Los grandes ayuntamientos valencianos gastaron 2,5 millones en mascarillas y material de protección durante 2020

VALÈNCIA (EP). Las entidades locales de la Comunitat Valenciana de más de 50.000 habitantes gastaron 2,43 millones de euros a lo largo de 2020 en la compra de mascarillas y material de protección frente al coronavirus, mediante contratos no menores de emergencia.

Así lo recoge el informe de fiscalización elaborado por la Sindicatura de Comptes, difundido este martes, sobre la contratación en las entidades locales en el primer año de la pandemia.

Se analiza la contratación en los ayuntamientos de Alcoi, Benidorm, Castelló de la Plana, Elche, Elda, Gandia, Orihuela, Paterna, Sant Vicent del Raspeig, Sagunt, Torrent, Torrevieja y Vila-real, así como las tres diputaciones provinciales. En cambio, no se incluyen ni València ni Alicante porque ya fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

En concreto, de acuerdo con las relaciones de contratos COVID-19 certificados, estos ayuntamientos formalizaron en 2020 un total de 79 contratos no menores por un importe de 6.918.341 euros (sin IVA).

Castelló de la Plana fue el que mayor número de contratos no menores tramitó, hasta 12, mientras Elche certificó el importe total más elevado de contratos (1.174.541 euros).

Por tipo de contratos, estos ayuntamientos y diputaciones gastaron alrededor de 2,43 millones en mascarillas y material de protección, 2,02 millones en alimentación, 972.000 euros en vigilancia y control de acceso, 610.000 euros en limpieza y desinfección, 329.000 euros en asistencia, 214.000 euros en mantenimiento y conservación, 213.000 euros en nuevas tecnologías y 111.000 euros en test COVID.

Respecto a las incidencias detectadas en las 16 entidades fiscalizadas, la Diputación de Alicante (5) fue la que menor número presentó y el Ayuntamiento de Torrevieja la que más (26).

En general, las incidencias hacen referencia al cumplimiento de la normativa interna de la entidad local, a la justificación de la tramitación de emergencia, a la preparación, adjudicación, formalización y publicidad de los contratos, a su ejecución y cumplimiento y a la adecuación de la contratación de emergencia a los principios de buena gestión.

Sindicatura recomienda a los ayuntamientos y diputaciones que aprueben manuales de procedimientos para tramitar contratos de emergencia o, en su caso, incluir su regulación específica en las bases de ejecución del presupuesto.

Otro de sus consejos es que en todos los contratos que se tramiten por emergencia se deje constancia de manera individual de las causas o motivos que justifican acudir a esta tramitación extraordinaria.

Además, a su juicio, la actividad contratada se debe limitar a lo estrictamente indispensable para prevenir y remediar los daños derivados de la situación de emergencia que la originaron, sin prolongarse fuera de esta situación.

En cuanto a la remisión de información a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas, el informe destaca el alto grado de cumplimiento durante 2020. Del total de 840 entidades pertenecientes al sector público local de la Comunitat Valenciana, el 98,9% (831) remitieron las relaciones anuales de los contratos formalizados en el ejercicio o la correspondiente comunicación negativa.

No obstante, aún existe un alto grado de incumplimiento de remisión de la información en el plazo establecido. Mientras el 40,7% (342 entidades) remitieron la información contractual en plazo, el 58,2% (489) lo hicieron fuera de plazo.