VALÈNCIA (EP). El Ministerio de Hacienda justifica el pago a las autonomías de la actualización de las entregas a cuenta porque de no hacerlo se producirían un "fuerte y negativo impacto" en las finanzas de las Comunidades este año, con consecuencias "irreversibles", y pondría en riesgo el pago de servicios fundamentales como los de dependencia o farmacia.
Así lo explica el Ministerio en la documentación enviada al Congreso para que convalide el decreto-ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, a la que ha tenido acceso Europa Press. La iniciativa sirve para pagar esta actualización de las entregas a cuenta por importe de 4.682 millones de euros para las Comunidades y de 821 millones para las entidades locales.
El Gobierno zanjó así una polémica iniciada en agosto cuando varias autonomías empezaron a reclamar al Ejecutivo que pagara esta actualización o tendrían problemas de tesorería a final de año. Inicialmente, el Ejecutivo alegó que según la Abogacía del Estado no podía transferir este dinero por estar en funciones y sin Presupuestos de 2019 (están prorrogados los de 2018).
Sin embargo, el pasado viernes aprobó este pago y aseguró que ahora tiene el aval de la Abogacía porque la medida es urgente. Según precisa en la Memoria que acompaña al decreto-ley, este informe favorable de la Abogacía es del pasado lunes 7 de octubre y señala que "no existe ningún impedimento jurídico" para promulgar este real decreto-ley "por un Gobierno en funciones".
Entre las consecuencias para las Comunidades, alega Hacienda, está el riesgo de que algunas autonomías se vieran obligadas a endeudarse y no cumplieran los objetivos de estabilidad presupuestaria. Además, se retrasarían en el pago a los proveedores con los que contratan, con el riesgo de verse sancionadas si empeora su periodo medio de pago y superan el máximo de 30 días que exige la ley.
Desde el Ministerio se añade otro argumento a favor de haber aprobado ahora el traspaso de estos fondos y es el hecho de que cinco Comunidades tienen sus presupuestos prorrogados, por lo que necesitan cierto tiempo para realizar las modificaciones que les permitan que estas actualizaciones tengan efectos este año.
En total, se trata de 4.682,29 millones de euros repartidos entre todas las autonomías salvo Navarra y País Vasco, además de Ceuta y Melilla. Cataluña recibirá 875,33 millones de euros; Galicia, 334,02 millones; Andalucía, 831,98; Asturias, 123,76; Cantabria, 75,80; La Rioja, 39,32 millones; Murcia, 130,20; Comunitat Valenciana, 460,43 millones; Aragón, 162,56; Castilla-La Mancha, 226, 31; Canarias, 206,74; Extremadura, 134,85; Baleares, 101,63; Comunidad de Madrid, 679,25 millones; Castilla y León, 298,12; Melilla, 0,8 millones y Ceuta, 1,10.
Estas cantidades van a ser pagadas en los traspasos ordinarios del sistema de financiación que el Gobierno realizará a las Comunidades en los próximos meses.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado para el próximo martes, día 22, una reunión de la Diputación Permanente para que discuta este decreto ley y otros dos más aprobados por el Gobierno desde que está en funciones. Al estar las Cortes disueltas por los comicios, el debate y aprobación de las medidas le corresponde a la Diputación.
