomía. Dos meses después se reunió con el Ministerio para trasladarle su propuesta. Pero, además, el conseller inició una ruta por diferentes autonomías con el objetivo de recabar apoyos y que las viviendas de la Sareb fueran transferidas a los parques públicos autonómicos.

Por ello, considera una buena noticia que ahora el Gobierno haya dado el paso, aunque cree que se llega tarde y que con un Gobierno de Podemos este anuncio se habría producido "hace tres años", lo que "hubiera evitado mucho sufrimiento". "Pero es una buena noticia que las viviendas se destinen a fines sociales en la línea que ha venido trabajando esta Vicepresidencia a lo largo de los últimos meses", subraya Illueca. 

Movilización de suelos

Otra línea de actuación de la entidad para llegar a esos 50.000 inmuebles anunciados por Sánchez será la cesión de suelos a través de la colaboración público-privada para levantar esas 15.000 viviendas adicionales. Una iniciativa similar al concurso de solares que lanzó la Generalitat Valenciana, por el que la Administración cede al sector privado el derecho de superficie de las parcelas públicas durante un periodo de tiempo, pero sin perder su titularidad.

Calviño también señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esas parcelas en manos de la entidad se podrán destinar para "otros objetivos sociales" como la construcción de hospitales, escuelas o aparcamientos.