Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. (EP) El concejal de Movilidad y presidente de EMT València, Giuseppe Grezzi, ha destacado que el borrador de conclusiones de la comisión de investigación sobre el fraude en la empresa pública descarta "responsabilidades políticas" tanto de él como del recientemente cesado gerente en esta estafa de cuatro millones de euros cometida hace un año y ha defendido, por tanto, que "las responsabilidades políticas se tienen que asumir si existen".
Así lo ha afirmado a los periodistas antes del consejo de administración de la EMT, reunido este lunes para abordar adjudicaciones de instalación de las marquesinas y dar cuenta de la reciente destitución del gerente, Josep Enric García Alemany. Como primera recomendación, la comisión de investigación plantea el cese de la jefa de Gestión, María Rayón, por "falta de diligencia constatada", y ser destinada a otro puesto.
Grezzi (Compromís) se ha mostrado razonablemente satisfecho con las conclusiones porque "ha quedado claro que no había ninguna responsabilidad del gerente ni del presidente (él mismo)" en el engaño. También ha resaltado que la comisión lance "recomendaciones interesantes para mejorar cuestiones que no tenían que ver con el fraude".
Pero lo importante, a su juicio, es lo que investiga el Juzgado de Instrucción 18 de València sobre la estafa. "Estamos impacientes por recibir estas conclusiones", ha aseverado, para recordar que hay una única trabajadora de la empresa investigada y que el juez tiene personada como posible responsable civil a la entidad bancaria.
En todo caso, Grezzi ha hecho hincapié en que el borrador de la comisión interna recoge lo que han dicho "desde el primer momento" y apunta a un reajuste de la jefa de Gestión para que "deje de tener esa función y ser asignada a otro puesto". Con este cese, esta trabajadora "pierde la condición de mando de la empresa", ha garantizado.
Y ha negado que exista "ninguna contradicción" al ser preguntado por una posible readmisión de la otra trabajadora que fue despedida tras destaparse el fraude: "Por un lado está el fraude en la gestión y por otro el tema laboral, que tiene otro cauce legal".
Por otro lado, sobre la indemnización que recibirá el gerente tras su cese, Grezzi ha indicado que es algo que determinará el departamento de recursos humanos tras la aprobación en el consejo. La ley, ha recordado, establece siete días por año trabajado y otra indemnización si no hay un preaviso de tres meses.
También ha destacado que el nombramiento del próximo gerente es algo que deberá proponer él mismo al consejo de administración. "Cuando haya una persona con la mismas cualidades, capacidad de gestión y trayectoria, se aprobará", ha augurado.
Por parte del PSPV, como presidenta de la comisión de la investigación, Elisa Valía ha celebrado que las conclusiones están ajustadas a la realidad y plantean recomendaciones que se abordarán este miércoles, 7 de octubre, en la reunión del órgano. El objetivo es "poner todos los medios para recuperar el dinero y evitar que vuelva a suceder".
"La EMT abre una nueva etapa con mejores garantías de que un fraude así no vuelva a ocurrir", ha aseverado, garantizando que habrá colaboración con el Ayuntamiento para mejorar los procesos. También ha defendido que el gerente no aparezca en el borrador porque "puede tener una responsabilidad que ya ha asumido" con su cese, además de abogar porque su relevo se elija "muy bien".
Para dar salida a las conclusiones, la socialista ha confiado en que el informe cuente con el voto favorable de todos los grupos políticos y se ha mostrado convencida de que también lo apoyará Compromís, socio de gobierno en el Ayuntamiento.
El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán (PSPV), ha recordado que ya hay una comisión de armonización para que la intervención municipal participe en todas las empresas públicas. Era una propuesta de su predecesor, el edil Ramón Vilar fallecido hace unos meses, porque "en 2015 el sector público era un desastre".
Por parte de la oposición, la portavoz del PP, Mª José Catalá, ha criticado que "el dictamen chapucero, breve y de escasa calidad culpa a dos trabajadoras del robo de cuatro millones y exime al gerente", con lo que cree que falta depurar responsabilidades políticas.
El grupo 'popular' aboga así por una intervención "de urgencia" del Ayuntamiento en la EMT y, de nuevo, por el cese de Grezzi. A su juicio, es sorprendente que PSOE y Compromís intenten "escaparse despidiendo a empleados" y pierdan la oportunidad de que el cese del gerente sea un despido procedente y no haya que "pagarle 20.000 euros".
"Esto tiene un nombre: prevaricación", ha advertido Catalá, para avanzar que el PP presenta un dictamen particular con todas estas reclamaciones para que se añada a las conclusiones. Ha vuelto a denunciar que la EMT carece de una relación de puestos de trabajo, que no hay protocolos para sustituir trabajadores administrativos y financieros y que "no habían conciliaciones diarias de los movimientos de las cuentas".
Ciudadanos también quiere que la empresa sea intervenida y rechaza que el gerente no figure en el informe, con lo que cree que "se intenta justificar una salida procedente cuando no es así", además de exigir que el nuevo se elija por concurso público.
Otras de las reclamaciones que recoge Cs en un informe propio es que la comisión de la investigación sobre el fraude se someta al pleno del Ayuntamiento, para que Grezzi no sea "juez y parte" y le sustituya otro concejal de Compromís, y que se incorporen todas las "ramificaciones" del caso.
"Joan Ribó --alcalde de València-- ha estado apoyando a Grezzi, Grezzi al gerente y el gerente apoyando a la jefa de Gestión; todos hacían un círculo", ha ilustrado el consejero 'naranja' Narciso Estellés.
