Hacienda confirma la exclusión de SAV en el concurso del 'contrato del siglo' en València

VALÈNCIA. La Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV) queda definitivamente excluida del concurso público para adjudicarse el servicio de limpieza del Ayuntamiento de València. La compañía, una de las actuales concesionarias del conocido como 'contrato del siglo' por su elevada cuantía, había impugnado la licitación del consistorio ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, pero el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha desestimado el recurso.

El contrato es bastante importante para la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia, quien se adjudicó el lote de la zona sur de València en 2005 junto a FCC y Secopsa -ahora Fovasa-, que se repartieron los otros dos lotes. Así, concretamente, SAV gestiona una gran área que engloba zonas como Ciutat Vella, L' Eixample o Extramurs y le confería unos ingresos de 26 millones de euros anuales durante 15 años. La facturación de la compañía, que realiza actividades similares en otros municipios, fue de de 124,7 millones de euros en 2020.

La empresa presentó su oferta en el concurso, como otras cinco empresas, pero tras efectuar la huella electrónica, no presentó la propuesta por completo de manera física, sino sólo la documentación relativa a uno de los tres sobres que debía presentar -los otros dos lo hizo de manera telemática-. Así pues, al no confirmar la oferta completa, la mesa de contratación "tuvo por retirada su oferta del procedimiento de licitación", explica el Tribunal Administrativo. Motivo por el cual SAV presentó un recurso especial ante el organismo estatal, que detuvo temporalmente el proceso de contratación hasta que emitiera una resolución sobre este conflicto.

En los informes técnicos, el Ayuntamiento reconoce que, "evidentemente la presunción de entender retirada la oferta podría ser cuestionada ya que los hechos no dejan lugar a dudas de su intención de licitar". Pero también alude a sentencias en casos similares según las cuales "pudiera darse" una colisión entre la seguridad jurídica, la libertad de concurrencia y la "falta de diligencia" de la empresa, que "debe soportar las consecuencias de su incumplimiento en la redacción de la oferta". Por ello, los técnicos municipales admiten que "no resulta fácil" tomar una decisión y que no tienen problema en que el Tribunal Administrativo estime el recurso de SAV.

Con todo, tras analizar los pliegos que rigen el concurso, el Tribunal explica que la manera de proceder estaba explicada en los mismos, permitiendo que la oferta pudiera presentarse "en dos fases", primero con la huella electrónica y después presentando la oferta propiamente dicha en soporte físico en las 24 horas siguientes. El quid de la cuestión es que el fallo en el envío telemático de documentos "no afectó únicamente" a una de las tres partes, sino a "toda la oferta", según el Tribunal, por lo que la empresa debería haber registrado físicamente toda la documentación, y no sólo uno de los tres sobres. Lo hizo de manera correcta pero ya era tarde, el 14 de febrero, tres días después de que acabara el plazo de presentación de ofertas.

La compañía alegaba que la huella electrónica fecha del 10 de febrero, que el plazo acababa el día 11, y que presentó la propuesta al completo en formato físico el día 14 porque era el primer día hábil posterior -el 12 y 13 eran fin de semana-. Pero el Tribunal rechaza la alegación por dos motivos: el cómputo de plazos fijado por los pliegos se hacía en días naturales, y por otro lado, debía presentar la oferta en su totalidad en 24 horas a partir de la huella digital -esto es, como tarde, el 11-, y no a partir de la finalización del plazo.

Así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha decidido dejar fuera definitivamente a la compañía, que verá cómo pierde uno de sus grandes contratos -supone alrededor del 20% del negocio-. El concurso puesto en marcha desde la concejalía de Ecología Urbana, que dirige Sergi Campillo, licita el contrato de limpieza de la ciudad en cuatro lotes por valor de 1.325 millones de euros para los futuros 15 años -hasta 2036-.

A la licitación, además de SAV, aspiran FCC Medio Ambiente, Fomento Valencia Medioambiente, la UTE formada por Cespa y Urbaser, la de Valoriza y la compañía Técnicas y Tratamientos Medioambientales, y por otro lado la Compañía Especial de Empleo e Integración.

Aumento del gasto y mejoras tecnológicas

El nuevo contrato prevé aumentar el gasto de 95 euros por habitante y año a 112 en los futuros ejercicios. Concretamente, el presupuesto anual oscilará entre los 80 y los 90 millones de euros respecto a los 75 que actualmente se gasta el consistorio en este menester.

Para la selección de la mejor oferta, el Ayuntamiento valora fundamentalmente el menor precio ofertado, pero también mejoras en el contrato con la sustitución de contenedores, la introducción de sensores informáticos. Se tendrá en cuenta también los proyectos tanto de servicios de limpieza como de recogida de basuras -frecuencia y medios utilizados, eficiencia y eficacia del servicio-, así como planes de sensibilización y proyectos de gestión de la información.