La consellera de Hacienda, Ruth Merino. Foto: CORTS/José CuéllarVALÈNCIA. La decisión del Consell de cambiar la ley de Función Pública para poder adaptarla a su primera Oferta Pública de Empleo (OPE) con la oposición de los sindicatos al completo –algo que no suele ser en absoluto habitual– fue defendida este martes por los responsables del departamento de Hacienda que dirige Ruth Merino.
La OPE de 2024 que tiene que aprobar a finales de marzo prevé la creación de un total de 1.179 plazas: las que se computan por la tasa de reposición ordinaria (435) y las derivadas de la tasa extraordinaria (744) para la reducción de la temporalidad en el empleo público y que ésta no supere el 8%. De ellas, las 744 de la tasa extraordinaria más 261 de la ordinaria (es decir, 1.005) corresponden al turno libre. Esto supone que la convocatoria de esas plazas sea por oposición y esté abierta a cualquier persona de fuera de la Administración que cumpla con los requisitos establecidos en las bases.
Por lo tanto, en la propuesta inicial que la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública llevó a la Mesa de negociación con los sindicatos únicamente 174 plazas se reservan para la promoción interna del personal (que los funcionarios de carrera concursen para mejorar su posición). Algo que choca con la actual ley de Función Pública aprobada por el anterior Consell del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem). Esta norma fija una reserva del 40% para el turno de promoción interna a las plazas incluidas en la tasa extraordinaria.
Hacienda trató de negociar con los sindicatos elevar a la mitad las plazas de reposición ordinaria (218) para la promoción interna. Pero lo vieron insuficiente porque el porcentaje de 40% de reserva se tiene que aplicar a la OPE completa, no solo a esa parte. De hecho, ese es el motivo por el que el Ejecutivo autonómico ha tenido que recurrir al decreto que suspende la aplicación de un apartado de la ley de Función Pública.
El director general de Función Pública, Javier Lorente, niega pese a todo que estén incumpliendo con la normativa actual. Durante una entrevista en À Punt este martes, argumentó que el porcentaje mínimo reservado a la promoción interna no se elimina porque éste se mantiene en la tasa ordinaria. Una afirmación que en opinión de los sindicatos es tramposa puesto que el 40% ha de ser aplicable a toda la OPE (las 1.179 plazas).
Lorente añadió, eso sí, que para "aportar seguridad jurídica" en la tasa extraordinaria han elaborado un decreto en el que se suspende la reserva de la promoción interna. La intención, justificó, es que el marco jurídico "sea lo suficientemente claro" porque la ley de Presupuestos Generales del Estado que permitía esa tasa "no era clara".
Por su parte, la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino –encargada de las competencias de Administración Pública–, apeló este martes a la comprensión de los sindicatos, de los cuales lamentó su posición. "El diálogo sigue encima de la mesa. Vamos a seguir intentando que comprendan la decisión del Consell de esta OPE con estas condiciones", comentó.
Ahora bien, remarcó que en el actual Gobierno autonómico no están "dispuestos" a impulsar una OPE similar a las que lanzó el Botànic durante los últimos ocho años. "Hay dos premisas importantísimas: cumplir con la normativa europea y cumplir con la ciudadanía. Los sindicatos tienen que defender sus intereses y los de sus afiliados, pero nosotros tenemos que cumplir con los ciudadanos dotando a la administración de los funcionarios necesarios para ofrecer los servicios públicos", apuntó.
Merino destacó que se han llevado a cabo tres procesos de estabilización "y seguimos estando igual de mal, con más de un 40% de interinidad". "Con esta OPE diferente buscamos estabilizar y bajar la interinidad a una tasa del 8% del total. Por supuesto, no nos olvidamos de los funcionarios de carrera ni de la promoción interna, pero ahora creemos conveniente este tipo de OPE", dijo.
La Conselleria informó asimismo de que la oferta de 2024 se enmarca en un plan extraordinario de carácter plurianual para la reducción de la temporalidad en el empleo público que incluye la previsión de ofertar más de 2.000 plazas en dos años. El objetivo, señalan, es lograr que la temporalidad no supere el 8 % de las plazas de naturaleza estructural.
Así, a las más de mil plazas de 2024 por oposición libre se sumarán otras 869 en 2025. El plan de la Dirección General de Función Pública incluye hacer uso de la tasa específica adicional habilitada por la Ley de Presupuestos Generales de 2023 el año que viene para ofertar las plazas por esta vía. Aseguran que también seguirán impulsando, dentro de las ofertas ordinarias, procesos de promoción interna por el sistema de concurso-oposición.
