Pedro Sánchez y Joan Baldoví en la sesión del pasado 9 de abril. Foto: POOLVALÈNCIA. El Gobierno de Pedro Sánchez está más cerca de asegurarse el voto a favor del diputado de Compormís Joan Baldoví a la quinta prórroga del estado de alarma que se votará este miércoles en el Congreso. La formación nacionalista puso sobre la mesa tres exigencias: el reparto del Fondo No Retornable de 16.000 millones en función del peso poblacional, y no por criterios de gasto sanitario durante la pandemia; mecanismos de cogobernanza en el desconfinamiento, y, en tercer lugar, que el ingreso mínimo vital que prepara el Ejecutivo se gestione conjuntamente con los gobiernos de las Comunidades Autónomas.
El segundo y el tercero parecen encarrilados, según confirman a Valencia Plaza desde Compromís. El propio Pedro Sánchez anunció este fin de semana que la cogobernanza entre el Ejecutivo central y cada una de las autonomías va a implementarse a partir de ahora para decidir qué territorios pasan de fase en la "desescalada", así como en la aprobación de medidas concretas que en función de las características de cada zona se puedan aprobar. Es algo que ya se aprobó para el País Vasco el pasado 11 de mayo y que ahora se extenderá al resto.
En cuanto a la cogestión en el ingreso mínimo vital, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, mantuvo una conversación con el propio Baldoví el pasado fin de semana en la que, según fuentes de Compromís, le aseguró que las CCAA participarían en la gestión del ingreso mínimo vital, aunque no detalló de qué manera.
Respecto al reparto del Fondo No Retornable, Compromís exige que se haga "en relación al peso poblacional". Este Fondo está dividido en tres partes: 10.000 millones para gasto sanitario de las CCAA con motivo del coronavirus, 1.000 millones para gasto social y 5.000 millones para paliar la merma de ingresos fiscales. La propuesta inicial del Ministerio de Hacienda, expuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 4 de mayo, era dividir los 10.000 millones para gasto sanitario en dos tramos, a pagar uno de 6.000 millones en julio y otro de 4.000 después del verano. Y los criterios para el reparto incluían en distintas proporciones población, camas UCI ocupadas, hospitalizaciones y PCR positivos. Posteriormente, se modificaron algunos criterios, lo que favorecía a la Comunitat Valenciana pero, como publicó Valencia Plaza, situaba su parte muy por debajo de su peso poblacional, en torno al 7,5%, frente al 10,6%.
Con ese reparto salen beneficiadas las comunidades más afectadas por la pandemia, sobre todo Madrid y Cataluña, de ahí que hayan sido varias las CCAA que el domingo pidieron a Sánchez que el reparto se haga por criterios de población, entre ellos el gallego Alberto Núñez Feijóo, respaldado por el líder popular Pablo Casado, que ha registrado una pregunta en este sentido.
Montero anunció el domingo que su ministerio está estudiando esta petición y dio a entender que la atenderá, aunque no avanzó si el criterio poblacional será el que se aplique al 100% o simplemente se elevarán los porcentajes actuales de ponderación, que eran un 20% del total en el primer tramo y un 40% en el segundo.
Entre las exigencias de Compromís para este voto a favor de la prórroga no figura una de las peticiones de Baldoví a Montero en la tormentosa sesión de control del pasado miércoles: la creación de un Fondo de Nivelación para las Comunidades Autónomas como medida transitoria mientras se revisa el sistema de financiación autonómica.
La coalición valenciana ha mantenido contactos con los dirigentes del PSOE Adriana Lastra y Rafael Simancas, que tratan de asegurar todos los apoyos posibles, aunque sean de formaciones con un solo diputado, después de que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dejara en el aire el apoyo de su formación a la prórroga tras anunciar Sánchez que sería de un mes. El Gobierno negocia también con ERC, que en la última prórroga autorizada por el Congreso votó en contra. Ambos apoyos, con diez y trece diputados, respectivamente, parecen incompatibles.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, dijo este lunes que su partido exigirá al Gobierno que la próxima prórroga del estado de alarma dure menos de 30 días y que no se vincule a la activación de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, como ha propuesto ERC a cambio de sus votos. "Sánchez tiene que elegir", afirmó Bal en una rueda de prensa telemática tras la reunión semanal del Comité Permanente de Cs.
En opinión de Cs, el presidente del Gobierno puede optar por "una prórroga razonable, con un plazo determinado, dación de cuentas y responsabilidad", en cuyo caso "tendrá a Ciudadanos de su lado", o puede plantear "una prórroga por plazo indefinido, sin ningún tipo de control y dando privilegios a determinados territorios de España y rompiendo la unidad de todos los españoles", lo que implica que "Cs no estará a su lado de ninguna manera".
