VALÈNCIA. La Empresa Municipal de Transportes (EMT), presidida por el edil Giuseppe Grezzi, aprobó hace un mes la renovación de su dirección en plena tormenta por la estafa multimillonaria perpetrada contra la compañía: ascendió a director adjunto al que fuera jefe de gabinete, Toni Martínez, con 10.000 euros más al año, renovó al gerente Josep Enric García con 5.000 euros anuales más de salario, e hizo algo similar con el secretario del Consejo de Administración, Salvador Martínez Tarín.
El Consejo de Administración de la EMT, formado por ediles del consistorio, aprobó con los votos del equipo de gobierno -Compromís y PSPV- estos nuevos contratos. No obstante, no se había puesto el foco en la subida salarial del, que se ha conocido tras el estudio de las facturas de los honorarios que ha cobrado desde que fuera contratado en 2015 por asesorar al Consejo de Administración. Así pues, el despacho de abogados de Martínez Tarín facturaba mensualmente 600 euros más IVA en concepto de "cuota fija" por su actuación como secretario del Consejo. Una cantidad que a partir de la renovación será sustancialmente mayor: alcanzará los 3.000 euros mensuales más IVA, lo que supone un salario cinco veces más elevado que el que venía percibiendo por la misma tarea.
Concretamente, el servicio de asesorar al Consejo de Administración ha ascendido en los últimos cuatro años a más de 34.000 euros en total, tal como publicó Las Provincias. Pero esto es sólo una pequeña parte de la facturación del despacho de Martínez Tarín, pues cobra honorarios adicionales por otro tipo de servicios a la EMT que a la postre constituyen la mayoría de la facturación desde 2015: 143.000 euros. Unos servicios prestados a la empresa municipal que son reuniones, consultas, redacción de pliegos y de informes, la negociación del convenio, etcétera.
A todo ello, también se suman los honorarios percibidos por un compañero del mismo bufete del secretario, que facturó servicios jurídicos realizados en la EMT por un valor total que asciende a 44.000 euros. Así pues, en total, el despacho de abogados del secretario contratado por la compañía municipal ha facturado desde 2015 unos 222.000 euros.
Así se traduce de la documentación ofrecida por la EMT a la comisión de trabajo para investigar el fraude y así lo desveló el Partido Popular este lunes. Huelga resaltar que esta empresa municipal es la única del sector público instrumental del Ayuntamiento de València que cuenta con un secretario externo contratado y no con un funcionario habilitado nacional, como los que prestan el servicio en el consistorio. De hecho, la oposición ha aprovechado el caso de la estafa para incidir en la necesidad de que sea sustituido por un letrado del consistorio o que, en su defecto, salga a concurso público la prestación de este servicio.
Este lunes, la portavoz del Partido Popular, María José Català, denunció que el secretario de la EMT ha facturado "casi un tercio por asistencia jurídicas en cuestiones laborales, cuando en la EMT existen abogadas que podrían realizar esa función". En esta línea, opinó que la subida salarial desde los 600 a los 3.000 euros por cuota fija es "desorbitada" y que "requiere de muchísimas explicaciones" por parte del equipo de gobierno, que fue quien votó a favor en el Consejo de Administración del nuevo contrato para el secretario.
La postura de la oposición no difiere en exceso de la que han estado manteniendo los sindicatos en los últimos tiempos. Fundamentalmente los más críticos con la dirección, Comisiones Obreras y UGT, quienes han apuntado en más de una ocasión que el trabajo desarrollado por Martínez Tarín y su bufet de abogados podría realizarlo los ya existentes servicios jurídicos de la EMT.
Mientras, la investigación judicial por el fraude perpetrado contra la EMT continúa, y según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, el juez ha solicitado que comparezca como testigo el empleado de Caixabank que tramitó algunos de los ocho pagos, J.M.G, quien estuvo en contacto por vía telefónica y por correo electrónico con la empleada de la EMT que dio las órdenes de las transferencias y que es la única imputada en el caso, Celia Zafra. El empleado ha sido citado a declarar el próximo día 14 de noviembre a las 9.30 de la mañana. Zafra lo hará dos días antes, el día 12, a las 12.00 del mediodía.