VALÈNCIA. El presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, volvió este miércoles a Les Corts Valencianes a insistir a los grupos parlamentarios -especialmente a los del Botànic II- en la necesidad de que éstos acometan un cambio en la ley que dio vida a la radiotelevisión valenciana para "adaptarla a la actualidad". Unos cambios en la normativa que, a su juicio, deberían ir acompañados con la modificación también del contrato programa que se deberá acometer antes de que finalice el año.
Dentro de estos cambios, destacó especialmente dos como los más necesarios: la fusión de las dos sociedades que componen À Punt -la Corporació Valenicana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y la Societat Valenciana de Mitjans de Comunicació (SAMC)- y, por otra parte, el artículo que limita el gasto de personal a un tercio del presupuesto anual que tiene el ente, actualmente 56 millones de euros. Una cláusula incorporada momentos después a aprobar la RPT de la cadena.
Ambas cláusulas han generado numerosos quebraderos de cabeza a la radiotelevisión valenciana especialmente en el último año. En el primer caso, la existencia de dos sociedades provocó "deficiencias" en su último presupuesto: À Punt no aprobó a tiempo sus cuentas de 2018 por las discrepancias que surgieron entre la Generalitat y la CVMC. En concreto, la Intervención de la Generalitat Valenciana reclamaba al ente en su informe de auditoría que devolviera los 9,2 millones de euros que no fueron ejecutados el año anterior a la Generalitat. Una cantidad que la Corporació traspasó a la Societat -que es la que gestiona el grueso del presupuesto, dedicado en buena parte a personal- y que, los gestores entendían, por tanto, ejecutados, ya que el dinero se había transferido a la SAMC y ya no 'disponían' de él.
Sin embargo, la Generalitat no lo entendía así y advirtió al ente presidido por Soriano que lo no ejecutado debía devolverse. Con todo, tras las disparidad de criterio, À Punt pidió que ese dinero se descontara de los fondos del próximo ejercicio y no devolverlo con los de este año. Escenario al que el Gobierno valenciano se negó.
Con estos mimbres, el PSPV estuvo examinando la normativa para modificarla a través de la Ley de Acompañamiento de 2020 para evitar que situaciones así -con amonestación de la Intervención incluida- volvieran a repetirse. Sin embargo, terminó descartándose dada la complejidad jurídica que conllevaba, pues los socialistas deberían haber resuelto a través de una simple enmienda cómo traspasar el personal de una entidad a otra entre otras cuestiones. El método empleado, además, hubiera sorteado el pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que sí informa cuando la propuesta va incluida en un proyecto de ley aprobado por el Consell. La intención, ahora, es estudiar cómo poder acometer este cambio sobre la propia ley, y no enmiendas a la ley de Acompañamiento.
Por su parte, el problema del tercio de personal lleva dando problemas desde que este artículo se incluyó en la ley a través de una enmienda de Ciudadanos, que pretendía con ello fijar un techo de gasto que la televisión no pudiera superar. Esta cláusula impide que la CVMC destine más de un tercio de su presupuesto al pago de nóminas -capítulo 1-, por lo que, con los 56 millones de euros que cuenta actualmente, el gasto en personal no podría superar los 18 millones. Sin embargo, el Botànic dejó sin efecto esta cláusula con la ley de Acompañamiento de 2019 porque la Corporació ya había destinado 22 millones de euros a la contratación de personal -esto es porque la limitación del tercio de personal fue incluida a posteriori en la ley-.
De esta manera, la moratoria aprobada ahora hace ya dos años entre los tres partidos que sustentan el Botànic tendría la misma duración que el Contrato Programa, un documento base firmado entre el Consell y la CVMC que caduca a final de 2020 y que, entre otras cuestiones, fija el límite del endeudamiento que se le permite a la Corporació "para la financiación de sus inversiones en inmovilizado material e inmaterial y para atender desfases temporales de tesorería".
Con el Contrato Programa a punto de caducar, Soriano volvió este miércoles sobre esta cuestión e instó a los partidos con representación en Les Corts, pero en particular a PSPV, Compromís y Unides Podem, a que revisaran este apartado de la ley que ha tenido que dejarse en suspenso más de dos años para evitar que la CVMC tuviera que despedir personal. De no hacerlo, À Punt debería enfrentarse a la modificación de la RPT que en su día diseñó y que sitúa la plantilla en 460 empleados. O lo que es lo mismo, entre los 22 millones de euros que actualmente se destina la cadena a personal y los 18,6 millones de euros máximos que limita la normativa existe una diferencia de más de 3 millones.
Una variación que los sindicatos calculan que podría hacer menguar la plantilla en aproximadamente 100 personas de cara a la convocatoria de oposiciones de la sociedad, que se han ido dilatando en el tiempo por distintas vicisitudes -la última, por la crisis sanitaria del coronavirus-, pero que deben convocarse antes de que termine 2020.
Con todo, Soriano aseguró que además no se habían cumplido puntos del Contrato Programa como los ingresos de publicidad o la media de audiencia pero que "el resto de parámetros sí", por lo que dio por atendidos los "objetivos y compromisos" establecidos. Por ello, invitó además de modificar la ley para fusionar las sociedades y eliminar el tercio de personal para adecuar la normativa a la realidad actual, a rebajar el nivel de exigencia que las formaciones del Botànic II marcaron como objetivos que debía alcanzar À Punt: "Los hábitos de consumo han cambiado y las previsiones" de este documento -contrato programa- "deberían ser más adecuadas y próximas a al realidad".
