VALÈNCIA (EP). El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que el Consejo de Ministros volverá a aprobar el proyecto de ley de Movilidad Sostenible en febrero, con la intención de que entre en vigor antes de que termine el año.
"No podemos demorar más una iniciativa legislativa tan necesaria sobre la que además tenemos un compromiso con la Unión Europea de aprobación en este mismo año", ha explicado Puente durante su comparecencia en el Congreso para explicar las líneas generales de su departamento durante la legislatura.
Y es que, la norma ya se aprobó en la legislatura pasada, incluso se cerró el plazo de presentación de enmiendas al articulado en el Congreso. Sin embargo, el adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes no permitió completar su tramitación.
Algo que también sucedió con el proyecto de ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Puente se ha comprometido también a reactivar la aprobación de esta normativa.
"Vendrán exactamente como estaban en el anterior mandato, por tanto los grados de acuerdo de consenso, también los de discrepancia que hubiera en ese momento son los que habrá al inicio de la tramitación de ambos textos", ha asegurado el ministro.
El titular de Transportes, eso sí, ha invitado a los diferentes grupos parlamentarios a participar a un proceso de diálogo en la elaboración de estas leyes. "Mi puerta está abierta", ha dicho Puente.
Fue en la Ley de Movilidad Sostenible donde Unidas Podemos registró una enmienda para sustituir los vuelos cortos por una alternativa ferroviaria. Esta normativa tenía por objeto descarbonizar el transporte en España, responsable del 27% de los gases de efecto invernadero.
Por su parte, la idea de la Autoridad Independiente de investigación de accidentes tiene por objeto esclarecer las causas y evitar su recurrencia, de forma que se propongan recomendaciones que mejoren la seguridad.
En concreto, la institución uniría las funciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la Comisión Permanente de Investigación de accidentes e incidentes marítimos y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.