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un informe rechaza las retribuciones, permisos, horarios y hasta una treintena de acuerdos

Hacienda fuerza la renegociación del convenio colectivo de À Punt después de 4 años

8/09/2021 - 

VALÈNCIA. La Conselleria de Hacienda ha tumbado, en un documento de 21 páginas, el proceso de negociación entre À Punt y los sindicatos que se han alargado durante de más de cuatro años. El convenio colectivo firmado a finales de 2020 no ha pasado el corte y los técnicos devuelven a la empresa los acuerdos para que se reformulen, por lo que el marco laboral no se aplicará. En el informe, al que ha tenido acceso este diario, se pone en duda la legalidad y la idoneidad del grueso del documento que recoge aspectos como la organización de horarios, la relación de puestos de trabajo, las retribuciones extraordinarias, las vacaciones o las bolsas de trabajo. Nada de lo acordado con el comité de empresa escapa de defectos de fondo y/o de forma.

El informe, firmado el pasado 29 de julio por la directora general de Presupuestos, Eva Martínez, y la directora general del Sector Público y Patrimonio, Isa Castelló, apunta a numerosos errores y faltas de consideraciones que anulan los acuerdos contraídos entre la empresa y el comité. Las conclusiones y recomendaciones son preceptivas, por lo que este rechazo es vinculante y el convenio no se hará efectivo, lo que fuerza a reiniciar las negociaciones.

Una de las causas más comunes que señala el documento es la dualidad entre la Corporació Valencià de Mitjans de Comunicació (CVMC, una entidad de derecho público) y su filial Societat Anonima de Mitjans de Comunicació (SAMC, una sociedad mercantil), que es uno de los mayores obstáculos de la gestión orgánica del ente. La diferente naturaleza jurídica de las empresas compromete también a la de sus respectivas plantillas al diferenciar trabajadores del sector público -CVMC- y trabajadores de una sociedad independiente -SAMC-. El convenio conjunto choca en diversos puntos porque la legislación a la que atenerse no es la misma.

Además, en el caso de ser trabajadores y trabajadoras del sector público, hay puntos como las retribuciones extraordinarias que tiene que enmarcarse en la regulación junto al resto de administración autonómica, mientras el convenio señalaba que sus normas “se aplicarán con carácter prioritario y preferente respecto de cualquier otra norma o disposición legal”.

A lo largo del informe van cayendo específicamente hasta una treintena de artículos, pero se señala una redacción confusa o incorrecta en prácticamente la mayoría del documento, incluyendo los acuerdos sobre la relación de puestos de trabajo. Los puntos que tendrán que volver a la mesa de negociación comportan aspectos fundamentales de una empresa del tamaño de la radiotelevisión pública, como la manera de hacer los traslados (no están bien formuladas las retribuciones), las excedencias (se les otorga unas ventajas que fomentarían la temporalidad) o la configuración de los horarios (que están diseñados para funcionar de lunes a viernes y no 24/7).

Foto: KIKE TABERNER

También son cuestionados los puntos relativos a los periodos de prueba (son diferentes en cada categoría profesional), las promociones internas (que no podrían mezclar a personal de la CVMC y la SAMC), o los complementos salariales como las guardias o la alteración horaria (que se encontrarían fuera de los permitidos por el marco general para la plantilla de las administraciones autonómicas).

En el escrito, Hacienda también echa en falta que la memoria económica haga cálculos de algunos de los acuerdos llegados, que pueden afectar directamente al balance presupuestario. A esto se le une que Igualtat también echo atrás el Plan de Igualdad, tal y como adelantó Valencia Plaza, y cuya aprobación es necesaria para dar el visto bueno al convenio colectivo en su totalidad.

Vuelta a la casilla de 2017

El informe no solo rechaza el documento presentado a finales de 2020 y que se llevaba negociando más de dos años, sino que también siembra serias dudas sobre el acuerdo al que llegaron sindicatos y la CVMC en 2017 y que se viene aplicando desde entonces “a título individual” en los contratos del personal. Ya desde 2018, la Intervención viene advirtiendo que este acuerdo se viene aplicando a modo de convenio colectivo de facto, pero sin haber sido validado por el Consell, como es preceptivo, "siendo la consecuencia la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado".

La reiteración de estas irregularidades han culminado con este informe sobre el primer convenio colectivo que ha sido rechazado, y que urge al ente que preside Mar Iglesias a dejar de aplicar lo negociado hace cuatro años. De esta manera, el marco legal al que se tendría que acoger la plantilla es el convenio general de los trabajadores públicos. Una vuelta a la casilla de salida que, según han indicado algunas fuentes del comité de empresa, han sentado como un jarro de agua fría.

Las mismas fuentes creen que haber alargado la firma del informe ocho meses desde se entregara la propuesta a Hacienda, conociendo además de manera informal que iba a ser rechazado antes del verano, es una prueba más de la nula intención del Consell y À Punt de hacer efectivo un convenio colectivo para la plantilla actual, que cabe recordar que siguen proviniendo en su práctica totalidad de bolsas de trabajo al no haber sido realizada aún ninguna prueba por oposición. Según voces del comité, la Administración está esperando a que la empresa tenga una plantilla fija para empezar a negociar unas condiciones que se mantengan en el futuro.

En este sentido, la actual plantilla dice sentirse desprotegida al no contar un marco laboral colectivo específico, sino acuerdos individuales que vienen siendo señalados como irregulares por Hacienda desde el momento en el que se empezaron a aplicar. La empresa, por su parte, ha señalado a los sindicatos que a partir de la semana que viene se empezará a pensar qué pasos dar, corrigiendo algunos puntos y recurriendo otros, aunque las fuentes consultadas dicen estar más centradas en otros conflictos internos que se pueden resolver desde Burjassot, como el provocado por la externalización de algunos servicios de meteorología.

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