VALENCIA. El concurso de transporte escolar en centros públicos de la Comunitat Valenciana, valorado en 161 millones de euros, se ha convertido en una guerra de acusaciones entre los distintos grupos de empresas ante la Mesa de Contratación con el objetivo de lograr la exclusión de los que a priori pueden adjudicarse los lotes por haber presentado la mejor oferta.
Las acusaciones de unos y otros y los escritos de defensa están provocando que se retrase la adjudicación de un concurso cuyos sobres económicos se abrieron hace un mes, el 30 de junio, y que debe resolverse cuanto antes porque las empresas deben empezar a prestar el servicio la segunda semana de septiembre con el inicio de curso escolar.
El concurso está dividido en 24 lotes, 12 en la provincia de Alicante (A) y seis en las de Valencia (V) y Castellón (C). La Mesa de Contratación ya excluyó casi de inicio a la única unión temporal de empresas (UTE) que había presentado una oferta por el lote A6 (Calpe, Benissa y Teulada), valorado en 5 millones de euros, por un error de 30 céntimos en uno de los precios. El lote fue declarado desierto.
La Mesa también excluyó a la empresa murciana Travelpym del lote A4 y le pidió que justificase sus rebajas con "valores anormales o desproporcionados" en los lotes A8 y A12, cosa que hizo, aunque la Mesa todavía no ha entrado a valorar la respuesta.
A partir de ahí, se desataron las hostilidades en forma de escritos contra competidores por supuestas deficiencias, sobre todo en la enumeración de los autobuses que se ofrecen para el servicio.
La Mesa de Contratación recibió en una primera tanda escritos de dos UTEs que denunciaban errores o deficiencias en las ofertas de dos competidores, concretamente en los lotes A11 (UTE Ángel Mariano Mollá contra UTE Pedro Valdés e Hijos) y C5 (UTE Castellón Escolar 2016 contra UTE Massabus). En ambos casos, la UTE denunciada presentaba la mejor oferta económica. Ambos grupos presentaron sus alegaciones, que aún no han sido estudiadas.
Posteriormente, la Mesa recibió otros dos escritos de la oferta Compromiso UTE Valtrans, liderada por Autocares Capaz, contra la UTE Valencia 16, liderada por el grupo Transvia, aunque de forma genérica y pidiendo que fuera la Mesa la que recabase "informes técnicos para comprobar la idoneidad de los vehículos ofertados". La Mesa respondió que eso le corresponde inspeccionarlo, en su caso, a la Conselleria de Educación.
Pero la cosa no quedó ahí, sino que continuó durante las semanas siguientes. La UTE Ángel Mariano Mollá, que compite en los lotes A1 a A4 y A8 a A12, también denunció a la UTE Pedro Valdés e Hijos en el lote 12 y UTE Mar Menor en los lotes A4 y A8. Con ello, tiene denunciados a prácticamente todos sus competidores en los lotes donde no se presenta en solitario. Le falta el A12, donde la UTE Pedro Valdés e Hijos ha denunciado a Travelpym.
En Valencia, Compromiso UTE Valtrans concretó su denuncia contra UTE Valencia 16 no sólo en los lotes donde compiten V1 y V3, sino también el el V5 y V6, donde el grupo liderado por Transvia se presenta en solitario.
Además, señala que el grupo liderado por Transvia, que se presentó a los seis lotes de Valencia, a cuatro de ellos en solitario, habría incumplido los pliegos al presentar varios sobres número 2 en el expediente y al estar varios de la integrantes de la UTE comprometidos con otras UTEs que optan a lotes en Alicante y Castellón.
Como publicó Valencia Plaza, el nuevo concurso de transporte escolar diseñado por la Conselleria de Educación no logró del todo su objetivo de repartir las rutas entre más empresas para que hubiera competencia y bajaran los precios, después de paralizar el anterior concurso, dividido en tres lotes, y volver a licitarlo con 24 lotes.
En 12 de los 24 lotes en que se dividía el concurso no ha habido competencia ni oferta por debajo del precio de licitación, al haberse agrupado un gran número de empresas del sector para presentar una sola oferta por lote.
En todos ellos la oferta económica es apenas unos céntimos inferior al precio de licitación sin IVA, 141,68 euros diarios por autobús de hasta 20 plazas (233,60 por los de más de 55 plazas). Sin embargo, en los lotes donde sí hay competencia las rebajas llegan al 45%, algunas presentadas por las mismas uniones temporales de empresas (UTE) que no hacen rebajas donde no tienen rival.
De los 12 lotes en los que sólo hay una oferta, cinco están en Castellón, donde prácticamente todas las empresas del sector se han unido en la UTE Castellón Escolar 2016. Esta UTE presentó una oferta idéntica para cada uno de lo seis lotes de la provincia, 141,58 euros, con una rebaja de 10 céntimos.
A finales del curso pasado, la Conselleria de Educación decidió paralizar el concurso del transporte escolar que había diseñado el Gobierno del Partido Popular. Era la primera vez que se optaba por un lote para cada provincia de la Comunitat, lo que no convencía a la oposición por la necesidad de concentrar numerosas empresas que acababan siendo lideradas por una mucho más grande.
De hecho, el problema fue que tan solo se presentó una Unión Temporal de Empresas (UTE) para cada lote, pero no cumplían todos los requisitos, lo que hizo que quedaran desiertos y la propuesta se hizo inviable.
Viendo que era necesario mantener el transporte escolar, prorrogaron la licitación que se había iniciado en 2006. Ahora, se vuelve a la fórmula tradicional de trocear en varios lotes cada provincia, lo que ha generado un total de 24 para toda la Comunitat Valenciana. Concretamente seis para Valencia, seis para Castellón y 12 para Alicante.
¿Y por qué el doble para esta última? Según explicaron desde Educación, se convocaron los concursos con esa distribución por necesidades reales de complejidad en la comunicación por carretera en las diferentes comarcas valencianas. La cuestión es que en Alicante, cada empresa o UTE que se presente al lote no puede asumir tantas rutas como el resto de provincias al estar las poblaciones mucho más separadas entre sí.
Las empresas adjudicatarias prestarán el servicio entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2019. El presupuesto base de licitación será de 161 millones de euros, mientras que la anterior estaba valorada en 328 millones.
Los nuevos pliegos incluían como principal novedad criterios sociales, que se tendrán en cuenta en el caso de que existan varias propuestas con la misma puntuación. Estos criterios están basados en la seguridad jurídica, riesgo de exclusión, territorialidad, así como la valoración de la tipología empresarial basada en la economía social y solidaria. Además, también se contempla como otro criterio que las empresas tengan contratadas a mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género como instrumento para facilitar su inserción laboral.