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hacienda tumba los recursos en los concursos del tráfico y de fuentes ornamentales

València reparte sus grandes contratas: 1.770 millones en liza que 'atan' al futuro gobierno

13/01/2022 - 

VALÈNCIA. La actividad de contratación en el Ayuntamiento de València vive meses intensos. Son varios los concursos públicos abiertos por el consistorio para adjudicar grandes contratas del tercer ayuntamiento de España por un valor total de más de 1.770 millones: desde la limpieza hasta la urbanización de calles, pasando por la gestión del tráfico, la ayuda domiciliaria o la grúa y la jardinería. Contratos para varios años, en algunos casos más de una década, cuyas condiciones deberá aceptar el futuro gobierno municipal surgido de las urnas en 2023.

Limpieza y basuras: 1.325 millones

La madre de todas las licitaciones consistoriales es el de la limpieza y recogida de residuos, dependiente de la concejalía de Ecología Urbana de Sergi Campillo. Con un precio de salida de 1.325 millones de euros para los futuros 15 años -hasta 2036-, se considera el 'contrato del siglo' y desde 2005 está gestionado por FCC, la Sociedad de Agricultores de La Vega (SAV) y Secopsa -ahora Fovasa, del grupo Gimeno-.

El contrato prevé aumentar el gasto de 95 euros por habitante y año a 112 en los futuros ejercicios. Concretamente, el presupuesto anual oscilará entre los 80 y los 90 millones de euros respecto a los 75 que actualmente se gasta el consistorio en este menester. La licitación, en fase de recepción de ofertas, primará la recogida selectiva de residuos e intensificará las campañas de concienciación ambiental, así como fomentará la introducción de las nuevas tecnologías como la sensorización.

El vicealcalde y edil de Jardines, Sergi Campillo. Foto: ESTRELLA JOVER.

Jardinería: 87 millones

Otro de los grandes servicios en liza es el de mantenimiento de jardines, zonas verdes y arbolado de la ciudad de València, que actualmente está en manos de FCC SAV y depende también de la concejalía de Campillo. Son 87 millones de euros los que se reparten en este caso para los próximos cuatro años, y a la licitación han concurrido una docena de empresas, como publicó este diario. entre las cuales se encuentran las actuales contratistas junto a otras como Légamo, Sacyr, Actúa, OHL o Aguas de Valencia.

El nuevo contrato supondrá la contratación de al menos un 20% más de personal para pasar de los 274 puestos de trabajo de este momento a un mínimo de 328. También se fomenta la contratación de mujeres -al menos la mitad de los nuevos empleados han de ser mujeres- y la profesionalización. La presentación de un plan de mejora, la organización técnica del servicio y los programas de trabajo también contarán para la valoración definitiva, en la que  se evaluará además como criterios adicionales la promoción interna de los empleados, la gestión informática y la sostenibilidad en las praxis ambiental.

La licitación ha superado dos recursos sindicales, de UGT y CCOO, que pedían que en los requisitos para la adjudicación del contrato primara la aplicación del convenio colectivo de empresa y no el sectorial, por ser el primero más favorable. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, dio la razón al Ayuntamiento al constatar que no hay vinculación entre el pliego del concurso con la normativa laboral: "La obligación de la contratista lo será con relación al convenio colectivo que resulte de aplicación (el ordinario, el sectorial de la actividad y, en caso de existir, el convenio de empresa)".

Ayuda domiciliaria: 59 millones

La concejalía de Bienestar Social, encabezada por Isa Lozano, también tiene en marcha el procedimiento de contratación del servicio municipal de ayuda a domicilio, que pasará de 25,6 a 59,6 millones de euros de presupuesto en los próximos cuatro años. Nueve son las compañías que se disputan esta contrata, entre ellas Gesmed, OHL, Ates a casa, Clece o Servisar.

La edil de Bienestar Social, Isa Lozano. Foto: KIKE TABERNER

Las personas beneficiarias del servicio serán 4.320 frente a las 1.808 de ahora y se pasará de 5 horas semanales por usuario a 10 hasta un máximo de 56 horas mensuales. Además, se ampliará el horario e incluso habrá disponibilidad domingos y festivos si se requiere. Asimismo, se van a añadir nuevos servicios en la atención a domicilio: podología, peluquería, fisioterapia rehabilitadora, enfermería, terapia ocupacional, integración social, actividades socioculturales, cesión de llaves, y limpieza de choque y desinfecciones.

También en este caso el Ayuntamiento ha recibido recursos, en este caso de las patronales del sector: la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). Criticaban la falta de concreción en los límites de horas que podían presentar las empresas para algunos de los servicios adicionales. El Tribunal rechazó los recursos arguyendo que, precisamente por ser servicios adicionales, no hacía falta un límite de horas.

Tráfico: 39 millones

El concurso del servicio de gestión del tráfico en el Cap i Casal asciende a 39,2 millones de euros para el próximo lustro respecto a los 21,3 millones del actual contrato. Depende de la concejalía de Movilidad Sostenible, que lidera Giuseppe Grezzi, y el principal incremento va para cambiar a LED todos los focos halógenos de semáforo, así como para renovar los ya instalados en 2017.

A falta de conocer los concurrentes, lo cierto es que esta licitación se encontraba paralizada a causa de un recurso de UGT, que exigía que la licitación incluyera una cláusula para la subrogación de los contratos de trabajo que ya están prestando el servicio en la actual contrata. Ahora, y esto es novedad, el Tribunal Administrativo ha tumbado la impugnación.

 El edil de Movilidad Sostenible de València, Giuseppe Grezzi. Foto: KIKE TABERNER

El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda asegura no poder concluir que la ley valenciana de responsabilidad social o el acuerdo autonómico entre sindicatos y patronal "impongan una obligación general de subrogación respecto a las contrataciones del Ayuntamiento que nos ocupa" más allá de lo que diga el convenio de aplicación, que "no la prevé".

La concejala de Contratación, Luisa Notario, señaló en este sentido que "una vez más" el tribunal "apoya la interpretación y la postura del Ayuntamiento resolviendo conjuntamente los tres recursos y desbloquea un contrato muy importante para la ciudad". "Este gobierno defiende los derechos de los trabajadores y trabajadores pero cumpliendo estrictamente con la ley", aseveró Notario.

Urbanización y señalización: 32 millones

La concejalía de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez, tiene en marcha por su parte el proceso para adjudicar el contrato de arreglo de calles por valor de 22 millones de euros para los próximos cuatro años. Cinco empresas se han presentado para adjudicarse el contrato: Becsa, Construcciones Sarrión, Bertolín, Pavasal y Vialex.

La empresa adjudicataria deberá atender todas las incidencias en la vía pública que le sean notificadas por el Ayuntamiento, así como detectar por su cuenta los desperfectos y baches que se puedan dar en la calle. De esta forma, deberá tener siempre en marcha un vehículo para la inspección, vigilancia y control de la vía, y atender un servicio 24 horas para posibles urgencias.

 Obras en la plaza del Ayuntamiento. Foto: EVA MÁÑEZ

El Tribunal también ha tenido que examinar estos pliegos después de que la empresa Torrescamara exigiera un mayor plazo para presentar ofertas. El organismo aceptó las alegaciones de la compañía y obligó al Ayuntamiento de València a convocar el concurso con mayor período de recepción de ofertas.

A este concurso se suma otro relativo a la señalización de tráfico y balizamiento en la ciudad, que asciende a 10 millones de euros y depende de Movilidad Sostenible. Media docena de empresas se disputan el pastel en este caso: Ferrovial-Pavasal, Proseñal, Señalizaciones y obras Fernández, Visever y Tevaseñal.

Grúa: 9,5 millones

La grúa municipal de València también ha salido a concurso en una licitación trastabillada que, en un principio, quedó desierta, lo que obligó a la concejalía de Seguridad Ciudadana, de Aarón Cano, a mejorar las condiciones y aumentar el presupuesto. Así, el servicio sale a licitación por valor de 9,5 millones de euros para dos años y, aún así, ha recibido apenas una oferta: Transportes de la Chica, radicada en Jaén.

Como novedad en el servicio de la grúa municipal de València, la empresa adjudicataria de la grúa podrá retirar los vehículos de movilidad personal (VMP), fundamentalmente patinetes eléctricos, además de los vehículos habituales. De esta manera, se adapta el servicio a la actual realidad de la movilidad de la ciudad, en la que patinetes de todo tipo han inundado las calles y los carriles bici, y a la nueva ordenanza de movilidad.

Foto: KIKE TABERNER

Se trata de una contrata problemática. Desde que en 2014 el anterior gobierno municipal la adjudicara el servicio a la unión de empresas Pavapark-Auplasa, la compañía pidió rescindir el contrato por falta de rentabilidad, cuestión que llegó incluso a los tribunales. El Ayuntamiento llegó a un acuerdo con la empresa: pagarle 300.000 euros mensuales hasta que se convocara el concurso. Desde 2017 se encuentra en esta situación de pagos fuera de contrato y Antifraude ha detectado un sobrecoste de 614.000 euros en total.

Fuentes ornamentales: 2,7 millones

A estos casos se suma también el servicio de mantenimiento, limpieza y reparación de fuentes ornamentales, que se licita por valor de 2,7 millones de euros para los próximos cinco años. El Tribunal también ha tumbado recientemente, y en los mismos términos, el recurso de UGT con el mismo objeto que el presentado al concurso del tráfico.

Alcantarillado: 210 millones

Finalmente, este año la concejalía de Ciclo Integral del Agua, de la que se encarga Elisa Valía, tiene previsto sacar a concurso el megacontrato del mantenimiento del alcantarillado a razón de 14 millones de euros anuales para los futuros 15 años. En total, unos 210 millones de euros a adjudicar por el Ayuntamiento de València en este servicio.

La contrata está gestionada por Acciona desde que la adjudicara el gobierno del PP, cuyo proceso está en manos de la justicia en el marco del 'caso Azud'. La concejalía tenía previsto sacar a concurso el servicio el año pasado dado que el plazo de la concesión acababa el mes de diciembre, pero no llegó a tiempo y tuvo que prorrogar el contrato hasta que se adjudique el servicio tras la nueva licitación, que se hará en 2022.

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